La juez Mercedes Alaya confirma la imputación de un alto cargo de CCOO-A por la inclusión de un intruso en el ERE de Calderinox
La jueza de los ERE, Mercedes Alaya, ha confirmado la imputación de un alto cargo de CCOO-A
En un auto dictado el pasado mes de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla rechaza el recurso interpuesto por el alto cargo de CCOO-A contra el auto dictado el 27 de enero de 2012, en el que lo imputaba después de reconocer ante la Guardia Civil "su intervención" en la introducción de Antonio Fernández Garzón en Calderinox.
La juez pone de manifiesto que, con su inclusión en la póliza de Calderinox, este 'intruso' "percibiría una renta de 199.299,96 euros, cuando la única indemnización a la que tenía derecho por la extinción de su relación laboral de la empresa Litalsur, a la cual pertenecía realmente, era de 27.976,44 euros". Así, y según la documentación remitida por Litalsur, este 'intruso' "recibió de dicha empresa en el año 2008 la cantidad neta de 27.025,23 euros, equivalentes a 27.976,44 euros brutos, en concepto de indemnización por cese de su relación laboral".
«No puede negar dos hechos»
La juez Alaya asevera que el alto cargo de CCOO-A "no puede negar dos hechos", como son que "ni desconoció la falta de rigor administrativo y transparencia con la que se operaba presuntamente en la Consejería de Empleo y pudiera ser que justificara con ello la actuación que se le cuestiona", ni tampoco que "era extraordinariamente irregular que reclamara con insistencia, verbalmente y por escrito, al unísono con el delegado provincial de Empleo", la inclusión del 'intruso' "en una póliza que era ajena" al entonces director general de Trabajo, Juan Márquez.
A juicio de la instructora, dicha "insistencia o influencia en cadena" tuvo un resultado "positivo", pues, "efectivamente, se le incluyó en un suplemento de la póliza de Calderinox", según reza el auto consultado por Europa Press. "En vez de influir para el encaje anómalo" de este 'intruso', "lo que debió hacer" el imputado "si consideraba que Fernández Garzón tenía derecho a la prestación de algo menos de 28.000 euros reflejada en el acta final del periodo de consultas, y no los casi 200.000 euros" que finalmente se le fijaron en la póliza, fue "aconsejar a dicho trabajador a que formulara una solicitud de subvención sociolaboral, para que tras la tramitación correspondiente existiese una resolución al efecto por parte de la autoridad laboral en la que la Junta estimase si debía concederle la misma".
La jueza de los ERE, Mercedes Alaya, ha confirmado la imputación de un alto cargo de CCOO-A
«No puede negar dos hechos»
La juez Alaya asevera que el alto cargo de CCOO-A "no puede negar dos hechos", como son que "ni desconoció la falta de rigor administrativo y transparencia con la que se operaba presuntamente en la Consejería de Empleo y pudiera ser que justificara con ello la actuación que se le cuestiona", ni tampoco que "era extraordinariamente irregular que reclamara con insistencia, verbalmente y por escrito, al unísono con el delegado provincial de Empleo", la inclusión del 'intruso' "en una póliza que era ajena" al entonces director general de Trabajo, Juan Márquez.
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