La polémica empresa de vigilancia ‘low cost’ Marsegur cambia su nombre

La compañía modifica su razón social y pasa a llamarse Novo Segur tras la censura del Congreso de los Diputados
La empresa de vigilancia Marsegur, que se encarga de la seguridad en las instalaciones del Ministerio de Defensa, ha cambiado su nombre por el de Novo Segur. Así ha aparecido este miércoles en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Marsegur es una de las empresas conocidas en el sector por ganar concursos en la Administración Pública a base de hundir los precios. Esto lo puede hacer gracias a que aplica un convenio de empresa que tiene unas tablas salariales que rebajan los sueldos del convenio sectorial en torno al 30%. Este ha sido el problema que ha llevado a que los empleados de esta empresa hicieran huelga durante dos días esta misma semana. No es el único problema al que se enfrenta esta compañía, señalada en el sector por sus precarias condiciones laborales. De hecho, este martes el Congreso de los Diputados instó al Ministerio de Defensa a rescindir el contrato de seguridad que mantiene con ella, por valor de 32 millones, uno de los mayores en la Administración para este tipo de actividades. El argumento esgrimido por los parlamentarios fue "el incumplimiento de los derechos de los trabajadores". 

 

El PP fue el único grupo que no votó a favor, pero sí que admitió que Defensa "no está satisfecha ni en lo profesional ni en lo laboral con el servicio". Y anunció que el Ministerio está decidido a finalizar el contrato. El convenio que aplica Marsegur a sus trabajadores está anulado por la Audiencia Nacional. Entre las condiciones de este se recoge que paga un salario base de 789 euros frente a los 1.091 del convenio sectorial. Basilio Febles, el responsable de seguridad de USO, el sindicato que ha alertado del cambio de nombre, ha señalado que el motivo podría obedecer a "razones comerciales" y "huir de la mala fama que tiene la empresa por sus prácticas laborales".

 

Aunque Marsegur no es una compañía que esté vinculada directamente al polémico empresario canario Miguel Ángel Ramírez, en esta rama de actividad pocos dudan de su relación. Así lo indican explícitamente en sus comunicadosUGT y CC OO. También lo hacen con Sinergias de Seguridad y Vigilancia, otra de las low cost de la seguridad. Sí que se asocia directamente a Ramírez la empresa Seguridad Integral Canaria, en proceso de liquidación y denunciada ante la fiscalía por el Gobierno debido a las infracciones que ha detectado la Inspección de Trabajo.

FUENTE: elpais.com AQUÍ

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¿Por qué se movilizan los vigilantes de seguridad privada y por qué tenemos que apoyarles?

Gobiernos del PP como el de Cristina Cifuentes en Madrid adjudican contratos una y otra vez a empresas que maltratan a sus trabajadores y que desde luego impiden que existan unos servicios de calidad mientras miran a otro lado

Elena Sevillano e Isabel Serra | A pesar de que este verano se haya hablado un poco más a raíz de la huelga del Prat, la situación que viven diariamente los y las vigilantes de seguridad en este país es de extrema precariedad. Y cada día que pasa es peor. Lo que se esconde detrás es una mafia, la connivencia de intereses entre unos pocos empresarios y unos pocos políticos. Se ve muy bien en este sector cómo la corrupción no trata sólo de personas corruptas sino fundamentalmente de “políticas corruptas”. Una serie de políticas que juntas permiten que a día de hoy unos cuantos amigos del Partido Popular estén “forrándose” a costa de cientos de miles de trabajadores y sus familias.

  Políticas como la imposición de la Reforma Laboral del año 2012 que significó de facto el fin de la negociación colectiva en nuestro país. En la práctica, priorizar el convenio de empresa sobre el convenio sectorial o estatal genera que las empresas puedan aplicar un convenio con peores condiciones que el del sector para sus trabajadores. Por ejemplo: el caso de la empresa calificada en el sector como “pirata”, Marsegur, que paga a sus trabajadores un 33% menos. Políticas de pésima gestión del sector público como las que genera una Ley de Contratos Públicos -ahora en proceso de reforma- que impide que en el caso de que un Gobierno quiera contratar con empresas que cumplan con las condiciones laborales dignas, pueda hacerlo. Dificultando o casi impidiendo en la práctica la aplicación de cláusulas sociales. Y favoreciendo, desde luego, que se hagan pliegos a medida. Esto, junto al inexistente control una vez contratadas las empresas, genera una dinámica perversa en la que ganan los concursos empresas que ofertan a la baja conscientes de no poder cumplir, conscientes de que no se las va a controlar y de que tras quebrar pueden montar de nuevo una empresa similar y volver a empezar. La otra pieza es la subrogación de los trabajadores que, aunque en principio es un derecho laboral fundamental, también se convierte en un mecanismo perverso porque permite trasladar a vigilantes de empresa pirata en empresa pirata. Gracias a esto, gobiernos del Partido Popular como el de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid adjudican contratos una y otra vez a empresas que maltratan a sus trabajadores y que desde luego impiden que existan unos servicios de calidad mientras miran a otro lado. Empresas que tienen sentencias por vulnerar derechos laborales fundamentales o por no pagar a la Seguridad Social y Hacienda, usando esos criterios fundamentalmente económicos que terminan cerrando el círculo con la exclusión en el sector público de las empresas que sí pagan salarios dignos y cumplen con los derechos laborales.   Estas políticas corruptas están haciendo que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada estén cobrando alrededor de 750 euros al mes. Convierten esas bajadas temerarias en deudas para cientos de miles de familias, o directamente en los pagadores ya que no cobran en muchos casos por ejemplo en Marsegur, a pesar de que haya ya varias sentencias en firme declarando nulos los convenios de estas empresas. Pero ¿a quién le importa que quiebren y no puedan pagar a los vigilantes lo que les deben si ya está FOGASA? ¿a quién le importa que FOGASA devuelva solo una parte que sigue saliendo de nuestros bolsillos? El resumen de todo ésto es que unos cuantos amigos del Partido Popular (como Miguel Ángel Ramírez que es conocido donante) controlan el monopolio de la seguridad privada que se presta en los servicios públicos a través de unas empresas “pirata” que reciben siempre las adjudicaciones de la administración a pesar de no cumplir con las condiciones laborales básicas, una ciudadanía que no recibe unos mínimos en la calidad de los servicios en ocasiones muy delicados, y cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que viven en la miseria.   Los trabajadores y trabajadoras están hartas, porque la precariedad que viven llega a niveles inhumanos. Esta semana han hecho huelgas en todo el país. Y se han movilizado en Madrid, una convocatoria a la que han acudido desde todo el Estado. Es fundamental apoyarles porque son un sector invisibilizado, muchas veces ninguneado, pero con una gran potencia. Su lucha por los derechos laborales, y sus victorias, es la de todos y todas.

Elena Sevillano e Isabel Serra, diputadas de Podemos en la Asamblea de Madrid
 

FUENTE: www.nuevatribuna.es AQUÍ

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28/09/17 Acta Nº 12 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Seguridad Privada

Accede al documento AQUÍ

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Comunicado de PSSP sobre los paros de los lunes que comienzan el 2 de Octubre

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El colapso en Marsegur arrastra a Defensa tras 2 días con militares haciendo de vigilantes

Los planes del ministerio de Cospedal incluyen partir los servicios de la empresa 'low cost', una contrata de 15 millones, entre varias compañías.

La empresa calificada como de seguridad 'low cost' Marsegur, relacionada según los sindicatos con Miguel Ángel Ramírez, ha implosionado esta semana después de muchos meses en la cuerda floja con una huelga que han secundado una gran mayoría de sus 1.500 empleados y que ha afectado especialmente en el Ministerio de Defensa, uno de sus principales clientes con quien en enero se adjudicó un contrato de 15 millones de euros. Según los sindicatos, el lunes y el martes los militares tuvieron que sustituir a los vigilantes de seguridad en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), en el hospital militar Gómez Ulla o en el Alcázar de Toledo. "Se han cubierto los vigilantes de seguridad armados con militares de paisano en controles de acceso", aseguran los sindicatos.

 

Desde Defensa ni confirman ni desmienten este problema de seguridad pero sí confirman que se han iniciado los trámites para rescindir el contrato a Marsegurañadiendo que será un procedimiento que llevará meses. Curiosamente, el último acuerdo marco firmado por el ministerio con la compañía es de abril, un momento en el que Marsegur ya era una compañía muy criticada por los bajos sueldos que pagaba a sus trabajadores (unos 780 euros de media). Entre 2014 y 2015, Marsegur triplicó su facturación desde los 2 hasta los 6 millones de euros, gracias sobre todo aconcursos públicos. Hay que tener en cuenta que el ministerio de María Dolores de Cospedalsólo tuvo en cuenta para esta adjudicación el precio. El presupuesto base de licitación era de 18,9 millones de euros incluido impuestos para un periodo de ejecución de un año. Finalmente, Marsegur se lo quedó por 15 millones, una baja temeraria del 20%.

 

Marsegur es una compañía cuya propiedad se atribuye a Miguel Ángel Ramírez, el empresario canario de la seguridad privada. Él ha negado en múltiples ocasiones toda vinculación con esta empresa, también de Las Palmas como Seguridad Integral Canaria. Tanto Marsegur comoSinergias como SIC constituyen una patronal llamada Acosepri, donde prácticamente no hay nadie más. Por otra parte, la empresa principal de Ramírez anunció en agosto que abandonaba el sector de los vigilantes por los impagos públicos mientras los trabajadores consideraban que lo hacía para quedarse con los contratos a través de Marsegur y Sinergias.

El Congreso dio la puntilla Desde Defensa se asegura que la decisión de quitar el contrato a Marsegur (contra la que caben alegaciones) se tomó antes de que la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobara, en la tarde del martes a propuesta de Podemos, una Proposición No de Leyen la que pedía al ministerio de Dolores de Cospedal la rescisión del contrato con Marsegur. Cospedal no dudó en adjudicar a la oferta más baja el "acuerdo marco", tal y como lo llaman en Defensa, que incluye a distintos edificios públicos dependientes del Ministerio.

hFUENTE: www.vozpopuli.com AQUÍ

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Vigilantes de seguridad piden mejores condiciones laborales

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