El Gobierno no aumenta la seguridad en los trenes tras el arresto de un terrorista en Francia

Renfe y Adif confirman que se mantienen los mismos controles que hasta ahora: identificación de viajeros y escáner a las maletas.

Una semana después del arresto de un terrorista en un tren de Francia, continúan realizándose los mismos controles de seguridad en las estaciones españolas . Renfe y Adif explican que, a nivel nacional, se mantienen los controles de identificación de viajeros, aunque los gobiernos autonómicos pueden aumentar los operativos dentro de sus competencias.

 

El Confidencial Digital se ha puesto en contacto con personas de estas dos empresas que confirman que las medidas de seguridad previas a entrar en el tren continúan siendo las mismas que antes del intento de ataque terrorista en suelo galo.
Las fuentes consultadas por este diario explican el actual operativo para evitar cualquier tipo de ataque o atentado terrorista: “Los controles se adaptan al tráfico y número de usuarios de cada estación“.
Por este motivo, afirman, en las estaciones de mayor tráfico (con servicios de alta velocidad y larga distancia) existen también escáneres a los equipajes para evitar la entrada de cualquier arma u objeto peligroso a los vagones, explican estas mismas fuentes a ECD
Todas las estaciones, añaden, tienen garantizada la presencia de personal de seguridad y el uso de cámaras de videovigilancia; además de un “permanente y estrecho contacto y colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, comentan desde Adif.

Fuente:  http://www.elconfidencialdigital.com

Tres vigilantes de la prisión, de baja médica por agresiones y amenazas

Los incidentes se remontan varios meses atrás entre el propio personal de la empresa de seguridad Temen que se repitan episodios más graves.

 

Tres vigilantes de seguridad privada que prestan su servicio en el centro penitenciario de Huelva se encuentran de baja médica en estos momentos por las secuelas físicas y psicológicas de varios episodios de amenazas y agresiones en los que se ha visto envuelto el propio personal de la empresa adjudicataria.

Según el testimonio de fuentes cercanas al caso, recabado por Huelva Información, los incidentes que han originado la situación actual se produjeron en los últimos meses y han provocado una gran preocupación entre los trabajadores de la prisión, que expresaron a este diario su temor de que se vuelvan a repetir dejando graves consecuencias.

Los sucesos referidos se produjeron siempre entre el propio personal de la empresa de seguridad privada, aunque han tenido repercusión en todo el centro, dada la gravedad de los mismos.

En uno de ellos, según cuentan las fuentes, dos de los vigilantes se agredieron mutuamente hace unos meses en el puesto del control de acceso al recinto de la prisión, donde el personal tiene a su cargo un arma de fuego que uno de los implicados intentó utilizar. La intervención de agentes de la Guardia Civil adscritos al servicio del centro evitó males mayores, aunque los dos protagonistas del incidente arrastran secuelas físicas que les mantienen fuera de servicio por baja médica.

En otro de los episodios referidos, más reciente, se vieron implicados otros dos vigilantes privados de la prisión, esta vez en el camino de acceso al recinto. Según narraron a este diario personas conocedoras del caso, uno de los trabajadores esperó el paso de un compañero con el que había tenido disputas previas y le embistió con su vehículo, echándole fuera de la carretera. El agredido se encuentra todavía de baja por las secuelas psicológicas del suceso.

Además de las dos agresiones relatadas, aseguran que se han producido en repetidas ocasiones disputas y amenazas entre el personal privado que realiza labores de vigilancia en la prisión desde que el Ministerio del Interior externalizara parte del servicio hace dos años en las penitenciarías de todo el país.

Las mismas fuentes que han denunciado los hechos a este periódico, y que prefieren mantener el anonimato para evitar represalias, aseguran que el origen de los conflictos es básicamente laboral. Sostienen que las condiciones de trabajo que sufren los vigilantes de seguridad privada superan muchas ocasiones lo conveniado y que la presión y tensión que soportan por estas circunstancias es palpable en el centro.

La empresa Ombuds Compañía de Seguridad SA, con sede en Madrid, tiene adjudicado el servicio de seguridad privada en el centro penitenciario de Huelva desde marzo de 2013. Fue la primera adjudicataria en todo el país, para las prisiones de Huelva, Alicante, Logroño, Topas (Salamanca), Castellón y Dueñas (Palencia), tras la medida adoptada poco antes por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy. De esta forma, los vigilantes privados se encargan de controlar los accesos al centro, las cámaras de vigilancia y las patrullas en el perímetro del recinto, parte de las funciones que tenía encomendada la Guardia Civil previamente.

El personal de Ombuds adscrito de esta forma a la vigilancia en las prisiones procede en su mayor parte del servicio de escolta prestado en el País Vasco a cargos públicos, que se recicló a partir de 2013 con los nuevos cometidos en la vigilancia exterior de los centros penitenciarios.

En Huelva hay asignados siete vigilantes para estas funciones desde entonces y, según denuncian fuentes próximas, sufren condiciones adversas en la prestación del servicio que han provocado roces entre los propios trabajadores. Esto ha desencadenado episodios de violencia verbal y física que no han sido, aseguran, debidamente tratados por la empresa. En la prisión, insisten, se teme que se repitan los incidentes y que alguno pueda tener fatales consecuencias, después de la gravedad de los ya ocurridos.

Huelva Información ha tratado de conocer el caso por parte de la empresa Ombuds, pero desde la sede principal ningún responsable ha querido atender la llamada por mantener su política de "no hacer declaraciones a la prensa".

El Ministerio del Interior, hasta el momento, ha eludido pronunciarse también sobre el tema, al igual que la Comandancia de la Guardia Civil, mientras que fuentes sindicales vinculadas a la prisión reconocieron la existencia de "determinados problemas entre vigilantes" aunque evitaron ofrecer una valoración más detallada.

 

Fuente:  http://www.huelvainformacion.es

JEREZ: Detenidas madre e hija por robar juntas en tiendas de un centro comercial

Compraban artículos que luego devolvían y usaban el ticket para hurtar prendas similares

La Policía Local detuvo, durante el fin de semana, a una madre y su hija por presuntos delitos contra la propiedad. Concretamente, los agentes realizaron en la tarde del pasado sábado la detención de quienes fueron identificadas como F.G.M. y S.G.G., por presuntos hurtos en distintos establecimientos comerciales de la ciudad. Primero se personaron en un conocido centro comercial donde los vigilantes de Seguridad Privada tenían retenida a F.G.M. por haber entrado en los probadores de una tienda allí ubicada saliendo del mismo sin pasar por caja.

Los agentes de la Policía Local averiguaron que ésta iba acompañada de su hija, conductora a la sazón de un turismo que fue localizado en el aparcamiento de dicha superficie comercial y en cuyo interior se hallaba gran cantidad de artículos procedentes de varias tiendas. Según comprobó la Policía Local, estos artículos tampoco fueron pagados. Instantes después, los agentes localizaron a la hija de la detenida cuando ésta regresaba al coche, siendo identificada como S.G.G.

Modus operandi

Según sus propias manifestaciones, el ‘modus operandi’ de las filiadas consistía en comprar determinados artículos para, a continuación, devolverlos y hurtar otros de las mismas características haciéndolos pasar por los que figuran en el ticket de compra inicial. A tenor de ello, fueron detenidas e informadas de los derechos que le asistían, según el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/jerez

Securitas lleva al SAS a los tribunales por el concurso de un contrato de 20 millones

 

«Quis custodiet ipsos custodes?». Traducida del latín: ¿Quién vigila a los vigilantes? La respuesta a la pregunta en este caso no podría ser la Junta de Andalucía sino otros vigilantes. La empresa Securitas Seguridad España SA ha llevado a los tribunales de justicia al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por las irregularidades que considera que se han producido en la adjudicación de un contrato de casi 20 millones de euros y 24 meses de duración, destinado a ofrecer el servicio de vigilancia y seguridad en los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla, a la unión temporal de empresas (UTE) que conforman Vigilancia Integrada SA y V2 Complementos Auxiliares S.A.

Securitas denuncia que durante el proceso se añadieron elementos secundarios a los criterios descritos en los pliegos con posterioridad al plazo de presentación de ofertas y que éstos se aplicaron de manera «arbitraria, subjetiva y no uniforme», provocando que en determinados apartados sólo la oferta de la adjudicataria fuese valorada, lo que resulta «completa y absolutamente improcedente». Pero sus alegaciones no fueron atendidas por el Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía, lo que llevó a la entidad a interponer un recurso contencioso-administrativo y de cuyo anuncio se dio traslado el pasado 10 de agosto a las partes interesadas para que puedan personarse.

Fue el 8 de julio de 2014 cuando el SAS adjudica este contrato por un valor de 19.568.987,09 euros y en los días siguientes Securitas recurre solicitando su anulación, retrotayendo las actuaciones al momento de producirse la valoración de las ofertas y se dicte una resolución nueva a su favor. La base del recurso se sustenta en que, a su juicio, dos criterios técnicos de evaluación automática recogidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares no han sido aplicados de conformidad con su naturaleza, lo que desvirtúa las puntuaciones resultantes de las ofertas de los licitadores. Así, Securitas ofertó 3.294 equipos de transmisión pero la comisión técnica sólo le valoró 171 equipos, el número de trabajadores adscrito al servicio. Su oferta fue rebajada, por tanto, obteniendo una puntuación muy inferior y un incremento proporcional de la puntuación de la adjudicataria. Un argumento que, según la recurrente, no se aplica de forma uniforme al resto de criterios. Así sí se valoran 105 unidades contra incendios a pesar de resultar innecesarias más de 20 y 76, atendiendo al número de centros que ya contaban con dichas prestaciones; o se valoran hasta cien unidades nuevas de videograbación ofertadas por otro licitador pese a no especificar a qué centros se destinan.

El órgano de contratación niega trato discriminatorio pues al recurrente se le otorga en el apartado medios de comunicación la puntuación más favorable posible en el sentido explicitado. Al respecto, la UTE adjudictaria acusó a Securitas de obrar con «picaresca» porque la oferta de teléfonos y walkie-talkie era «un brindis al sol con la única finalidad de obtener la máxima puntuación en dicho criterio sin más». Con posterioridad, el Tribunal Administrativo concluyó que Securitas ofertó «equipos de transmisión innecesarios» con el fin de conseguir la mayor puntuación en ese criterio y, dada la fórmula de valoración del mismo, situar las ofertas del resto de licitadores muy por debajo.

La segunda alegación, también rechazada, incide en las consideraciones tenidas en cuenta a posteriori y se refieren al número de horas de formación ofertadas. Así, en el pliego se recoge que se otorgará la mayor puntuación a la oferta con mayor número de horas/año y el resto de ofertas de valorarán mediante proporcionalidad directa. Sólo fue valorada la oferta de la UTE adjudicataria. El resto entendió que bastaba con ofertar un determinado número de horas y la comisión técnica y, posteriormente el Tribunal Administrativo, concluyó que se solicitaba un plan de formación, no una «mera mención de un dato numérico» sin criterio formativo alguno.

Desestimado el recurso el pasado 21 de abril de 2015, el 15 de mayo se firmó con la UTE ganadora el contrato con fecha de inicio 1 de junio de este año y por una duración de 24 meses. Ese mismo día Securitas interpone el recurso contencioso administrativo y la Sala Primera del TSJA requiere el emplazamientos de cuantos interesados pudiera haber.

La UTE adjudicataria la conforman Vigilancia Integrada SA y Complementos Auxiliares SA, empresas que forman parte de Ilunion y cuyo administrador único es el grupo empresarial de la ONCE y su fundación. Esta compañía comenzó también en enero de 2015 a gestionar la seguridad de los 27 museos y conjuntos culturales dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Ahora, además, lo hace en la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla.

Fuente:  http://www.larazon.es




La Comandancia de la Guardia Civil de Ávila Imputa a una persona por ejercer labores de Vigilancia de Seguridad sin estar habilitado.

El Código Penal lo recoge como Delito de Intrusismo, y la Ley de Seguridad Privada impone fuertes sanciones de 30.000 a 600.000 euros a empresas que contratan y particulares que ejercen esa labor. Denunciada la empresa contratante. En muchas ocasiones ocultan una situación de extorsión o amenazas.

A finales de mes de julio, se detecta por parte de la Guardia Civil la instalación de cartel alusivo a la prestación de seguridad en un recinto en construcción. Esta clase de conductas, realizada habitualmente por determinados colectivos, colocan carteles en zonas visibles, haciendo alusión al tipo “OBRA CON VIGILANTE PATRIARCA XXX CONTROL 24 HORAS”.

Teniendo conocimiento que esta clase de actuaciones pueden conllevar una serie de supuestos Delitos de Coacciones, Amenazas, Usurpación de Funciones Públicas o Intrusismo, y desde luego infringir la Ley 5/2014, de 04-04-2014 de Seguridad Privada, se procede por parte de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia a realizar una investigación, comprobándose en días sucesivos que la persona detenida realizaba en dicho establecimiento de forma muy ocasional funciones de vigilancia dentro y fuera de la obra.

Habitualmente las empresas constructoras, para evitar situaciones de otro tipo, y al tener maquinaria y efectos de valor en la obra, se ven presionadas a contratar esta clase de servicios como “Vigilante de Seguridad”, a sabiendas de su ilegalidad.

Es importante recordar que para realizar esta clase de actividades se debe cumplir unos requisitos y obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior con unos condicionantes, entre los que se encuentran, uniformidad, identificación, cursos específicos oficial, y examen de habilitación. la supervisión y control de esta clase de actividades vienen recogidas en la Ley 5/2014, de 04-04-2014 de Seguridad Privada, cuya competencia de control se realiza por parte del Cuerpo Nacional de Policía en Vigilantes de Seguridad, y por parte de la Guardia Civil a la especialidad de Guardas Rurales.

Se recuerda a los empresarios que estas actividades ilegales pueden ser cometidas también por éstos, marcando la referida Ley una serie de conductas que pueden ser sancionadas y que pueden oscilar de 30.000 a 600.000 euros, como el art. 57.1.b “La contratación o utilización, en servicios de seguridad privada de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente” entre otros, por lo que se recomienda que cuando tengan conocimiento de esta clase de actividad e intrusismo, lo pongan en conocimiento de las autoridades citadas

 

Fuente:  http://www.benemeritaaldia.org

Nuevo permiso retribuido por gestiones de adopción y acogimiento

Hoy entra en vigor un nuevo permiso retribuido para todos los trabajadores incluido el personal laboral de las administraciones públicas. Este nuevo permiso es el siguiente:

 

"Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo."

 

Esta modificación o ampliación del derecho a permisos retribuidos ha sido introducida en la nueva Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. La razón está en su exposición de motivos:

 

"Las familias adoptantes, guardadoras con fines de adopción y acogedoras, en algunas comunidades autónomas, deben acudir obligatoriamente a unas sesiones informativas y a una preparación, y en el caso de la adopción deben obtener preceptivamente un certificado de idoneidad tras un estudio psicosocial que en ocasiones supone más de cinco entrevistas. Estas exigencias legales podrían considerarse propiamente una preparación para la adopción y deberían, por tanto, contemplarse normativamente como permisos retribuidos, ya que son obligatorias para todas las familias adoptantes, a diferencia de la preparación al parto, que no lo es. Además, en estos casos, ambos progenitores deben acudir a la preparación y a las entrevistas, en contraste con los exámenes prenatales y las técnicas de preparación al parto, a los que solo es estrictamente necesario que acuda la madre. Por todo ello, esta modificación equipara a las familias adoptantes o acogedoras a las biológicas."

 

Pues nada que objetar ¿verdad? Muy bien. Peeeeeeeeerooooo hay un problemilla de nada. ¿Qué esperabais? Este problemilla de nada está al final al final al final de la nueva Ley, donde solo los griegos perrofláuticos llegan a leer y solo para fastidiar: "Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal."

Traducción: que sí señor empleado público, que tiene usted permiso retribuido para los trámites de adopción o acogimiento, pero la administración no va a contratar a nadie para sustituirle con lo que lo harán sus compañeros como puedan.

No hay que confundir este permiso por trámites de adopción o acogimiento con los otros permisos retribuidos que nacerían al producirse esta adopción o acogimiento. Es decir que el nuevo permiso es "antes" mientras que los de "después" siguen siendo los de siempre y que procede ahora recordar aquí:

• Permiso de maternidad de 16s. Solo en caso de adopción o acogimiento (superior a 1a) de menores de 6a o bien de menores de 18a discapacitados o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. También existe permiso por adopción de los hijos de tu pareja.
• Permiso de paternidad de 13d. Recuerda que en algunos casos es ampliable a 20d.
• Permiso de "lactancia" en los mismos casos que el permiso de maternidad.

Antes de finalizar cabe repetir que todos tienen desde hoy este nuevo permiso retribuido por trámite de adopción y acogimiento. "Todos" curiosamente quiere decir todos, incluidos los camareros con contrato temporal de una semana, los esparragueros de Navarra y los vigilantes subsubsubcontratados. Sea cual sea el contrato, la jornada, el contratante, el contratado, el empresaurio y el padre de Bambi que era uno que salía al final que si tarda más ya ni sale y vete tú a saber si era el padre o no. "Hoy" curiosamente también quiere decir hoy, es decir que no hay que esperar a que Paqui termine la baja ni a que Toñito vuelva de vacaciones ni a que los clientes paguen ni a que Españistán gane el mundial de badminton bosleigh. Y "retribuido" curiosamente también quiere decir que los días de permiso te los tienen que pagar como cualquier otro, con dinero y esas cosas.

 

Fuente: http://laboro-spain.blogspot.com.es/