Interior podrá obligar a contratar vigilantes en las manifestaciones

Un vigilante de seguridad privada registra la mochila de una asistente a un partido de fútbol

 

La Ley de Seguridad Privada, aprobada ayer en el Congreso con los votos de PP y CiU -y parcialmente por el PNV-, deja en manos del Gobierno la potestad de obligar a quienes organicen un «evento» a contratar para el mismo seguridad privada.

Así se desprende del artículo 51 de la norma que, a falta de desarrollo reglamentario y definiciones precisas, deja abierta la consideración de «evento», que podría ser, según la oposición, una manifestación,una concentración o un acto deportivo, lúdico o popular.

Éste es uno de los aspectos más polémicos de una ley duramente criticada por PSOE, UPyD, Izquierda Plural, Grupo Mixto e incluso PNV. Todos entienden que la nueva norma amplía muy notablemente las competencias de los agentes de seguridad privada y pone a disposición de las empresas de este sector un negocio goloso adentrándose en un territorio que, mantienen, debería estar exclusivamente reservado a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Desde el Partido Popular y desde el Gobierno se responde que no está «en el espíritu de la norma» ni en el ánimo del Ejecutivo controlar, y en su caso disolver o reprimir, manifestaciones puesto que las mismas constituyen un derecho fundamental. De hecho, aseguran que lo que se pretende tanto con esta ley como con la de Seguridad Ciudadana es «garantizar al máximo el ejercicio pacífico» de dicho derecho.

Definir evento

En todo caso, las precisiones que acoten lo que se entiende por evento deberán esperar a un futuro desarrollo reglamentario. Hoy por hoy, lo que estipula el artículo 51.2 de la ley de Seguridad Privada es que las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas podrán dotarse de medidas de seguridad privada.

Y añade: «Reglamentariamente, con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos contra ellos o por generar riesgos directos para terceros o ser especialmente vulnerables, se determinarán los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los eventos que resulten obligados a adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las que deban implantar en cada caso».

El apartado tercero establece, además, que «el Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente, podrá ordenar que los titulares de establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los organizadores de eventos adopten las medidas de seguridad que reglamentariamente se establezcan».

El PSOE no tiene dudas. De acuerdo con su interpretación al cruzar la Ley de Seguridad Privada -aprobada ayer- con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que se encuentra en fase de consultas en los órganos constitucionales, la posibilidad de que agentes privados controlen y disuelvan manifestaciones o concentraciones está sobre la mesa. Así se deriva del artículo 23.2 del proyecto de Seguridad Ciudadana. En esta lectura coincide también el catedrático de Derecho Penal Javier Álvarez.

Zonas públicas

Otro de los aspectos especialmente polémicos de la ley es el que hace referencia a la facultad que tendrán los agentes privados para detener o retener en zonas públicas. Según el Ministerio del Interior, la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya habilita a cualquier ciudadano a hacerlo en determinadas circunstancias.

El artículo 41 de la ley ha suscitado enconadas críticas, incluso con la redacción retocada que llegó del Senado y en la que se excluía la posibilidad de que los agentes privados vigilaran zonas peatonales comerciales. Sin embargo, el texto final aprobado precisa que esta actividad sí podrá realizarse en «parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados», así como en «recintos o espacios abiertos» también delimitados.

También varió el Senado la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los vigilantes de perseguir a los delincuentes «sorprendidos en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección».

No obstante, los agentes de seguridad privada sólo podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las Fuerzas de Seguridad cuando sean sorprendidos en flagrante delito «en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección». Los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del texto inicial, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.

 

fuente:  http://www.elmundo.e

HUELVA: Un grupo de encapuchados asalta un almacén de tabaco tras reducir la vigilante de seguridad

Un individuo encañona a agentes de la Policía Nacional con un arma de fuego y los atracadores logran huir en dirección a Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han frustrado un atraco a un almacén de Tabacalera, ubicado en el Polígono Industrial El Rincón de la capital onubense, en el que un grupo de encapuchados trataron de robar alrededor de 1.500 cajetillas de tabaco. Siete u ocho individuos encapuchados irrumpieron en la nave,redujeron al vigilante de seguridad y rompieron la puerta usando para ello una excavadora, y una vez en el interior comenzaron a cargar un camión con la mercancía.

La Policía los sorprendió in fraganti y los atracadores emprendieron la huida en el camión y luego se trasladaron a un todo terrerno de grandes dimensiones, donde bajó un individuo con un arma larga de fuego que encañonó a los agentes. Los policías repelieron la agresión haciendo uso de sus armas de fuego. Los asaltantes lograron huir en el todoterreno dirección a Sevilla.

Efectivos de la La Policía Nacional de Huelva continúan con las labores de búsqueda auxiliados por otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se han establecido oportunos dispositivos de persecución y control. De forma paralela, prosiguen las investigaciones encaminadas a la identificación y detención de los asaltantes.

FUENTE: abcdesevilla.es AQUÍ

SEVILLA: Dos vigilantes detenidos por robar cobre de empresas que custodiaban

• Los detenidos llegaron a sustraer unos 2.000 kilos, que vendieron por más de 7.000 euros 
• Disponían de llaves de acceso a las instalaciones y códigos de desactivación de alarmas

La Guardia Civil ha detenido a dos vigilantes de seguridad por robar 2.000 kilogramos de cobre, valorados en unos 7.000 euros, en diferentes empresas en las que prestaban sus servicios. La operación, bautizada como Bridge, ha sido desarrollada por la Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla, junto al equipo ROCA de Lora del Río.

La investigación se inició el pasado septiembre, a raíz de operaciones anteriores desarrolladas por la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla contra la sustracción de cobre, que llevaron a los agentes a realizar numerosas inspecciones en chatarrerías y establecimientos de reciclaje, para controlar las operaciones de compra-venta del material.

En una de estas inspecciones, los agentes detectaron en los controles cómo un grupo de personas, en un corto espacio de tiempo, había efectuado gran cantidad de ventas de hasta 2.000 kilos de cobre, por los que recibieron más de 7.000 euros. La mayoría de las ventas eran realizadas por dos personas que trabajaban como vigilantes en una empresa de seguridad.

Los detenidos, cuya misión es la de acudir cuando se produce un salto de alarma para verificar la misma, tenían asignadas varias empresas e instalaciones dedicadas algunas de ellas al reciclaje de chatarra. Estos individuos contaban, para realizar su trabajo, con llaves de acceso a las instalaciones de las empresas, así como con los códigos de desactivación y activación de los sistemas de alarma, por lo que disponían de todas las facilidades para cometer las sustracciones del cobre mientras efectuaban sus servicios de vigilancia.

 

Fuente:  http://www.elmundo.es

Condenan a 21 meses a un ex empleado de Securitas por estafar 38.636 euros

El acusado se apropió en 2006 de diez cheques destinados al pago de la vigilancia en la Estación de Autobuses de Zamora

El ex empleado de Securitas declara durante el juicio. Foto: E. F.

S. A. La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a 21 meses de prisión por apropiación indebida a un ex empleado de la empresa encargada de la vigilancia de la Estación de Autobuses de la capital, Paneuropea de Seguridad, y a devolver los 38.636,27 euros que desvió a su cuenta al cobrar diez cheques destinados al pago del servicio .

Los hechos ocurrieron en 2006, año en que el condenado se apropió de diez cheques para el pago del servicio de seguridad emitidos por la gerencia de la Estación de Autobuses Interurbana de Zamora a nombre de Paneuropea de Seguridad. El delito se descubrió cuando la empresa Securitas absorbió a aquella empresa y al realizar balance detectó la deuda de 38.636,27 euros y las investigaciones emprendidas apuntaron a quien ya era entonces ex empleado de Paneuropea. En el juicio el acusado ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. En la sentencia se considera responsable civil subsidiaria a Caja España, entidad a través de la cual se tramitaban las mensualidades, por no comprobar que la cuenta en la que se ingresaban los cheques no era la correcta, y que tendrá que pagar la cantidad detraída si el acusado se declarara insolvente.

 

Fuente:  http://www.laopiniondezamora.es

Revista Cuadernos de Seguridad N' 287 (Marzo 2014)

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Así están las cosas en la seguridad privada...