Este jueves se abrirán las plicas de una licitación de 5 millones de euros para la seguridad de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria.
Al hermanísimo se le ha visto mucho últimamente en compañía del gerente de la empresa pública, Enrique Caballero, impuesto en el cargo por el señor ministro.
Se derrumban las campañas mediáticas en favor del mamotreto, en Tenerife, y Stratvs, en Lanzarote.
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| Luis Soria. |
Todavía no nos hemos recuperado del shock que nos provocó (parece que solo a nosotros, que no perdemos la capacidad de asombro)
la alambicada adjudicación que el alcalde de Los Realejos hizo del alumbrado público de su municipio. Manolo Domínguez, como se llama este diligente regidor, es el presidente del Partido Popular en Tenerife, y unos meses antes de aquella adjudicación recibió en el Ayuntamiento la visita de un personaje de postín: Luis Soria López, hermano de su hermano José Manuel, que acudía acompañado de un directivo de la empresa Effico.
Como había hecho en otros ayuntamientos gobernados por el PP, Luis Soria se limitó a sugerir amistosamente que lo mejor que le podía pasar a Los Realejos era convocar y adjudicar un concurso que pudiera ganar la empresa que patrocinaba, y de allí salieron los visitadores con la certeza de que todo iría sobre ruedas.
Pero los del Canarias Ahora tuvieron la feliz ocurrencia de contar aquella trapisonda y los planes se truncaron momentáneamente.
Como buenos prestidigitadores que son, los personajes de la historia idearon una escapatoria aparentemente perfecta: que el concurso lo gane Endesa y que Endesa subcontrate todo el trabajo a Effico ante la imposibilidad de ejecutarlo.
Y así fue, tal y como recogen las crónicas, y producto de aquel impagable servicio a la familia, Manuel Domínguez fue premiado con el primer puesto al Cabildo de Tenerife desplazando al mítico cirujano Antonio Alarcó, que se ha tenido que conformar de momento con la candidatura a la alcaldía de La Laguna.
Creíamos que con esta escaramuza tan chiripitifláutica, Luis Soria iba a extremar sus precauciones. Pero no. Apenas han pasado cuatro meses de aquella adjudicación y ya anda el hermanísimo de nuevo entregado a las andadas, ahora patrocinando a la poderosa Securitas ante el Cabildo de Gran Canaria.
Un concurso de 5 millones para 4 años
Pues sí. Las influencias son las influencias, y ya hacía tiempo que Luis Soria había iniciado su acercamiento al Cabildo de Gran Canaria a través del portavoz del PP y consejero de Obras Públicas, Carlos Sánchez, ante el que también intercedió para que Effico se llevara el alumbrado de las carreteras insulares, otro pastizal que metía a la institución en una espiral de mayor gasto y cero eficiencia energética. Y tampoco quedaron saciadas sus ambiciones. Ahora, como decíamos, ha entrado también en el gremio de la seguridad privada para organismos públicos defendiendo los intereses de una de las más importantes compañías del sector. Este jueves se van a abrir las plicas (el sobre número 3, para ser más precisos) del concurso de seguridad para la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, organismo dependiente del Cabildo (5 millones de euros para los próximos 4 años), y en su consecución se ha lanzado el más chico de los Soria a ver lo que puede agenciarse. A tal fin se ha trabajado con mucha dedicación al director gerente, Enrique Caballero Madera, que fuera colocado en 2011, nada más regresar el PP al poder, por intermediación directa de José Manuel Soria, del que es muy amigo. Caballero no tenía ni pajolera idea de transporte público cuando llegó a ese puesto, salvo el conocimiento en la comercialización de vehículos industriales de la marca Iveco que representa su familia (F. Caballero Massieu, S.A.) en la provincia de Las Palmas, de cuya empresa fue consejero hasta 2010. Quizás a esa inexperiencia pueda deberse que el concurso para la seguridad de la Autoridad Única del Transporte se publicara hace ahora un año y todavía esté sin adjudicar lo que, evidentemente, beneficia a la actual adjudicataria, que no es otra que Securitas, mira tú qué cosas. Hemos preguntado cuál es el motivo de ese enorme retraso y todo parece girar en torno a una de las cláusulas de la licitación, aquella en la que se valora con 10 puntos (sobre 100) que la empresa concursante disponga de central de receptora de alarmas en la isla de Gran Canaria, exigencia que no cumpliría la compañía que patrocina Luis Soria. De ahí que tanto Securitas como Aproser, la asociación nacional que engloba a las grandes compañías de seguridad privada, con Prosegur a la cabeza, hayan interpuesto recurso, tanto ante la propia Autoridad Única como ante los tribunales de justicia. A Enrique Caballero y a Luis Soria se les ha visto frecuentemente en amor y compaña por los alrededores del edificio Insular II, en la calle de Venegas, de la capital grancanaria. Veremos hasta dónde llegará este jueves esa contaminación del más allá porque toda la polémica va a girar en torno a si basta con “comprometerse” a tener una central receptora de alarmas en un plazo no establecido en las bases o si, como se deduce claramente de las mismas, hay que tener ya operativa esa central para obtener esos 10 puntos, que podrían ser decisivos.
Campañas fantásticas con final catastrófico
Todavía están lejos de figurar en los anales de las campañas fantásticas, pero se acercan, no lo duden. Maestros del género como Pedro J. Ramírez, que un día confesó en un programa de televisión que se le había ido la mano con lo del 11-M y al siguiente volvió a darle a la rueca, deberían sin embargo darse un garbeo por Canarias y estudiar algunos intentos menos exitosos pero singulares de corromper la verdad a partir de un hecho cierto del tamaño de un garbanzo. En Tenerife y en Lanzarote se viven de un tiempo a esta parte dos campañas mediáticas que podríamos incorporar a ese género del periodismo creativo puesto al servicio de la corrupción más obscena, dos campañas a las que no parecen afectar los sucesivos revolcones que se llevan de la justicia y de los ciudadanos que las contemplan con los ojos como chopas. El caso del mamotreto de la playa de Las Teresitas, con condenas de prisión e inhabilitación contundentes para tres concejales y tres funcionarios, va camino del guiñapo más grotesco. Cuando se produjo la condena de instancia, el Tenerife de los próceres, de Plasencia y de González, de ATI y de los poderes ocultos (que ni se mencionan, pero existen) desplegó con mucha sutileza sus tentáculos para tratar de convertir en absolutoria aquella sentencia en la Audiencia Provincial. Bueno, sutileza en la campaña, y absoluta tosquedad en el recurso que firmó Eligio Hernández, quien llegó a acusar a la juez de instancia directamente de ignorante y cuasi prevaricadora. Luego, ante un segundo y sonoro fracaso, hicieron acto de presencia unas misteriosas nuevas pruebas que nadie ha visto y según las cuáles los peritos que intervinieron en el juicio mintieron descaradamente con no se sabe muy bien qué aviesas intenciones. Esas pruebas consistirían, de existir, en un error en el deslinde de la Demarcación de Costas que
el Tribunal Supremo acaba de calificar de auténtica memez porque, en resumen, no vienen a modificar en absoluto el descaro con el que los condenados delinquieron para levantar ese vergonzoso edificio en la playa de Las Teresitas. Ahora van a por el enésimo intento, un recurso de revisión prácticamente con la misma cantinela. Para la posteridad quedarán los profundos artículos en el Diario de Avisos del arquitecto urbanista José Ángel Domínguez Anadón, ya conocido en los ambientes jurídicos como el maestro. Que al menos Plasencia se lo premie, porque hasta ahora su esfuerzo ha resultado completamente inútil y ridículo.
Otra campaña fallida: Stratvs
En Lanzarote la cosa no está siendo más pacífica, casi podríamos asegurar que al contrario. La petición del fiscal Ignacio Stampa de quince años de prisión, quince, para el todopoderoso empresario Juan Francisco Rosa puso este martes patas arriba a media isla, la que se tropezaba con la cruda realidad de que alguien le estaba mintiendo acerca de la inocuidad de lo ocurrido en La Geria, concretamente en la bodega Stratvs. ¿Cómo es posible que una construcción así, tan mimetizada con el paisaje, albergando a una bodega ejemplar que produce unos caldos apreciadísimos, haya sido construida en suelo ajeno, vulnerando las leyes ambientales y urbanísticas y con sus promotores falsificando documentos para conseguirlo? Eso viene siendo, en resumen, lo que dice
el escrito de calificaciones del Ministerio Fiscal, una sucesión de actuaciones delictivas que le llevan a declarar la bodega de Stratvs como el mayor atentado ecológico jamás perpretado en Lanzarote. En defensa de esa actuación, los medios afines al empresario Rosa, particularmente el grupo Lancelot, no se han detenido en minucias y valiéndose ora de su propio arsenal, ora del refuerzos procedentes de Las Palmas, ha vomitado todo tipo de sandeces contra la jueza instructora, el fiscal, la fundación César Manrique, el PSOE y algunos particulares que se han atrevido a afearles la posturita esa genuflexa y tal. Ha llegado a tal punto la manipulación que ni siquiera en su edición digital de este martes Lancelot publicó la noticia de la que se hicieron eco todos los medios canarios. A igual que en Tenerife al Mamotreto seguirá el caso de Las Teresitas, con imputados reincidentes en serio peligro de entrar en la cárcel, en Lanzarote al caso Stratvs seguirá algún día
la fase magra del caso Unión. Veremos lo que nos toca leer para entonces.
La multa es triple: al empleado, a la empresa de seguridad y a la comunidad de propietarios. Contratar a ‘piratas’ para la seguridad de una propiedad tendrá fuertes consecuencias económicas: multas de hasta 600.000 euros que propondrá la Policía, según aseguran fuentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de este cuerpo. Estas sanciones llegan tras la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada, aunque falta por desarrollar el reglamento de esta nueva legislación. Las previsiones apuntan al verano de 2015.
