Despido Colectivo en Castellana de Seguridad, Casesa

Acta de Constitución de la Mesa Negociadora con relación al procedimiento de despido colectivo promovido por la empresa Casesa.

 

VER ACTA AQUI

 

¡¡Serán mentirosos!!

Para que veáis que NO nos podemos fiar de sus acciones y a las pruebas me remito.

El pasado 21 de Febrero los firmantes de la renegociación del Convenio, entre las que se encuentra esta empresa, adquirieron el compromiso,  en el acuerdo ante el SIMA, de paralización de aquellos procesos de despidos colectivos y para que veáis no ha pasado ni dos meses y ya incumplen la palabra.

La Empresa Serramar no le abona a sus Vigilantes de Seguridad del CETI de Melilla la paga de beneficio

Los 8 profesionales de Seguridad tienen que guardar la seguridad a lo más de 1.800 inmigrantes acogidos.

Fuentes del Centro Temporal de Inmigrantes CETI de Melilla, han asegurado a Norteafrica, que a los ocho actuales vigilantes de seguridad de la empresa Serramar que presta servicio en el mismo, la empresa le adeuda la paga de beneficio la cual tenia que haberlas cobrado a mediado del pasado mes de marzo y Serramar esta siendo caso omiso a dichos pagos.

Ángeles Custodios

Para el CETI de Melilla, los vigilantes de seguridad son los “Ángeles Custodio”, ya que ellos solos se tienen que enfrentar a los cercas de los mil ochocientos inmigrantes que se encuentran en el centro, y habiendo resultado más de uno heridos por los propios inmigrantes, indicaron.

Serramar pasa de sus trabajadores

No es la primera vez que Serramar tiene problemas con los pagos de sus trabajadores, hace meses los mismos vigilantes del CETI tuvieron que llevar conjuntamente con la UGT concentraciones y protestas por el no pago de sus nominas.

 

Fuente:  http://www.norteafrica.com

El dueño de Seguridad Integral Canaria declaró durante cuatro horas sobre cómo paga a sus vigilantes

Se le acusa de haber defraudado 2,4 millones de euros al erario público pagando las horas extras como si fueran dietas. A su salida del juzgado, Ramírez denunció la presencia de manifestantes, liberados sindicales de la competencia, Prosegur

El empresario Miguel Ángel Ramírez se declaró este miércoles inocente al prestar declaración ante la juez de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que le tomó testimonio por la imputación de dos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social tras una denuncia del sindicato USO, asumida por la Fiscalía de Delitos Económicos. Ramírez declaró durante cuatro horas ante la juez Victoria Rosell acusado de haber defraudado 2,4 millones de euros al erario público pagando las horas extras que realizan sus vigilantes de Seguridad Integral Canaria como si fueran dietas (un concepto que está exento de tributación). En todo momento negó que la práctica por la que ha sido denunciado constituya delito. El empresario grancanario, que preside la UD Las Palmas, declinó hacer comentarios a su entrada y salida de Juzgado, "por respeto a la instructora", aunque su letrado defensor, José Antonio Choclán, ha confirmado a los periodistas que la magistrada mantiene por ahora los cargos a la espera de continuar las pesquisas y recibir nuevas pruebas.

 

Fuentes de la defensa de Ramírez han precisado después a Efe que el empresario está "satisfecho" con su declaración, porque considera que ha sido "muy esclarecedora" y ha aportado a la magistrada suficientes datos para acreditar que Seguridad Integral Canaria cumple la legislación en los pagos a sus empleados. También han restado importancia al hecho de que la imputación no haya sido levantada al término de la declaración, porque consideran que ese no era el momento procesal y entienden que la juez debe valorar las pruebas aportadas por las distintas partes.

 

El abogado de USO, Ismael Franco, ha señalado, por su parte, que Ramírez ha negado ante la juez, la fiscal y las acusaciones que en Seguridad Integral Canaria se paguen las horas extraordinarias como dietas y que se haya cometido fraude, lo que reduciría en tal caso el pleito a una discrepancia administrativa. Según los denunciantes, Miguel Ángel Ramírez ha alegado que en su empresa se pagan muy pocas horas extras y todo lo que se abona como dieta "son dietas reales que se devengan". USO asegura que, durante el interrogatorio, se ha preguntado a Ramírez por los "descuadres" que, a juicio de la acusación, existen en las horas extras de Seguridad Integral Canaria, lo que el empresario ha atribuido "al apoyo y fidelidad" de sus trabajadores, que en estos años le han "regalado casi una hora diaria".

Al inicio de su declaración, Ramírez remitió a la prensa al comunicado que su empresa tenía previsto emitir para dar su versión de los hechos. Un portavoz suyo dijo por la tarde que no habría comunicado "para no interferir en la labor de la juez instructora". A su salida de los juzgados, el empresario grancanario sí ha denunciado que los manifestantes que han protestado a las puertas de la Ciudad de la Justicia por las prácticas laborales de Seguridad Integral Canaria y que han proferido insultos contra él pertenecen a empresa de la competencia, en concreto Presegur, que tiene liberados a los sindicalistas que le han denunciado.

 

El sindicato USO, promotor de la querella, sostiene que Seguridad Integral Canaria pagaba a sus trabajadores gran cantidad de horas extras a través de dietas, porque no están sujetas a retención del IRPF y tampoco cotizan a la Seguridad Social. El letrado del sindicato ha señalado que esto supone -a su juicio- un fraude a la Administración Pública y a los trabajadores, además de proporcionar a Ramírez una ventaja "desleal" sobre el resto de las empresas que cumplen con el convenio de la seguridad privada.

 

Franco ha explicado que la querella presentada contra Ramírez se refiere a un presunto fraude en 2008 y 2009, si bien el objeto de la instrucción es investigar la posible defraudación de esos dos años y la que se haya podido cometer después, por lo que se ha requerido a la Inspección de Trabajo y a la Tesorería de la Seguridad Social para que informen también sobre los ejercicios de 2010 a 2013. De momento, el informe existente y sobre el que se la preguntado este miércoles al imputado ha sido el elaborado por la Agencia Tributaria de los años 2008 y 2009, y del que se desprende un posible fraude de 2,4 millones de euros.

 

USO sostiene que, si se añaden los años 2009 a 2013, el montante total del supuesto fraude puede alcanzar los 40 millones de euros. En la causa, también se ha personado una asociación que representa los intereses de vigilantes privados. Su letrado, Joaquín Rodríguez, ha manifestado que existen "serios" indicios de que entre los ejercicios 2008 y 2009 ha habido horas extraordinarias que no se han pagado como tales y que estos indicios, pese a las explicaciones ofrecidas por Ramírez, permanecen.

Al igual que Franco, ha señalado que en caso de que se demuestren, la actuación de Ramírez implicaría un perjuicio para la Hacienda Pública, la Seguridad Social y el trabajador, porque no se satisfacen las cuotas que corresponden al trabajo realizado. Además, Rodríguez ha hecho hincapié en que produce una distorsión en el mercado de la seguridad privada, pues cuando uno opera con menos gasto está en situación de ventaja sobre las demás empresas, lo cual es "irrefutable". Franco ha destacado que Ramírez, durante las cuatro horas que ha durado el interrogatorio, no ha respondido a las preguntas formuladas por las acusaciones particular y popular, y que sólo ha contestado al Ministerio Público, al Abogado del Estado y a la juez Victoria Rosell.

 

FUENTE: eldiario.es AQUÍ

CÁCERES: Vigilantes de seguridad piden más control al Gobierno para evitar intrusismo

El colectivo de vigilantes de seguridad privada ha solicitado a la subdelegada del Gobierno en Cáceres, Jerónima Sayagués, que se incremente el control sobre el intrusismo en el sector y que la Administración prime en sus contrataciones a las empresas acogidas al Convenio Estatal de Seguridad Privada.

 

Sayagués se ha reunido hoy con diversos representantes del Área de Seguridad Privada del sindicato CSIF, los cuales le han dado a conocer los problemas del sector entre los que destaca el intrusismo "con el consiguiente peligro que ello conlleva para la seguridad", según informa la Subdelegación del Gobierno en nota de prensa. El responsable de este área, José Lorenzo Rocha, ha manifestado que uno de los objetivos de esta reunión ha sido solicitar a la subdelegada un mayor control sobre ese intrusismo, dado que la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo dependen de la Subdelegación del Gobierno. "Las empresas, para ahorrar costes, en ocasiones contratan mano de obra no cualificada que puede poner en riesgo la seguridad de las personas en momentos muy concretos" ha explicado Lorenzo Rocha.

 

Por otra parte, Rocha ha señalado que le parece "muy positivo" el proyecto de Ley de Seguridad Privada que se está tramitando en el Parlamento, porque "dará marco legal a las actuaciones que vienen desarrollando de forma cotidiana en sus trabajos", y también ha subrayado que esta norma debería recoger algún aspecto que fomentara una mayor inserción de las mujeres en este sector. "Igual que hay mujeres policías y guardias civiles, del mismo modo podría haberlas en la seguridad privada, donde son muy pocas por las reticencias de los empresarios a contratarlas", ha aseverado. La subdelegada ha encontrado "muy positiva" la reunión y ha manifestado su voluntad de ayudar al colectivo en aquello que esté dentro de sus competencias.

 

FUENTE: abc.es AQUÍ

Este año toca congelación salarial gracias a las inestimables gestiones de UGT y USO ¿Vamos a seguirles votando?

La promotora de UGT entra en concurso y deja al sindicato al borde del colapso

El sindicato aportó cerca de dos millones de euros a la inmobiliaria declarada en suspensión de pagos -El agujero económico para esta organización se mueve en el entorno de los dos millones de euros

 

La UGT de Balears se encuentra al borde del colapso financiero, según reconocen fuentes del propio sindicato, después de que su promotora inmobiliaria se haya tenido que declarar en concurso de acreedores. El agujero económico para esta organización se mueve en el entorno de los dos millones de euros, y no se oculta que el sindicato de las islas no está en disposición de hacer frente a esta deuda.

El golpe tiene su origen en el fracasado proyecto de edificar 60 viviendas de proyección oficial, que se quedaron sin compradores tras un cambio en la normativa sobre subvenciones a los adquirentes. El edificio, situado entre las calles Jeroni Pou, Pere Guillem Vives y Antoni Ribas, de Palma, sigue sin terminar de construirse (se estima que queda pendiente alrededor de un 3% de las obras y la instalación de un transformador de Endesa). Esta iniciativa fue desarrollada por la promotora de la propia UGT, Habitatges i Serveis de ses Illes Balears, y contó con financiación directa del sindicato de las islas y de la confederación estatal, en una cantidad conjunta que se calcula inicialmente en torno de los dos millones de euros. Además, hay que tener en cuenta que la promotora también tiene unos impagados a empresas proveedoras por un valor de alrededor de medio millón de euros.

Al bloquearse la venta de estos inmuebles y no poder concluir las obras, la inmobiliaria optó por presentar a finales de 2013 un preconcurso de acreedores, ante el temor a que las empresas a las que se les debía dinero se adelantaran a la hora de instarlo. El administrador de Habitatges i Serveis de ses Illes Balears y exsecretario de Organización de UGT en las islas, Miguel Angel Carlos, aseguró que a principios de este año el problema quedaría resuelto, alegando que se estaba negociando con otras empresas promotoras el que éstas adquirieran estos pisos. Pero una vez concluido el plazo, esta operación no se ha realizado, lo que ha llevado a la presentación de la suspensión de pagos, que dejará a la citada empresa de UGT en manos de administradores fijados por un juez. Además, hay que tener en cuenta que hay otra promoción menor en la calle Primavera también con pisos pendientes de encontrar comprador.

Fuentes del sindicato consideran que la deuda con las empresas suministradoras podrá ser saldada, dado que la promotora cuenta con patrimonio y no hay trabajadores en la obra. Además, la promoción contó con la correspondiente hipoteca, que se cubrirá dejando los pisos en manos de la banca.

Pero se da como seguro que en este concurso de acreedores quien no podrá recuperar su dinero será la propia UGT, cuya situación financiera ya era delicada por la pérdida de ingresos y la reclamación por parte del Govern de que justifique un gasto de alrededor de un millón de euros en cursos de formación.

Como se ha indicado, fuentes del sindicato admiten que entre lo aportado por la confederación estatal y por UGT de las islas, el agujero a cubrir se movería cerca de los dos millones de euros, una cantidad que se reconoce como prácticamente imposible de asumir en el caso que desde Madrid los mandos nacionales del sindicato exijan a sus representanes en el archipiélago la devolución de la parte que financiaron.

 

Fuente:  http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/04/02/promotora-ugt-entra-concurso-deja/922771.html