Gobierno, patronal y sindicatos pactan subir el salario mínimo hasta los 950 euros

El alza del 5,5% supone un paso más para cumplir el compromiso de Sánchez de llegar al 60% del salario medio al final de la legislatura.

Incógnita despejada: el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá un 5,5% este año. Llegará así a 950 euros mensuales en 14 pagas, es decir, 13.300 euros anuales. Tras gestarse a lo largo de esta semana, el acuerdo se cerró este miércoles. Desde que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumió la cartera, este ha sido su objetivo prioritario. Para ello, ha mantenido varias reuniones por separado con los líderes de sindicatos y patronales y, al menos, una con todos, la de este miércoles. "Es un día muy feliz para los trabajadores y trabajadoras de este país",  ha dicho Díaz. La subida entra en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Esa cantidad se sitúa en un punto intermedio entre los 1.000 euros de los que llegó a hablarse durante las negociaciones por el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y los 900 actuales. El incremento del 5,5% está lejos del 22,3% del año pasado, pero es importante. No hay muchos incrementos superiores a ese porcentaje desde mitad de los años noventa. En 2017 se subió un 8%, aunque entonces se hacía desde un suelo muy bajo: 655,2 euros mensuales.
La mejora de este año será un peldaño en la escalera que se pretende subir hasta final de legislatura, cuando pretende llegarse al 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea y que baraja la Comisión Europea para los socios de la Unión.


La ministra de Trabajo estuvo exultante en la presentación del acuerdo. "Estamos muy contentas", dijo. Más contenido estuvo el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El jefe de la patronal dijo que aceptó el pacto porque le han dado garantías de que se prestará atención a la ley de contratos públicos. "Cuando llegas a un acuerdo, todo el mundo se deja pelos en la gatera", admitió. "Nos hubiera gustado que fuera algo menos. La cantidad de 1.000 euros nos preocupaba mucho más", concluyó. Los empresarios aceptan el acuerdo final como un mal menor, para evitar una subida mayor.


Los 950 euros se aproximan a lo pactado por sindicatos y patronales en 2018 en el acuerdo de negociación colectiva, que contemplaba un sueldo mínimo en convenios de 1.000 euros mensuales (14.000 al año). Elevar esa cantidad al mínimo legal habría supuesto un grave problema para la negociación colectiva, ya que todavía hay convenios que no alcanzan esa cifra.


Después de varios años estancado, el SMI -que, en palabras de la ministra Díaz, es "una pequeña herramienta para mejorar la vida de los trabajadores"- comenzó a subir con fuerza en 2017, cuando aumentó un 8%. Un año después creció el 4% y en 2019 llegó el gran salto, pasó de 735,9 euros al mes a 900 euros, un incremento del 22,3% de una sola vez sin parangón en los últimos 40 años. El Gobierno ha evitado una subida muy significativa para este año después de que durante las negociaciones para su formación se especulara con la posibilidad de que llegara a 1.000 euros ya este ejercicio. Desde 2016, cuando empezó la escalada de subidas, el salario mínimo ha ascendido un 44,9%


Durante todo 2019, el importante aumento del suelo legal de los salarios ha suscitado polémica acerca de si era perjudicial para el empleo o no. El último en sumarse al debate ha sido el BBVA Research, que calcula que el alza del SMI impidió el año pasado la creación de 45.000 puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo anterior, dirigido por Magdalena Valerio, había descartado en un informe remitido a la Airef que hubiera tenido consecuencias negativas para la creación de empleo, pero sí que hubiera podido llevar a la economía sumergida a trabajadores del sector agrícola o del hogar. CC OO, en cambio, realizó otro estudio en junio en el que señalaba que no había tenido consecuencias negativas.


Fuente:  https://elpais.com

Sindicato Profesional Vigilantes

SPV CADIZ compartir esta noticia

¿Tienes alguna consulta? Enviame un mensaje de Whatsapp

WhatsApp con SPV

Publicado en el día de hoy el salario mínimo interprofesional

Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.

El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 30 euros/día o 900 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de enero de 2019.

VER EL PDF DEL BOE PUBLICADO (BOE-A-2018-17773)

 

 

 Sindicato Profesional Vigilantes

SPV CADIZ compartir esta noticia

El Gobierno aprobará este mes por decreto ley la subida del salario mínimo

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará en diciembre por decreto ley la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y entrará en vigor en el mes de enero, según han confirmado fuentes del Gobierno. 

 

El Gobierno materializará así la subida del Salaría Mínimo Interprofesional a 900 euros, frente a los 735,90 euros actuales, una medida que consideran no sólo mejorará los ingresos de las familias, sino que también será bueno para las cuentas públicas, en cotizaciones a la seguridad social e incluso en las expectativas de la creación de empleo. 

 

Según datos de la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias, el 34,7% de los asalariados en España (6.304.753 personas) percibieron en 2017 unos ingresos salariales iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) actual, por debajo de los 7.418 euros al año, lo que supone más de 1,1 millones de personas más que en 2007, a pesar de que el número total de asalariados se ha reducido en ese periodo en un millón, hasta los 18,3 millones. 

 

Así, el nuevo salario mínimo entrará en vigor desde el 1 de enero de 2019, sin esperar al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se presentará después, según ha confirmado en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una conversación informal con los periodistas tras asistir al acto central por el cuadragésimo aniversario de la Carta Magna de 1978. 

 

A partir del día 1 

Montero ha explicado que, aunque los Presupuestos no completen su tramitación parlamentaria hasta mediados de año, la prometida subida de pensiones en función del IPC que incluyan podrá luego tener efecto retroactivo desde enero, pero no ocurre lo mismo con el salario mínimo. 

 

Por ello, y con independencia de la tramitación de los Presupuestos Generales que se presenten en enero, el Gobierno ha preferido adelantar a diciembre esta medida concreta vía decreto ley, que es la norma que permite su aplicación inmediata, aunque luego deba convalidarse en el Congreso. 

 

Esta subida, pactada con Unidos Podemos en el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2019, supone una elevación del 22% del salario mínimo. Según estimaciones del propio Ejecutivo, más de 1.340.000 trabajadores se verían beneficiados por la subida. 

 

Presentar los Presupuestos 

 

Desde el Ministerio de Hacienda han confirmado además la intención del Gobierno de presentar el proyecto de Presupuestos de 2019 el próximo mes de enero, asumiendo que llevarán las cuentas sin tener aún cerrado los apoyos para garantizar su aprobación. 

 

Así, han reconocido que probablemente conocerán si las cuentas superan su primer examen parlamentario, el debate de totalidad, el mismo día de la votación, y esperan que los grupos permitan su tramitación para poder negociar y decidir el futuro de los Presupuestos durante la fase de enmiendas. 

 

Trabajar en enero 

 

La llegada al Congreso de los Presupuestos en enero implicaría previsiblemente habilitar el mes de enero para la actividad parlamentaria, una posibilidad ya tanteada en la Cámara Baja a la propia Comisión de Presupuestos. 

 

El Reglamento del Congreso ya establece que el proyecto presupuestario tiene prioridad en la Cámara sobre cualquier iniciativa en tramitación, pero, en todo caso, la decisión de habilitar el mes de enero tendrá que adoptarla la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos cuentan con mayoría. 

 

Paralelamente, la propia ministra tiene aún pendiente su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, después de que rechazara acudir a la sesión convocada para la misma el pasado 21 de noviembre, y proponer como fecha la tarde del próximo 20 de diciembre. 

 

El presidente de la Comisión de Presupuestos, Francisco de la Torre, ha señalado que, ahora que el Gobierno ha confirmado su intención de presentar las cuentas, las explicaciones de la ministra están aún más justificadas. 

 

De la Torre ha indicado que, pese a la propuesta de la ministra, cuyo escrito remitido a la Comisión debe ser calificado primero por la Mesa --al igual que el recurso de amparo presentado por el PP por su ausencia en la comisión de noviembre--, aún no hay acordada una fecha para esta comparecencia. 

 

Fuente: https://www.20minutos.es

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará en diciembre por decreto ley la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y entrará en vigor en el mes de enero, según han confirmado fuentes del Gobierno. El Gobierno materializará así la subida del Salaría Mínimo Interprofesional a 900 euros, frente a los 735,90 euros actuales, una medida que consideran no sólo mejorará los ingresos de las familias, sino que también será bueno para las cuentas públicas, en cotizaciones a la seguridad social e incluso en las expectativas de la creación de empleo. Según datos de la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias, el 34,7% de los asalariados en España (6.304.753 personas) percibieron en 2017 unos ingresos salariales iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) actual, por debajo de los 7.418 euros al año, lo que supone más de 1,1 millones de personas más que en 2007, a pesar de que el número total de asalariados se ha reducido en ese periodo en un millón, hasta los 18,3 millones. Así, el nuevo salario mínimo entrará en vigor desde el 1 de enero de 2019, sin esperar al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se presentará después, según ha confirmado en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una conversación informal con los periodistas tras asistir al acto central por el cuadragésimo aniversario de la Carta Magna de 1978. A partir del día 1 Montero ha explicado que, aunque los Presupuestos no completen su tramitación parlamentaria hasta mediados de año, la prometida subida de pensiones en función del IPC que incluyan podrá luego tener efecto retroactivo desde enero, pero no ocurre lo mismo con el salario mínimo. Por ello, y con independencia de la tramitación de los Presupuestos Generales que se presenten en enero, el Gobierno ha preferido adelantar a diciembre esta medida concreta vía decreto ley, que es la norma que permite su aplicación inmediata, aunque luego deba convalidarse en el Congreso. Esta subida, pactada con Unidos Podemos en el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2019, supone una elevación del 22% del salario mínimo. Según estimaciones del propio Ejecutivo, más de 1.340.000 trabajadores se verían beneficiados por la subida. Presentar los Presupuestos Desde el Ministerio de Hacienda han confirmado además la intención del Gobierno de presentar el proyecto de Presupuestos de 2019 el próximo mes de enero, asumiendo que llevarán las cuentas sin tener aún cerrado los apoyos para garantizar su aprobación. Así, han reconocido que probablemente conocerán si las cuentas superan su primer examen parlamentario, el debate de totalidad, el mismo día de la votación, y esperan que los grupos permitan su tramitación para poder negociar y decidir el futuro de los Presupuestos durante la fase de enmiendas. Trabajar en enero La llegada al Congreso de los Presupuestos en enero implicaría previsiblemente habilitar el mes de enero para la actividad parlamentaria, una posibilidad ya tanteada en la Cámara Baja a la propia Comisión de Presupuestos. El Reglamento del Congreso ya establece que el proyecto presupuestario tiene prioridad en la Cámara sobre cualquier iniciativa en tramitación, pero, en todo caso, la decisión de habilitar el mes de enero tendrá que adoptarla la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos cuentan con mayoría. Paralelamente, la propia ministra tiene aún pendiente su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, después de que rechazara acudir a la sesión convocada para la misma el pasado 21 de noviembre, y proponer como fecha la tarde del próximo 20 de diciembre. El presidente de la Comisión de Presupuestos, Francisco de la Torre, ha señalado que, ahora que el Gobierno ha confirmado su intención de presentar las cuentas, las explicaciones de la ministra están aún más justificadas. De la Torre ha indicado que, pese a la propuesta de la ministra, cuyo escrito remitido a la Comisión debe ser calificado primero por la Mesa --al igual que el recurso de amparo presentado por el PP por su ausencia en la comisión de noviembre--, aún no hay acordada una fecha para esta comparecencia.

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3510474/0/subida-smi-decreto-ley-gobierno/#xtor=AD-15&xts=467263

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará en diciembre por decreto ley la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y entrará en vigor en el mes de enero, según han confirmado fuentes del Gobierno. El Gobierno materializará así la subida del Salaría Mínimo Interprofesional a 900 euros, frente a los 735,90 euros actuales, una medida que consideran no sólo mejorará los ingresos de las familias, sino que también será bueno para las cuentas públicas, en cotizaciones a la seguridad social e incluso en las expectativas de la creación de empleo. Según datos de la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias, el 34,7% de los asalariados en España (6.304.753 personas) percibieron en 2017 unos ingresos salariales iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) actual, por debajo de los 7.418 euros al año, lo que supone más de 1,1 millones de personas más que en 2007, a pesar de que el número total de asalariados se ha reducido en ese periodo en un millón, hasta los 18,3 millones. Así, el nuevo salario mínimo entrará en vigor desde el 1 de enero de 2019, sin esperar al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se presentará después, según ha confirmado en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una conversación informal con los periodistas tras asistir al acto central por el cuadragésimo aniversario de la Carta Magna de 1978. A partir del día 1 Montero ha explicado que, aunque los Presupuestos no completen su tramitación parlamentaria hasta mediados de año, la prometida subida de pensiones en función del IPC que incluyan podrá luego tener efecto retroactivo desde enero, pero no ocurre lo mismo con el salario mínimo. Por ello, y con independencia de la tramitación de los Presupuestos Generales que se presenten en enero, el Gobierno ha preferido adelantar a diciembre esta medida concreta vía decreto ley, que es la norma que permite su aplicación inmediata, aunque luego deba convalidarse en el Congreso. Esta subida, pactada con Unidos Podemos en el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2019, supone una elevación del 22% del salario mínimo. Según estimaciones del propio Ejecutivo, más de 1.340.000 trabajadores se verían beneficiados por la subida. Presentar los Presupuestos Desde el Ministerio de Hacienda han confirmado además la intención del Gobierno de presentar el proyecto de Presupuestos de 2019 el próximo mes de enero, asumiendo que llevarán las cuentas sin tener aún cerrado los apoyos para garantizar su aprobación. Así, han reconocido que probablemente conocerán si las cuentas superan su primer examen parlamentario, el debate de totalidad, el mismo día de la votación, y esperan que los grupos permitan su tramitación para poder negociar y decidir el futuro de los Presupuestos durante la fase de enmiendas. Trabajar en enero La llegada al Congreso de los Presupuestos en enero implicaría previsiblemente habilitar el mes de enero para la actividad parlamentaria, una posibilidad ya tanteada en la Cámara Baja a la propia Comisión de Presupuestos. El Reglamento del Congreso ya establece que el proyecto presupuestario tiene prioridad en la Cámara sobre cualquier iniciativa en tramitación, pero, en todo caso, la decisión de habilitar el mes de enero tendrá que adoptarla la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos cuentan con mayoría. Paralelamente, la propia ministra tiene aún pendiente su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, después de que rechazara acudir a la sesión convocada para la misma el pasado 21 de noviembre, y proponer como fecha la tarde del próximo 20 de diciembre. El presidente de la Comisión de Presupuestos, Francisco de la Torre, ha señalado que, ahora que el Gobierno ha confirmado su intención de presentar las cuentas, las explicaciones de la ministra están aún más justificadas. De la Torre ha indicado que, pese a la propuesta de la ministra, cuyo escrito remitido a la Comisión debe ser calificado primero por la Mesa --al igual que el recurso de amparo presentado por el PP por su ausencia en la comisión de noviembre--, aún no hay acordada una fecha para esta comparecencia.

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3510474/0/subida-smi-decreto-ley-gobierno/#xtor=AD-15&xts=467263

  Sindicato Profesional Vigilantes

SPV CADIZ compartir esta noticia

Gobierno y Podemos pactan subir el salario mínimo a 900 euros y endurecen el IRPF a las rentas de más de 130.000 euros

El Gobierno y Podemos se reúnen en Moncloa tras alcanzar un principio de acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado

Podemos amaga con votar 'no' a los Presupuestos

Pedro Sánchez promete cerca de 300 millones más sin tocar la financiación

El Gobierno y Podemos han cerrado un acuerdo presupuestario que incluye, entre otras medidas, una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, lo que supone un incremento de 164 euros. Con esta medida, ambas partes pretenden prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico.
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y Pablo Sánchez han estado reunidos durante la madrugada para sellar este acuerdo que también incluye una subida de las pensiones conforme al IPC previsto. Sin embargo, si la inflación acaba registrando una desviación al alza, se llevará a cabo una paga compensatoria a final de año. Además, las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%, dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los perceptores de las mismas
Asimismo, "se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros", tal y como se recoge en el documento al que ha tenido acceso este periódico. "El tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros", añade.

Fuente:  http://www.elmundo.es

  Sindicato Profesional Vigilantes

SPV CADIZ compartir esta noticia

El juez declara ilícita la rebaja salarial de una empresa hasta el salario mínimo

IMESAPI, de mantenimiento de cabinas telefónicas, rebajó un 75% el sueldo de sus empleados.

El tribunal obliga a la firma a devolverles la diferencia e indemnizarles por daños morales.

El magistrado subraya la falta de voluntad negociadora de la compañía.

El juzgado de lo Social número 16 de Barcelona ha estimado que la rebaja salarial hasta el Salario Mínimo Interprofesional impuesta de forma unilateral por la empresa IMESAPI a sus trabajadores en agosto de 2013 es “injustificada”, sin causas objetivas, “ilícita y contraria a derecho”. El juez, que subraya la falta de voluntad negociadora de la empresa, obliga a la empresa a pagar a los ocho trabajadores afectados la diferencia entre el SMI y sus anteriores sueldos (entre 11.500 y casi 17.000 euros) y a indemnizarles con mil euros a cada uno en concepto de daños morales. La defensa, que ha llevado el abogado Jordi Juan, del Col.lectiu Ronda, pedía 90.000 euros para cada uno. El juez también declara “vigente” el convenio colectivo (y sus tablas salariales) anterior a la rebaja. Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En agosto pasado, ocho trabajadores de la empresa IMESAPI, que pertenece al grupo ACS (la firma se llamaba Auditel antes de ser subrogada por el conglomerado) y se dedica al mantenimiento de cabinas telefónicas, vieron como de la noche a la mañana la dirección les rebajó el sueldo de los 3.000 euros brutos que cobraban de media hasta los 645,3 euros que fija Salario Mínimo: una rebaja del 75%. La empresa dio el convenio colectivo por caducado sin negociar con los representantes de los trabajadores (pese a que lo requirieron hasta tres veces y lo denunciaron ante la Inspección de Trabajo) y pese a una cláusula que preservaba la vigencia más allá de su caducidad hasta que no hubiera un nuevo acuerdo. El convenio había caducado en 2012 y, como es preceptivo, los empleados lo denunciaron con el objetivo de comenzar las negociaciones para acordar uno nuevo, incluso elaboraron y así lo comunicaron, la preceptiva plataforma de negociación. La decisión unilateral de la dirección llegó cuando finalizó el periodo de ultractividad de un año, como establece la Reforma Laboral: de hoy para mañana las relaciones laborales de la empresa pasaron a depender de las condiciones de mínimos que fija el Estatuto de los Trabajadores.

El juez califica de “deliberadamente rebelde” la actitud de la empresa al hacer oídos sordos a las peticiones de negociación, hasta el punto de concluir que “constituye una vulneración al derecho a la libertad sindical en su vertiente del derecho a la negociación colectiva”. Entiende que la empresa ha actuado “con menosprecio de toda negociación” y cree que “no existe justificación alguna” ni de la reducción salarial ni de la negativa a negociar “a pesar de los requerimientos de los trabajadores en múltiples ocasiones haciendo caso omiso a sus comunicaciones”. En el capítulo de los fundamentos de derecho insiste en que la dirección no contestó “ni tuvo intención de sentarse a negociar” y que “no es de recibo” que alegara falta de tiempo y que “por toda alegación” afirmara que “estaba ocupada en otras cuestiones”.

El juez califica de “deliberadamente rebelde” la actitud de la empresa

El abogado que ha llevado la defensa de los trabajadores, Jordi Juan, subraya de esta sentencia “que acredita la mala fe de la empresa y demuestra el fracaso de la Reforma Laboral que se nos vendió como un instrumento para facilitar la negociación colectiva, cuando en realidad abre la puerta a medidas unilaterales”. “La sentencia muestra los desequilibrios entre empresarios y trabajadores, a favor de quien está redactada y que en realidad es una instrumento para bajar salarios”, opina el abogado.

IMESAPI, que ganó la concesión para mantener las cabinas públicas de la provincia de Barcelona en mayo de 2012, había actuado anteriormente de la misma forma con su plantilla en el País Vasco, donde también obtuvo una sentencia contraria a la decisión de dar por finiquitado el convenio. Antes de dictar sentencia, el juez ya había aceptado como medida cautelar el restablecimiento del convenio en febrero, una medida que atenuaba la situación de los trabajadores, que durante seis meses han cobrado solo los 654 euros del SMI. Y es que el magistrado se refiere el daño que para los trabajadores puede haber causado en la “atención de sus necesidades primarias” la “súbita, inesperada e injustificada reducción salarial” para la que no existe “causa objetiva como podría ser una causa técnica, económica, organizativa o de producción”. El juez también se refiere a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que si bien justifica la reducción de las comisiones que recibían unos trabajadores para ganar competitividad, alerta de que para evitar “dumping social […] no pueden ser admisibles en cualesquiera términos”.

Los empleados llevan tiempo alertando de que la empresa ganó el concurso de Telefónica porque “reventó” la selección con una oferta muy baja. “Desde entonces, hemos sufrido la discriminación de la empresa que no nos facilitaba herramientas y ha querido trasladar trabajadores a Bolívia, Perú o a trabajar en tareas de mantenimiento en la prisión de Ceuta”, afirmaba la víspera del juicio, el 19 de febrero, Josep Alpuente, representante del comité de empresa.

 

Fuente:  http://ccaa.elpais.com