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jueves, 12 de diciembre de 2013

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El Ministerio del Interior justifica la nueva ley de seguridad privada para "consolidar" un sector "en pleno crecimiento"

El secretario de Estado de Seguridad recuerda que da empleo a casi 90.000 personas y factura más de 3.600 millones de euros al año
 
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha justificado este miércoles la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Privada al afirmar que uno de sus objetivos principales es "ayudar a que se consolide un sector económico" que, a pesar de las dificultades que ha sufrido a causa de la crisis en los últimos años, está "en pleno crecimiento". Para lograr este objetivo, ha explicado Martínez, el proyecto de ley, que actualmente se encuentra tramitación parlamentaria, propone un nuevo "marco legal sólido" para un "servicio público esencial", como es el de la seguridad. "Lo que no debemos hacer en el ámbito de la seguridad es tomar falsos atajos o ir trampeando. Por eso, si no hay seriedad y adaptación a los nuevos tiempos, todo el sector lo sufrirá", ha remarcado durante la ceremonia de entrega de los Trofeos de la Seguridad que patrocina la revista Seguritecnia, a la que han acudido decenas de representantes del sector.

De este modo, el secretario de Estado ha subrayado que la nueva ley "quiere ayudar a que se consolide un sector económico que da empleo a cerca de 90.000 personas, agrupa a más de 1.500 empresas y factura más de 3.600 millones de euros anuales". "Hablamos de un servicio público esencial, que es el de la seguridad. Está en juego el bienestar de los ciudadanos, la protección de personas y bienes, la garantía última de derechos tan importantes como la intimidad, la privacidad o la inviolabilidad del domicilio", ha apuntado.

Coordinación entre lo público y lo privado Según el secretario de Estado, todos estos objetivos para garantizar la seguridad de los ciudadanos suponen una "meta lo suficientemente ambiciosa" para que los poderes públicos puedan actuar solos, de ahí que, a su juicio, sea "necesaria" la coordinación con el sector privado. Así pues, ha garantizado ante los representantes de este sector que el Gobierno les "tiende la mano para que la colaboración redunde en beneficio de todos y para escuchar en todo momento las inquietudes del sector y acompañarles en el crecimiento, en la creación de empleo e incluso en aventuras tan necesarias como la internacionalización empresarial". "España es un país seguro, con un sector de la seguridad próspero, y estos factores llevarán a que nuestras empresas puedan exportar soluciones de seguridad a otros mercados. Sepan que en esa salida al exterior pueden y deben contar con el respaldo del Ministerio del Interior", ha indicado.

Incluidas las sugerencias del sector Por su parte, el presidente del Consejo Asesor de Seguritecnia, Miguel Ángel Fernández Roncaño, ha agradecido al Gobierno la elaboración de una nueva Ley de Seguridad Privada porque en su redacción "ha cumplido lo que prometió", adaptando la norma ya existente a "los nuevos tiempos". Además, ha valorado que en la elaboración del proyecto el ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz haya tenido en cuenta "muchas de las sugerencias" que el propio sector aportó, de ahí que haya afirmado que la nueva ley les da "esperanzas para desarrollar nuevas ideas y nuevos campos en los que trabajar".
 
FUENTE: estrelladigital.es AQUÍ

lunes, 17 de junio de 2013

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APROBADO EL PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA


  • El nuevo texto legal define la seguridad privada como complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública.
  • Las empresas de seguridad privada podrán realizar nuevos servicios a los que hasta ahora no podían acceder salvo encargos de investigación privada.
  • Han realizado observaciones 44 entidades representativa del sector de la seguridad privada, detectives privados, sindicatos, gremio de joyeros, así como la FEMP y la Generalitat de Cataluña.
El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Seguridad Privada, que impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, y abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no estaban recogidos en anterior normativa de 1992. Además, la nueva Ley combatirá el intrusismo, lo que conllevará graves sanciones como el cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación.
La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. Este sector está compuesto por 1.490 empresas, con una plantilla de 85.000 personas y una facturación de 3.215 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes a 2012.
España es uno de los Estados miembros de la Unión Europea con más policías por habitante (516 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la Unión Europea). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en 195 por cada 100.000 habitantes, 76 menos que la media de la Unión Europea.
En su momento, la actual normativa de Seguridad Privada, que data de 1992, fue pionera e imitada por los países de nuestro entorno. No obstante, veinte años después de su aplicación ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficiencias y lagunas.
Aportaciones de diferentes sectores
Una vez presentado al Consejo de Ministros el pasado 12 de abril, el Ministerio del Interior entregó el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada a las entidades representativas del sector de la seguridad privada en España. En estos dos meses se han recibido 44 observaciones de varias entidades del sector, detectives privados, sindicatos, gremio de joyeros, así como la Federación Española de Municipios y Provincias, y la Generalitat de Cataluña. Además, se ha contado con los informes de la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de la Competencia y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Principales novedades
Así, a partir de ahora, la nueva Ley de Seguridad Privada recoge el deber de comunicar los contratos al Registro Nacional de Seguridad Privada, sin que dicha comunicación incluya datos de carácter personal.
Se refuerza, además, el deber de reserva profesional de los detectives, que sólo podrán informar de sus investigaciones a sus clientes o a los órganos judiciales y policiales en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas con atribuciones en esta materia, el nuevo texto clarifica la distribución de estas competencias, a la luz de las modificaciones de los Estatutos de Autonomía en los últimos años.
En el caso concreto de la Generalitat de Cataluña, se han mantenido contactos de carácter técnico en los que se ha alcanzado un importante grado de consenso, salvo en lo que se refiere a la inscripción de la apertura de los despachos de detectives cuya competencia, en todo caso, reside en el Estado.
Otra de las novedades que recoge el nuevo Proyecto de Ley es la liberalización de la consultoría de seguridad. Es decir, si antes era necesaria la elaboración de análisis de riesgos, informes, planes y auditorías de sistemas de seguridad, todas ellas, actividades de seguridad privada que requerían autorización, a partir de ahora se sustituyen determinadas autorizaciones previas para el ejercicio de ciertas actividades por declaraciones responsables, sin perjuicio de la facultad de comprobación administrativa..
Finalmente, los servicios que no podrán realizar las empresas de seguridad privada son los de investigación privada, reservados a las agencias de detectives.
 
14/06/2013