JEREZ: "Encima de que pago mis impuestos no voy a pagar una seguridad privada"

La calle Medina cuenta desde febrero con seguridad privada para sofocar el mercadeo ilegal que se producía en la zona.

Comerciantes y vecinos sufragan el gasto, aunque alguno se ha negado porque no considera adecuado pagar por una seguridad que debería garantizar la Policía.

Policías Nacionales conversan con el vigilante contratado por los comerciantes y vecinos de la calle Medina.

El pasado 7 de noviembre una disputa entre dos súbidos rumanos acababa con una puñalada en la céntrica calle Medina. El suceso, que afortunadamente quedó sólo en un susto, significó el "basta ya" de los comerciantes y vecinos del entorno, que llevaban tiempo denunciando el trapicheo, las peleas y la mala imagen que daban estos ciudadanos frente al conocido comercio de compra y venta Cash Converters.

Si hace ya un par de años el Ayuntamiento decidió colocar pivotes frente al comercio para que los coches no pudieran aparcar allí -y con ello evitar que estas personas mercadearan a escondidas- fue tras la puñalada cuando decidió reforzar Medina con más patrullas del 092. La Policía Nacional, por su parte, también tomó cartas en el asunto y reforzó su presencia durante la época navideña. Sin embargo, tras las fiestas la presencia policial disminuyó, lo que hizo pensar a comerciantes y vecinos la posibilidad de contratar seguridad privada para evitar que los indeseables volvieran a campar a sus anchas.

En un principio, fue el propio Cash Converters quien se hizo cargo en exclusiva de la seguridad, si bien esto obligaba a que el mismo sólo estuviera presente en el comercio. Por ello, para dar mayor seguridad a la calle, diferentes comerciantes y vecinos decidieron desde febrero pagar también una parte para que el vigilante tenga mayor presencia, en concreto desde el tramo comprendido entre el hotel Joma y el Villamarta.

Llegados a este punto se abre un debate: si pagamos impuestos para, entre otras cosas, tener una Policía Local. ¿Por qué es necesario llegar a este extremo?



Mari Paz Collado, de 'Lorena alta costura',
negocio que se ha negado a pagar el vigilante privado.

Esto mismo se lo han planteado algunos comerciantes, algunos de los cuales ha aceptado pagar, mientras que otros se han negado a abonar un dinero extra al mes por una seguridad que piensan debería dar el propio Ayuntamiento. Es el caso de Mari Paz Collado, propietaria de Lorena alta costura. "Nos están poniendo mil trabas. Desde que me levanto ya estoy pagando, y aquí sólo de contribución son 1.500 euros. Y luego pago también mi alarma como para encima tener que pagar un seguridad pagando como pago mis impuestos", señala la comerciante, que así y todo indica que "me parece muy bien que se ponga, pero el que pueda pagarlo, porque hay veces que no me meto ni un euro en el bolso. Y eso que yo tengo suerte de poder seguir aquí, porque hay otros que no van a poder decir lo mismo" (justo enfrente suya, en Socorro Vega, un cartel de liquidación por cierre luce en la puerta).

Mari Paz Collado también piensa que se ha creado "psicosis" con el tema de Medina, algo que afecta a las ventas -"alguna clienta ya me ha dicho que no viene por esta gente"-, a la par que afirma tener miedo "sólo de una carta de hacienda". Y eso que en su comercio ya han intentado robar. "En navidades pillé a uno llevándose una chaqueta. Me fui detrás de él, lo cogí del hombro y le dije que estaba jugando con el pan de mi familia".

En Tintorería Pina, a escasos cinco metros de Cash Converters, su propietario, José María, reconoce que la situación, sin llegar a normalizarse del todo, "está mucho mejor", y aunque también lamenta que "hayamos tenido que llegar a esto pagando impuestos", paga la cuota, unos 20 euros, con gusto con tal de no vivir las situaciones que se llegaban a vivir. "A mi madre, con 70 años, la puñalada le cogió delante. Lo mejor de todo es que el que la dio, a la semana siguiente ya estaba aquí otra vez vendiendo".

 

Otro negocio que paga una parte de la cuota mensual de la seguridad privada es precisamente uno similar a Cash Converters, ya que es otra tienda de compra y venta, City Finance. Antonio Ruiz y Antonio Barriga también reconocen que la calle está "más tranquila", aunque "esta gente aprovecha cuando el vigilante se va a comer para acercarse por aquí".

En Pleximar, negocio regentado por el presidente de la Asociación Unión de Comerciantes de Jerez, Asunico, Manuel García, afirma que la medida que decidieron tomar se debe, de un lado, a que "la policía se siente muchas veces atada de pies y manos, porque esta gente sabe latín y conocen hasta dónde puede llegar la Ley". De otra parte, entiende que "si no cortamos esto ahora se puede producir un deterioro de la calle con la pérdida consiguiente de clientes. Además había un ambiente que no invitaba a salir a la calle".

Por último, desde el punto de vista de los vecinos, el presidente de la asociación vecinal Albarizuela-Los Descalzos, Antonio Calvo, señala que la situación llegó a tal extremo que se hizo necesario contratar seguridad privada. "Era de miedo, y esto daba muy mala imagen, y además pagando una pasta por vivir aquí, porque mis impuestos son los mismos que los de la calle Larga".

En cuanto al tiempo en que podrán seguir pagando un vigilante, Calvo no da fechas, aunque reconoce que esto "no puede ser para siempre. Imagino que dejaremos un mes sin vigilancia como prueba y dependiendo de lo que veamos haremos una cosa u otra".

 

Fuente:  http://www.lavozdelsur.es

Los vigilantes privados conquistan la calle

Mezclados entre el gentío, dos vigilantes privados, recorren la calle de Preciados y los alrededores de la Puerta del Sol. Ojo avizor, atentos a todo lo que se mueve a su alrededor, los uniformados ven cómo un joven huye tras pegar un tirón del bolso de una mujer. Uno de los vigilantes echa a correr y atrapa al ladrón en unos pocos segundos. Es una escena que ahora mismo ya se puede producir, aunque sin respaldo legal. Lo tendrá cuando el Parlamento apruebe la Ley de Seguridad Privada, que amplía el radio de acción de los vigilantes a las zonas comerciales peatonales. Esta innovación, junto con otras que facultarán a los vigilantes a actuar “en recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma” ha causado cierta controversia tanto entre los partidos políticos como entre la ciudadanía. Las críticas, sobre todo, se centran en la posibilidad de que eso suponga una dejación de las funciones del Estado y profundice en la dualidad de seguridad ciudadana: por un lado, la que se paguen los ciudadanos o las empresas; por otra, la que ejerce el Ministerio del Interior a través de la policía y la Guardia Civil.

 

“El Gobierno ha convertido la seguridad en una oportunidad de negocio. El PP ha dado un brusco giro hacia la privatización de la seguridad”, se queja el diputado socialista Antonio Trevín. “La nueva ley pasa de contemplar la seguridad privada como subordinada a los cuerpos de seguridad a considerarla complementaria, planteando su relación con la pública en un plano de cooperación y corresponsabilidad”, añade. Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Plural, opina también que la norma oculta “una tendencia clarísima a la privatización de la seguridad”. “La implantación de vigilantes privados en zonas comerciales es novedoso. Nos hemos inspirado en el modelo que existe en barrios similares en las ciudades suecas de Malmö y Gotemburgo”, explica Eduardo Cobas, secretario general de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER). “Ahora se podrá patrullar, por ejemplo, por la calles de Preciados o Carmen y hacerlo de forma permanente”, añade Cobas, quien admite que este tipo de servicios ya se presta hoy, haciendo una interpretación extensiva de la vigente ley, para vigilar en espacios abiertos como procesiones religiosas o zonas playeras.

 

En España hay actualmente 1.490 empresas de seguridad privada con 82.150 vigilantes (el 22% de los cuales van provistos de armas de fuego). El año pasado tuvieron una facturación de 3.000 millones de euros, un volumen de dinero que ha ido cayendo desde el año 2008, en el que facturaron 3.730 millones. Es previsible que esta cifra engorde gracias a las posibilidades de negocio que abre la nueva ley.Fuentes de Interior admiten que “el patrullaje por vigilantes privados de zonas comerciales peatonales ya se viene haciendo desde hace tiempo, aunque sin respaldo legal, y no ha planteado problemas”. La ley en ciernes “abre nuevos espacios a la seguridad privada, si bien lo que hará en la mayoría de las ocasiones es dar cobertura de legalidad a lo que ya era una realidad”, ha dicho el propio ministro, Jorge Fernández Díaz.

El dueño de una empresa de seguridad con 2.000 vigilantes, que pide el anonimato, arguye: “La demanda de seguridad de quienes tienen comercios en zonas peatonales o que viven en urbanizaciones es un hecho. La seguridad pública no puede dar satisfacción a todos. Y ahí entramos nosotros. ¿Es que a los ciudadanos les gustaría que les subieran los impuestos para que haya más policías o guardias civiles?” “Al final, lo que se hace es poner la seguridad pública al servicio de la seguridad privada, que no deja de ser un negocio”, ha criticado José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. La Asociación Unificada de Guardias Civiles está “rotundamente en contra” de esta ley por entender que conlleva “una privatización encubierta” de la seguridad pública, además de abrir la puerta a “policías baratos”.

Cobas, el portavoz de las grandes compañías de seguridad, lo explica: “Si hay un acto cultural en la plaza de Celenque [al lado de la Puerta del Sol madrileña], podremos acotar ese espacio y hacer controles y cacheos de quienes quieran entrar”.Ahora mismo, los vigilantes privados pueden patrullar por las calles de urbanizaciones cerradas y que tengan garitas de control en sus accesos. El artículo 41 de la futura ley relaja mucho más las cosas al contemplar la posibilidad de hacer este tipo de protección “en recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma”. Y no solo eso, sino que es factible “la vigilancia en espacios o vías públicas en supuestos distintos de los previstos” en ese artículo.

 

FUENTE: elpais.com AQUÍ