Los guardias civiles denuncian un “derroche” de 115 millones al privatizar la seguridad penitenciaria

La Asociación Unificada de Guardias Civiles propone a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado iniciativas para que no se renueve el contrato a las empresas adjudicatarias.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia hoy el “gasto innecesario” que supone la privatización de la seguridad penitencia e informa que “sumando todos los contratos sucesivos incluido el de 2017, desde que se inició el proceso privatizador en mayo de 2013 son ya más de 115 millones de euros de dinero público derrochados en beneficio de las empresas de seguridad privada, por unos servicios absolutamente innecesarios y duplicados”.

Explica esta asociación profesional del Instituto Armado que “la segunda fase del contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios se desarrolló durante dos años, entre octubre de 2014 y septiembre de 2016, con un coste de más de 66 millones de euros, y en enero de 2017 ha empezado la tercera fase, aprobada por el Gobierno en pleno agosto y cuando se encontraba en funciones, con un coste superior a los 34 millones”.
Señala la AUGC que dado que “en ningún momento se había informado sobre el coste que han tenido los tres meses durante los que se prorrogó automáticamente el contrato de la segunda fase solicitó esa información a través del portal de transparencia, y el Ministerio del Interior ha contestado que durante octubre, noviembre y diciembre de 2016 la seguridad privada supuso un gasto adicional de 7.791.151 euros”. Por lo que calcula que desde que se inició el proceso privatizador en mayo de 2013 ya se han destinado de 115 millones de euros de dinero público a este proceso privatizador.
Informa AUGC que también ha preguntado por qué se han adjudicado a la empresa OMBUDS tres de los cuatro lotes que componen el nuevo contrato iniciado en enero de este año –27 de los 34 millones–, y dice que el Ministerio del Interior ha contestado que “la adjudicación de cada uno de los lotes se realizó al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para la Administración”. Por lo que pregunta “a qué se debe el cambio de criterio del Gobierno”, ya que cuando se inició la segunda fase el Consejo de Ministros dijo que “el contrato se estructura en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato, de tal manera que cada lote se adjudique a un licitador diferente”.
AUGC afirma en un comunicado que “es inaceptable que se prolongue una medida privatizadora cuyo único fin es el enriquecimiento de los propietarios de las empresas de seguridad privada, puesto que los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones ínfimas en comparación con la jugosa cuantía del contrato”.
Recordando que “desde su inicio, este proceso privatizador ha concitado el rechazo total de guardias civiles, policías, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, organizaciones sindicales, partidos políticos y la mayor parte de la sociedad, sobre todo porque es absolutamente innecesario, ya que los vigilantes y los guardias civiles y policías están desempeñando los mismos cometidos de modo duplicado”.
Por ello, esta asociación afirma estar trasladando a los grupos parlamentarios “su propuesta para que se adopten iniciativas en el Congreso y Senado orientadas a que el actual contrato no sea renovado cuando finalice” al considerar que “es responsabilidad de los representantes parlamentarios atajar la privatización de la seguridad pública que se ha iniciado por los centros penitenciarios, pero que sin duda se extenderá a otros ámbitos si no existe un firme rechazo social y político”.

 

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    Sindicato Profesional Vigilantes

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OMBUDS "ADJUDICATARIA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PENITENCIARIOS"

La empresa de Seguridad Privada OMBUDS, ha remitido una carta al Comite de Empresa, informando de su intención de realizar una extinción colectiva de contratos de trabajo (despidos colectivos) en el servicio METRO DE MADRID amprándose en el articulo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

Asi mismo, en la misma misiva informa que ha sido adjudicataria de los servicios de seguridad penitenciaria de Madrid y que están en disposición de recolocar trabjadores en estos centros de trabajo, hasta un máximo de 234 trabajadores sin arma y otros 34 armados a partir del próximo 1 de octubre.

En la misma comunicación escrita explican como serian las condiciones del personal recolocado y adjuntan un modelo de solicitud para acceder a la mencionada recolocacion.

La prestación del servicio no incluye ningun complemento específico, y el abono y las condiciones son las referidas en el convenio estatal.

 

Podeis ver aqui el escrito y las condiciones de recolocacion aquí

 

Fuente. el pregon

Interior contratará Seguridad privados para vigilar el perímetro de todas las cárceles

 

El Ministerio del Interior ha decidido extender a todos los centros penitenciarios de España la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones. Hasta ahora, el departamento de Jorge Fernández Díaz sólo había implantado este modelo en 21 de los 68 centros administrados por Instituciones Penitenciarias en el marco de un programa piloto iniciado en mayo de 2013. Pero el Ejecutivo acaba de adelantar que en breve ejecutará una segunda fase de ese plan para que guardias privados comiencen a asumir de forma generalizada la labor de vigilancia exterior de las cárceles, un trabajo que hasta ahora sólo podían desarrollar los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad.

El propio Gobierno ha anunciado esta medida en una respuesta parlamentaria. “En una primera fase, el Plan se ha desarrollado como modelo en 21 centros penitenciarios. En la segunda fase se incorporarán los restantes centros penitenciarios, no siendo posible en estos momentos cuantificar el coste que supondrán los servicios de seguridad privada”, explica el Ejecutivo en su contestación, recogida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado 24 de abril.

Esa afirmación implica un cambio relevante en el modelo de gestión de los centros penitenciarios. Hasta ahora, Interior había mantenido que la contratación de personal privado estaba únicamente en fase de pruebas y que su aplicación se limitaba a un limitado porcentaje de cárceles. Pero el Gobierno reconoce ahora por primera vez que la medida se extenderá a las 68 prisiones que dependen de la Administración del Estado –los centros catalanes son competencia de la Generalitat– y que, además, ese modelo tiene vocación de permanencia.

Vallados, cámaras y accesos

Según especifica Moncloa, el objetivo de la contratación de personal privado es “optimizar los recursos humanos de los centros penitenciarios”. “Se pretende que determinadas funciones auxiliares sean asumidas por vigilantes de seguridad privada, siempre bajo la dirección y supervisión de la Unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tenga encomendada la responsabilidad de la seguridad del centro penitenciario afectado, contribuyendo con todo ello a la recuperación de efectivos policiales para asumir funciones de seguridad ciudadana”, afirma el Gobierno.

Un agente de la Policía a las puertas de la cárcel de Segovia. (EFE)

En concreto, la vigilancia del perímetro de las cárceles implica el control de los vallados y muros exteriores, la supervisión de las cámaras de seguridad y la comprobación de los accesos reservados a familiares, entre otras funciones. Hasta mayo de 2013, esa vigilancia era desempeñada en exclusiva por la Guardia Civil o la Policía Nacional (dependiendo de sus competencias en la zona de la prisión), y por las policías autonómicas en los territorios con las competencias de seguridad transferidas.

El aval de la Ley de Seguridad Privada

El Ministerio del Interior extenderá este modelo con la cobertura de la nueva Ley de Seguridad Privada, aprobada definitivamente por el Congreso el pasado mes de marzo y publicada en el BOE el 4 de abril. En su artículo 41.3, la norma habilita expresamente a los vigilantes de seguridad privada para prestar ese servicio, y en el artículo 40.1 les concede la posibilidad ejercer esa labor portando armas de fuego “cuando lo requieran las circunstancias”. No obstante, la Ley de Seguridad Privada obliga a que ese trabajo se realice bajo la “dirección” de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una condición que subraya Interior para recordar que el Estado seguirá siendo el máximo responsable de ese control.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE)

Interior no ofrece datos sobre el coste que tendrá la entrega de ese servicio al sector privado. La primera fase de este programa fue adjudicada a una unión temporal de empresas compuesta por ocho compañías del sector de la seguridad. En total, ha supuesto la contratación de 254 vigilantes de seguridad. Lo que sí asegura en otra respuesta parlamentaria es que los informes internos que ha realizado Instituciones Penitenciarias para evaluar el resultado del programa piloto han concluido que “los servicios prestados” por las empresas de seguridad privada “han cumplido en su totalidad con las condiciones establecidas en el contrato y Pliego de Prescripciones Técnicas”.

Reorganización de las plantillas

Desde la cartera de Fernández Díaz aseguran que el único objetivo de este plan es liberar para otras funciones a las plantillas de las Fuerzas de Seguridad que hasta ahora realizaban en exclusiva la vigilancia perimetral de las cárceles. Para esta labor, cada centro penitenciario cuenta con una dotación media de entre 40 y 50 agentes públicos. Interior quiere que esa cifra se reduzca drásticamente con la llegada de personal privado.

La medida cuenta con la oposición frontal de los principales sindicatos de prisiones, que consideran que en realidad se trata de una estrategia premeditada para que el personal privado desplace progresivamente a los funcionarios en todos sus cometidos. A su juicio, la contratación de guardias privados para la vigilancia perimetral sólo es la primera parte de ese plan. Los representantes de los funcionarios de prisiones aseguran que la nueva Ley de Seguridad Privada que ha sacado adelante el Gobierno permite incluso al sector privado ofrecer sus servicios dentro de las cárceles, no sólo en la vigilancia exterior. En su opinión, sólo es cuestión de tiempo que el personal contratado empiece a trabajar también en el interior, una posibilidad que desmienten desde el Ministerio.

 

Fuente:  http://www.elconfidencial.com