La autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma recae sobre los presidentes autonómicos, que podrán adelantar o atrasar el toque de queda una hora, pero no eliminarlo. Madrid, por ejemplo, quería ir a las 00.00, algo que se le permitirá. El órgano de cogobernanza que dirigirá la crisis será el consejo interterritorial de salud, que se suele reunir los miércoles. España no cierra las fronteras y marca excepciones para el toque de queda para Canarias, una de las comunidades con mejores datos, para salvar en lo posible el turismo. “Toda Europa está tomando ya medidas para limitar la movilidad. La situación que vivimos es extrema”, ha señalado el presidente, Pedro Sánchez, para justificar esta decisión.
El presidente ha pedido “un abrumador respaldo parlamentario” para esta medida, metiendo así presión al PP. Sánchez ha anunciado que ha llamado a Pablo Casado, líder del PP, para comunicarle estas medidas y pedirle apoyo y con otros grupos para garantizar el apoyo al estado de alarma en el Congreso.
El objetivo es llegar a 25 contagiados por cada 100.000 habitantes, ha explicado el presidente. Ahora España está por encima de 400. “Tenemos un largo recorrido por delante, vamos a tener que desplegar un gran ejercicio de resistencia”, después de aclarar que el plazo de 6 meses no es inamovible si los datos mejoran. El presidente además ha garantizado que habrá una rendición de cuentas cada dos semanas aunque no se votará la prórroga cada 15 días como en abril y mayo. El Gobierno ha admitido ya indirectamente que fue un error no prorrogar la alarma en junio, pero lo justifica en que la presión de los demás grupos políticos, en especial el PP pero también de aliados como ERC, lo hizo inviable parlamentariamente.
España vuelve así al estado de alarma siete meses después del Consejo de Ministros del 14 de marzo que lo decretó para frenar la primera ola de la pandemia. Y lo hará esta vez por mucho tiempo si se cumplen los planes del Gobierno. Entonces fue la segunda vez en democracia que se empleaba este instrumento extraordinario, previsto en el artículo 116 de la Constitución. Ahora es la cuarta, ya que también se ha utilizado de forma puntual para poder cerrar Madrid. Sin embargo, este estado de alarma no será como el de marzo, sino más suave, y con la intención de que el Congreso lo prorrogue durante seis meses, hasta el próximo mes de abril.
Otra diferencia con el de marzo es que el Gobierno plantea directamente en su decreto la voluntad de que el estado de alarma dure seis meses. El Gobierno solo puede aprobarlo de momento por 15 días, pero en el texto del decreto ya se incluye la necesidad de prorrogarlo en el Congreso por seis meses. El Ejecutivo no quiere repetir el infierno parlamentario de mayo, con agónicas votaciones cada dos semanas, así que esta vez plantea una prórroga larga de una vez y confía en tener apoyo parlamentario suficiente para que España sea como Italia o Francia, dos países donde nadie discute sobre el instrumento jurídico porque está aprobado para varios meses. En Italia está en vigor desde el inicio de la pandemia y se ha renovado dos veces sin problemas.
El Gobierno ha pensado en un estado de alarma diferente también en lo jurídico. El Gobierno ha trabajado para que la autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma y poner en marcha el confinamiento nocturno recaiga esta vez en los presidentes autonómicos, que así lo han reclamado en varios casos. Así se dará margen a las autonomías para tomar sus propias decisiones y se respetará el principio político, acordado en junio, de que son ellas las que gestionan el grueso de la crisis a partir de la desescalada de la primera ola.
El Gobierno no debería tener problemas en la votación para la prórroga en el Congreso, dentro de dos semanas; Ciudadanos ya le ha ofrecido sus votos; el PNV estará de acuerdo porque fue el País Vasco la primera comunidad que pidió el viernes el estado de alarma –con la autoridad delegada para el lehendakari, eso sí–; y Cataluña también lo ha solicitado, por lo que debería tener los votos de ERC y JxCAT. Sin embargo, el Gobierno insiste mucho en lograr el apoyo del PP, que gobierna en cinco autonomías, entre ellas Madrid: la que más reticente se ha mostrado a aplicar de nuevo un estado de alarma.
El problema de fondo es político. En las conversaciones informales entre consejeros, según varios de ellos, hay un consenso claro sobre el confinamiento nocturno –aunque hay discusión sobre la hora para fijarlo, 22.00, 23.00 o 24.00– y sobre el instrumento del estado de alarma limitado, pero el PP se mostró tan radicalmente en contra del estado de alarma anterior en mayo que ahora tiene problemas para admitir este nuevo. Aún así, el Gobierno ha decidido tirar adelante mientras los populares deciden. De momento, según fuentes tanto del Ejecutivo como del PP, no se han producido conversaciones de nivel entre ambos para llegar a un acuerdo sobre el estado de alarma.
El Gobierno no tiene ninguna intención de volver al confinamiento total de marzo y la paralización económica casi absoluta. Pero sí cree, como la gran mayoría de las autonomías, que un confinamiento nocturno -que implica impedir la movilidad a partir de una cierta hora de la noche salvo casos justificados y con control policial de las calles- puede reducir los contagios. Más del 30% de ellos se están produciendo en reuniones sociales en casas. Todos los gobiernos autonómicos están detectando que el cierre de los bares a una hora no es suficiente, porque muchas personas, en especial los más jóvenes pero no solo, siguen las reuniones en las casas hasta altas horas.
Un contacto prolongado en espacios cerrados y sin ventilación aumenta exponencialmente el riesgo de contagio. Por eso casi la mayoría de los gobiernos están de acuerdo en tener un instrumento que permita a la policía vigilar las calles de noche y complicar así mucho esas reuniones. El control casa por casa es mucho más complicado, así que la fórmula de controlar el movimiento en las calles está asumida como más eficaz. El confinamiento total no está encima de la mesa de momento, y de hecho este estado de alarma se plantea para evitar llegar a esa situación extrema con el destrozo evidente que provoca.
Las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular se han resistido hasta ahora a dar un apoyo explícito al estado de alarma. Dos socialistas (Aragón y Canarias) no lo han solicitado, pero lo respaldan. Las 10 restantes (País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares) lo han solicitado por escrito entre el viernes y este sábado. Las hay con Gobiernos socialistas, regionalistas, nacionalistas y de Ciudadanos, en el caso de Melilla, que también han pedido oficialmente esta norma constitucional para limitar derechos y contener el virus.
El Gobierno tenía pensado aprobar este estado de alarma en el Consejo de Ministros ordinario del martes, después de madurarlo políticamente con las autonomías, que el jueves discutieron ampliamente sobre este asunto en la reunión de la interterritorial de sanidad, con todos los consejeros presentes. Pero la decisión se ha precipitado a este domingo, antes incluso de la conferencia de presidentes de mañana, por la petición en cascada de varias comunidades autónomas el viernes.
La primera fue el País Vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, dio un paso adelante después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbara restricciones a reuniones sociales que quería imponer en la comunidad. Detrás de Euskadi fueron todas las demás. El único problema político real es Madrid, porque según varios consejeros las demás autonomías, incluso las del PP, se mostraron en el interterritorial favorables al confinamiento nocturno y tampoco rechazaron abiertamente el estado de alarma. Si se aplica el baremo aprobado en el interterritorial a los datos promedios de las comunidades autónomas, siete comunidades habrían superado ya el umbral de alerta máxima: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Cataluña, Navarra y La Rioja, además de las ciudades de Ceuta y Melilla.
SPV CADIZ
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