Sindicato S.P.V. CADIZ: El Gobierno prohibirá hacer horas extra y nuevos contratos a empresas en ERTE

La propuesta a los agentes sociales prorroga los expedientes hasta el 30 de septiembre con nuevas limitaciones en las exenciones de cotizaciones sociales.
Las empresas inmersas en expedientes de regulación temporal de empleo no podrán hacer horas extraordinarias ni concertar nuevas contrataciones si todavía tienen a personas afectadas por el ERTE. Es la nueva imposición del Gobierno en la propuesta que han trasladado a los agentes sociales y que ha podido conocer La Información por fuentes cercanas a las negociaciones en curso. En líneas generales, los ERTE por fuerza mayor derivada de la pandemia de la Covid-19 se prorrogarán únicamente hasta el 30 de septiembre y se establecerán nuevas limitaciones a las exoneraciones en los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social para los meses de julio, agosto y septiembre, siempre primando la incorporación de los trabajadores a la actividad laboral a lo largo de ese periodo.
La reunión celebrada este lunes entre los agentes sociales ha terminado sin acuerdo y el Gobierno ha aplazado su intención de llevar un real decreto ley para prorrogar los ERTE al Consejo de Ministros de mañana. El pacto se ha frustrado porque la patronal ha rechazado de plano el planteamiento del Ejecutivo, de principio a fin: "No hay por donde cogerlo, necesita una enmienda a la totalidad", comentaba un empresario al término del encuentro que ha durado algo más de cuatro horas. Los interlocutores sociales se han emplazado a una nueva cita este miércoles para seguir negociando con la idea de alargar los ERTE más allá de junio.
En cualquier caso, la propuesta, según trasladan fuentes conocedoras del documento que fue remitido por el Ministerio de Trabajo el domingo a los máximos responsables de la CEOE, Cepyme, CCOO y UGT incluye alguna novedad importante. Por ejemplo, que tanto en las empresas en ERTE por fuerza mayor como en las que opten por las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción no podrán hacer horas extra ni concertar nuevas contrataciones si todavía tienen a personas afectadas por el ERTE.
Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha establecido nuevos porcentajes en las exoneraciones de cotizaciones aplicables a los ERTE por fuerza mayor. En concreto, para los trabajadores que vuelvan a la actividad en plantillas inferiores a las 50 personas se fija una exención del 60% en julio, del 50% en agosto y del 40% en septiembre, desde el 70% actual. En el caso de los empleados que sigan con su actividad suspendida, la exoneración pasaría del 45% en junio al 35% en julio, el 25% en agosto y el 15% en septiembre.
Para las empresas de más de 50 trabajadores, los porcentajes cambian, en línea con la filosofía del Ejecutivo de priorizar las ayudas a las compañías de menor tamaño. De acuerdo con la propuesta en cuestión, las empresas más grandes pasarán de disfrutar de una exoneración del 45% en junio para los empleados que retoman la actividad al 35% en julio y al 25% y 15% en agosto y septiembre, respectivamente. Mientras, para los trabajadores que sigan en el ERTE las reducciones pasan del 30% actual al 20% el mes que viene y al 10% el siguiente, para quedarse en septiembre en apenas el 5%.
La idea del Gobierno con este planteamiento sigue siendo la de 'premiar' a las empresas que vayan sacando a los trabajadores de los ERTE, destensando paulatinamente el elevado coste que están suponiendo estos expedientes para la Seguridad Social, que se hace cargo del 70% del sueldo de las plantillas afectadas. Por cierto, en esta propuesta también se especifica que la prestación por desempleo con 'contador a cero' y la no exigencia del periodo de carencia para los beneficiarios se extenderá igualmente hasta el 30 de septiembre. Y también hasta esa fecha las empresas tendrán prohibido despedir trabajadores por fuerza mayor o causas objetivas y suspender contratos temporales a las personas afectadas por un ERTE.
Prohibido despedir, con matices Hay que recordar que, tal y como está establecido en estos momentos, las empresas tienen prohibido hacer despidos durante los seis meses posteriores al ERTE, con excepciones en los casos de riesgo de concurso de acreedores, que no podrían cumplir este compromiso, y en determinadas actividades de carácter estacional como las turísticas. Como se adelantó en estas páginas, la patronal CEOE ha solicitado no aplicar la cláusula de salvaguarda del empleo cuando las suspensiones respondan a causas objetivas ajenas a la Covid-19, es decir, a las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que prevé la normativa y que Trabajo suspendió en los primeros compases de la pandemia, ni tampoco en los casos en que esas suspensiones estén relacionadas con subrogaciones de plantilla o finalizaciones de periodo de prueba.
Está por ver en qué quedan las negociaciones, pero por el momento la propuesta del Ejecutivo no parece agradar a los empresarios, que esperaban una apuesta decisiva del Gobierno por alargar los ERTE hasta el 31 de diciembre y diferenciar la prórroga por sectores, en función de sus necesidades. De acuerdo con el documento remitido a los agentes sociales, los ERTE por fuerza mayor se prorrogan mientras persistan las restricciones vinculadas a la pandemia que impidan o limiten la plena actividad, como las limitaciones a la movilidad o los aforos, y en todo caso finalizarán el 30 de septiembre. Los ERTE por causas económicas, por su parte, mantendrán su vigencia hasta la fecha prevista en la comunicación final de la empresa. Estos expedientes, por cierto, también podrán tramitarse durante el tiempo que sigan activos los ERTE por fuerza mayor.
En paralelo, la propuesta de Trabajo plantea prorrogar, también hasta el 30 de septiembre, las medidas de adaptación y reducción de quienes acrediten deberes de cuidado respecto al cónyuge o pareja de hecho y de familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora. Asimismo, se primará la reincorporación de los afectados por ERTE a través de reducciones de jornada. Y por último, se establece la creación de una mesa de negociación que busca alcanzar un acuerdo con los agentes sociales para incorporar nuevas medidas que ayuden a la recuperación del nivel de empleo previo a la crisis del coronavirus, algo que el Gobierno no espera que suceda, según sus previsiones, hasta el año 2022.
Fuente: https://www.lainformacion.com/

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