La adjudicación, un 3,6% más cara que la anterior, se retrasó por la falta de gobierno.
El Ministerio del Interior ha vuelto a poner en manos de empresas privadas la seguridad perimetral de las 67 cárceles españolas y lo ha hecho con un coste de 34,6 millones de euros -un 3,6% más que el año anterior- gracias a los cuales se contratarán durante un periodo de doce meses los servicios de más de 900 vigilantes, que en todo momento estarán a las órdenes y ejerciendo como refuerzo de los policías nacionales y guardias civiles destinados en las prisiones. La apertura de este procedimiento se autorizó por el Consejo de Ministros en pleno de mes de agosto pasado, aunque su resolución no ha podido ser desbloqueada hasta finales de noviembre, una vez constituido el nuevo gobierno.
Con la renovación de este servicio se da continuidad a una controvertida experiencia que se inició en 2013 en 21 centros penitenciarios, y que en octubre de 2014 se amplió al resto de las cárceles entre las quejas de sindicatos policiales y de funcionarios, que advirtieron del inicio de una «privatización» en toda regla, ya que el plan original prevé una tercera y definitiva fase que, en principio, supondría la sustitución de empleados públicos por guardias privados.
De acuerdo con las condiciones impuestas por el Estado, a los vigilantes corresponderá, además del mencionado control perimetral de las prisiones, el de los acceso -que desarrollarán «con armas de fuego»-, la observación de los circuitos cerrados de televisión y de las alarmas, incluida la correspondiente comunicación a los responsables policiales. Habida cuenta de las particulares características de la prestación, el concurso se ha ejecutado por un sistema «negociado sin publicidad» -esto es, por invitación, a once firmas en este caso-, y la que ha resultado ganadora de tres de los cuatro lotes en que se dividieron los centros penitenciarios españoles ha sido Ombuds, compañía que ya se ha ocupado de la seguridad auxiliar en ministerios como los de Defensa o el de Interior, departamento este último al que también ha suministrado escoltas para altos cargos. Solo un conjunto de cárceles -Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra- ha sido adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) constituida por Coviar, Sabico y Prosetecnisa.
La cantidad de 34,6 millones de euros figura como la suma máxima que el Estado pagará por los servicios recibidos, si bien el desembolso real se calculará en función de una tabla de «precios unitarios» que prevé abonar entre 13,03 y 30 euros netos por hora de trabajo, en función de en qué prisión se desempeñe el puesto, si requiere o no portar armas, si necesita ser cubierto 12 o 24 horas al día o si se realiza en fines de semana.
Habida cuenta de que el Consejo de Ministros estimó que este servicio implicará «más de 900 puestos de trabajo», el cálculo apunta a que el coste por vigilante -que no su sueldo final- estará en unos 36.000 euros al año, una cantidad que los sindicatos denunciaron que supera lo que representa pagar a un funcionario.
Fuente: http://www.abc.es
Con la renovación de este servicio se da continuidad a una controvertida experiencia que se inició en 2013 en 21 centros penitenciarios, y que en octubre de 2014 se amplió al resto de las cárceles entre las quejas de sindicatos policiales y de funcionarios, que advirtieron del inicio de una «privatización» en toda regla, ya que el plan original prevé una tercera y definitiva fase que, en principio, supondría la sustitución de empleados públicos por guardias privados.
«Refuerzo», no sustitución
En defensa de este modelo, el Ministerio entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz, argumentó sin embargo que se trata de un «refuerzo», que además ofrece un modo de recolocación a los escoltas que habían presentado servicio en País Vasco y Navarra durante la amenaza terrorista, lo que a su vez permitiría trasladar a los miembros de la Policía y Benemérita a labores de seguridad ciudadana. La aprobación el 4 de abril de 2014 de la Ley de Seguridad Privada proporcionó el soporte legal necesario para llevar a cabo esta nueva práctica.La cantidad de 34,6 millones de euros figura como la suma máxima que el Estado pagará por los servicios recibidos, si bien el desembolso real se calculará en función de una tabla de «precios unitarios» que prevé abonar entre 13,03 y 30 euros netos por hora de trabajo, en función de en qué prisión se desempeñe el puesto, si requiere o no portar armas, si necesita ser cubierto 12 o 24 horas al día o si se realiza en fines de semana.
Habida cuenta de que el Consejo de Ministros estimó que este servicio implicará «más de 900 puestos de trabajo», el cálculo apunta a que el coste por vigilante -que no su sueldo final- estará en unos 36.000 euros al año, una cantidad que los sindicatos denunciaron que supera lo que representa pagar a un funcionario.
Fuente: http://www.abc.es
SPV CADIZ
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