La inminente celebración de las elecciones generales -que los últimos pronósticos sitúan a mediados de diciembre- llevará previsiblemente a que el Gobierno evite tomar decisiones que conlleven un coste electoral después de verano. Uno de los temas tabú que se dejarían de lado es el controvertido asunto de la privatización de la seguridad en las prisiones, que provocó -cuando se puso en marcha en 2012- un sonado abucheo al Ejecutivo por parte de la opinión pública, que lo interpretó como un primer paso para ir cediendo competencias de la Policía y la Guardia Civil a las empresas.
La tercera fase del plan de privatización de la seguridad de las prisiones tendría que entrar en vigor el próximo octubre, según los plazos inicialmente previstos por el Gobierno. Sin embargo, el Ministerio del Interior no es capaz de aclarar a estas alturas si cumplirá los tiempos, que ya sufrieron retrasos en las dos primeras fases. Por el momento, desde el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz explican que aún no está decidido si se pasará al tercer estadio antes de las elecciones generales y que, en caso de que se opte por no hacerlo, se prorrogaría el actual momento por tiempo indefinido.
En la práctica, es muy posible que el nuevo Gobierno que salga de las urnas, por lo tanto, se encuentre el plan inacabado y con posibilidades de volver a replantearlo, ya que por el momento no ha salido ningún guardia civil de los centros penitenciarios, como estaba previsto que ocurriera ya en 2015. De hecho, en varios consejos de la Guardia Civil -órgano de encuentro entre asociaciones profesionales y administración- celebrados en 2014 los representantes de la Dirección General y los de los sindicatos abordaron el tema de los nuevos destinos que ocuparían los agentes una vez que abandonasen su plaza en las prisiones. Ambas partes incluso llegaron a pactar que estos funcionarios serían recolocados en la misma ciudad en la que operaban para no alterar su vida familiar.
Fuente: Elconfidencial.com
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