UGT-A se autoarrendaba las sedes para justificar ayudas de formación ante la Junta de Andalucía

La Guardia Civil desmonta el «artificio» en un nuevo informe policial. Acusa de fraude a los dos últimos ex líderes del sindicato en Andalucía

El sindicato UGT se autoarrendó durante años las sedes donde impartía los cursos para poder justificar así ante la Junta de Andalucía parte de las subvenciones que recibía en materia de formación. Sólo entre 2009 y 2013, los gastos de alquiler superan los 4,11 millones. Así lo expone la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe aportado el pasado 6 de julio al juzgado que investiga el caso de las facturas falsas de UGT-A y en el que -entre otros- señala a los dos anteriores secretarios generales del sindicato en Andalucía,Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, como presuntos responsables de un delito de fraude de subvenciones.

 

Los investigadores policiales detallan en el atestado -de 42 folios- el «artificio» al que recurrió el sindicato para justificar ante la Junta «de manera artificial» parte de las subvenciones recibidas. Según expone la UCO, el primer paso consistía en la cesión por parte de UGT-A a su filial Soralpe del usufructo temporal de diversos locales de su propiedad en la comunidad. A este respecto, los agentes han constatado la existencia de al menos ocho protocolos formalizados entre el 9 de marzo de 2006 y el 21 de febrero de 2012 ante el notario de Sevilla Luis Marín Sicilia -ya jubilado- por los que UGT-A cedía en usufructo a Soralpe 63 inmuebles a cambio de 32.387,76 euros.

Ese dinero se destinaría «al pago de los gastos de mantenimiento de los inmuebles cedidos», si bien la UCO sostiene que esas cantidades «no se llegarían a desembolsar». Ya como usufructuarios de los locales, el segundo paso consistía en el alquiler de las aulas por parte de Soralpe al Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes) -una fundación controlada al 100 por UGT y dedicada a la formación profesional para el empleo- para impartir cursos subvencionados por la Junta. Ifes emitía las correspondientes facturas, que el sindicato presentaba posteriormente ante la Junta para justificar un gasto «realmente inexistente».

 

Los investigadores han comprobado cómo algunas veces la propia Soralpe facturaba a Ifes por el alquiler de un local que era a su vez sede de Ifes y, en consecuencia, de UGT. «Nos encontramos, por tanto, ante una operativa que carece de toda lógica», concluye la UCO. El análisis de la documentación intervenida durante el registro practicado en la sede de Soralpe a finales de diciembre de 2013 ha permitido a la Guardia Civil constatar que, entre 2009 y 2013, las facturas emitidas en concepto de gastos de alquiler y utilizadas para acreditar el gasto ante la Administración autonómica suponen un montante de 4.117.759,45 euros. De esa cantidad, 1,71 millones de euros están vinculados a la realización de acciones formativas en inmuebles cedidos temporalmente en usufructo por UGT a Soralpe. En este sentido, los investigadores destacan cómo Soralpe facturó a Ifes por el alquiler de aulas cantidades «muy superiores» a las formalizadas notarialmente entre UGT y Soralpe.

 

Los agentes han encontrado situaciones muy llamativas. Es el caso de la factura 14/13 -por un importe de 2.922,31 euros e imputada a la ayuda de 14.000.484 euros concedida por la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a UGT-A el 21 de marzo de 2012-, correspondiente al alquiler por parte de Soralpe a Ifes de aulas para impartir un curso de 320 horas entre el viernes 10 de mayo de 2013 y el viernes 24 de mayo de 2013.

 

Si se divide el número de horas (320) entre el número de días en los que se desarrolló la acción formativa (15) se obtiene un valor de 21,33 horas al día, lo que supone un periodo de descanso para los docentes y asistentes de tan sólo 2,67 horas diarias. Para profundizar en el procedimiento utilizado por UGT-A para justificar parte de sus subvenciones, la UCO solicitó autorización al juzgado sevillano que investiga el caso a fin de registrar las dependencias de Ifes tanto en Madrid como en Sevilla. Esa actuación se desarrolló el pasado 9 de julio. A juicio de la Guardia Civil, el «artificio» utilizado para la justificación de las subvenciones recibidas por UGT-A supondría una «falsificación de los documentos justificativos presentados» ante la Junta y, consecuentemente, un fraude de subvenciones públicas en los ejercicios comprendidos entre 2009 y 2013.

 

Los agentes responsabilizan de este fraude a Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, ex secretarios generales de UGT-A y ya imputados en el caso; Federico Fresneda, ex secretario de Administración de UGT y ex presidente de Soralpe; Enrique Goicoechea, consejero delegado de Soralpe; Teresa Muñoz y Antonio Retaminos, presidenta y secretario del patronato de Ifes, así como a la patrona de esta fundación Josefa Castillejo. En relación a Pastrana, un forense lo examinará en su domicilio el próximo 22 de julio a fin de determinar si puede desplazarse al juzgado para prestar declaración como imputado. El ex líder de UGT fue citado en noviembre de 2014, pero su abogado alegó entonces que la enfermedad que sufre le impedía comparecer en sede judicial y se suspendió.

FUENTE: elmundo.es AQUÍ