Nuevas agresiones en la prisión cuestionan la seguridad privada

Ocurrió en una zona considerada externa, Comunicaciones, pero mal protegida

Los funcionarios de la prisión de Alhaurín de la Torre siguen siendo víctimas y blanco de la diana de nuevas agresiones por parte de presos, e incluso de personas externas al centro. El mes pasado se produjeron dos incidentes violentos en la zona de Comunicaciones, en la que familiares o allegados suelen hablar con los internos.

Estos hechos cuestionan el nuevo sistema de seguridad, que parece que no soluciona el aumento alarmante de estos casos en los últimos años (192 en 2006 y 329 en el último dato de 2013 en toda España), y coloca a este colectivo en una situación de «indefensión e impotencia ante la inacción de los responsables penitenciarios», como criticó el delegado del sindicato CSIF en este centro, Carlos Martín.

En estos dos nuevos incidentes del mes pasado, en la que puede ser entendida como una zona exterior, la de Comunicaciones, funcionarios fueron atacados con violencia en ambas ocasiones, sin que por el momento se hayan conocido actuaciones contra los agresores.

Según lo denunciado por CSIF, «este departamento es un lugar conflictivo, donde se recibe a personas no presas sobre las que los funcionarios no tienen facultades disciplinarias. Pero ocurre que aquí la vigilancia exterior de la Guardia Civil es insuficiente y la prestada por la nueva seguridad privada inexistente».

«De esta manera nos estamos convirtiendo en escudos humanos. En un aeropuerto o un ministerio del gobierno hay más medidas de seguridad que aquí. Se da la circunstancia de que es más fácil cachear a un inocente en un aeropuerto que aquí a alguien que en ocasiones introduce objetos prohibidos», lamentó el delegado del CSIF.

Además, esta central sindical ha advertido algunas deficiencias del espacio de Comunicaciones de la cárcel que pueden mejorarse, como que «las cámaras no recogen todo el espectro posible, habiendo puntos muertos que aprovechan los infractores». Señalan «que se debe agilizar, y ser habitual, el farragoso procedimiento para el visionado de las imágenes y no excepcional», y que «se ha perdido el respeto a los funcionarios» por lo que reclaman que se les invista como «agentes de la autoridad, cosa que por ejemplo tienen reconocido los maestros y no nosotros», pese a las reiteradas peticiones para ser designados de este modo a todas las instancias de poder público.

Por último, solicitan un Protocolo Urgente de Seguridad que luche para preservar la integridad de los funcionarios públicos, que se cierre o se grabe en esta zona a los culpables para evitar así la impunidad y que haya presencia física permanente de la Guardia Civil, ya que la seguridad privada «no puede estar allí al no tener licencia de armas, donde tampoco la tienen los funcionarios».

 

Fuente:  http://www.elmundo.es