El plan de privatización de la seguridad en prisiones españolas da un segundo paso muy importante; llegará a todos los centros penitenciarios incorporando más de ochocientos vigilantes de seguridad frente a los 254 que se incorporaron en el inicio del plan el año pasado.
Las funciones de estos vigilantes de seguridad, en principio está contemplado que no haya contacto con los reclusos, se limitarán a la vigilancia del perímetro de los centros penitenciarios, controlando muros y vallas exteriores, supervisión de cámaras de seguridad y vigilancia de las zonas de visitantes de los reclusos.
De momento no está contemplada la salida de personal de la Guardia Civil y Policía Nacional de los centros penitenciarios, lo cual, sería uno de los futuros pasos del plan a realizar. De este modo el personal de la Guardia Civil y Policía Nacional pasarían a reforzar los traslados de reclusos.
Este plan fue iniciado con el objetivo de dar empleo a los más de dos mil escoltas que prestaban servicios de seguridad a personalidades y políticos del País Vasco y Navarra hasta el cese armado de ETA en 2012, y por recuperar agentes de la Guardia Civil al servicio de la seguridad ciudadana. Según sindicatos y la propia Guardia Civil la realidad es bien diferente ya que, según dicen, la recolocación de escoltas ha sido mínima y la asignación de la Guardia Civil a nuevas funciones y destinos poco viable por el incremento de presupuesto por los complementos de destino.
Las empresas de seguridad participantes en esta segunda fase serían las mismas, hasta la fecha y salvo cambios de último momento, que las del año pasado.
Fuente: http://www.gruposercon.com
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