El material se compró inutilizado en subastas de la Guardia Civil o a través de particulares y era manipulado para el mercado negro.
Pistolas, revólveres, rifles, subfusiles, escopetas, katanas, dagas con el logotipo de las SS alemanas, cuchillos deportivos, así hasta más de un centenar de armas de todo tipo y abundante munición entre las que se encontraban obuses y municiones de guerra.
La Policía descubrió en mayo de 2009 uno de los mayores arsenales de armas intervenidos en Alicante en el domicilio de un vigilante de seguridad en el barrio de los Ángeles de esta ciudad.
El juicio se celebrará en las próximas semanas en la Audiencia de Alicante, donde la Fiscalía solicita una pena de siete años de prisión al principal acusado por un delito de tenencia ilícita de armas y municiones de guerra, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario.
En el banquillo de los acusados se sentarán otras dos personas, uno al que se considera el responsable de vender estas armas en el mercado y un supuesto comprador de una de estas pistolas y para quienes se pide una pena de 18 meses de prisión. La pistola que adquirió este último fue encontrada en casa de su suegra.
Según el escrito de acusación del fiscal, las armas se compraban inutilizadas o de coleccionista y de forma lícita en subastas públicas realizadas de forma periódica en la Guardia Civil, así como a través de transacciones de compraventa entre particulares.
Uno de los acusados se encargaba posteriormente de su puesta a la venta a otros particulares. La Policía aseguró en su día cuando hizo la operación que estas armas eran vendidas a otros grupos de delincuentes, aunque este extremo no se menciona en el escrito de acusación. Las armas estaban manipuladas para que se pudieran utilizar en el momento de la transacción, o bien se daban instrucciones al comprador de qué manera podían volver a ponerlas en funcionamiento.
La mayoría de las armas se encontraron en un registro ordenado por el juzgado de Instrucción número cuatro de Alicante en casa del principal imputado. En total había sesenta armas cortas (pistolas y revólveres); 39 armas largas (rifles, subfusiles, escopetas, etc.); 38 armas blancas (katanas, sables, dagas), así como cajas con abundante munición de distintos calibres y fabricantes; y granadas, minas, obuses. Algunas de las armas intervenidas estaban inutilizadas por lo que se podían poseer en el domicilio sin limitación de número; otras estaban operativas y requerían de permiso, pero eran antiguas y necesitaban un tipo de munición que ya no se fabrica. Otras estaban plenamente operativas y presentaban indicios de haber sido manipuladas para poder volver a utilizarse tras su inutilización. Otra munición, como las granadas, las minas, los proyectiles de mortero y obuses estaban inertes al carecer de carga explosiva por estar destinados a su destrucción.
El fiscal considera que se trata de armas de guerra, cuya adquisición y tenencia está prohibida para particulares.
La Policía descubrió en mayo de 2009 uno de los mayores arsenales de armas intervenidos en Alicante en el domicilio de un vigilante de seguridad en el barrio de los Ángeles de esta ciudad.
El juicio se celebrará en las próximas semanas en la Audiencia de Alicante, donde la Fiscalía solicita una pena de siete años de prisión al principal acusado por un delito de tenencia ilícita de armas y municiones de guerra, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario.
En el banquillo de los acusados se sentarán otras dos personas, uno al que se considera el responsable de vender estas armas en el mercado y un supuesto comprador de una de estas pistolas y para quienes se pide una pena de 18 meses de prisión. La pistola que adquirió este último fue encontrada en casa de su suegra.
Según el escrito de acusación del fiscal, las armas se compraban inutilizadas o de coleccionista y de forma lícita en subastas públicas realizadas de forma periódica en la Guardia Civil, así como a través de transacciones de compraventa entre particulares.
Uno de los acusados se encargaba posteriormente de su puesta a la venta a otros particulares. La Policía aseguró en su día cuando hizo la operación que estas armas eran vendidas a otros grupos de delincuentes, aunque este extremo no se menciona en el escrito de acusación. Las armas estaban manipuladas para que se pudieran utilizar en el momento de la transacción, o bien se daban instrucciones al comprador de qué manera podían volver a ponerlas en funcionamiento.
La mayoría de las armas se encontraron en un registro ordenado por el juzgado de Instrucción número cuatro de Alicante en casa del principal imputado. En total había sesenta armas cortas (pistolas y revólveres); 39 armas largas (rifles, subfusiles, escopetas, etc.); 38 armas blancas (katanas, sables, dagas), así como cajas con abundante munición de distintos calibres y fabricantes; y granadas, minas, obuses. Algunas de las armas intervenidas estaban inutilizadas por lo que se podían poseer en el domicilio sin limitación de número; otras estaban operativas y requerían de permiso, pero eran antiguas y necesitaban un tipo de munición que ya no se fabrica. Otras estaban plenamente operativas y presentaban indicios de haber sido manipuladas para poder volver a utilizarse tras su inutilización. Otra munición, como las granadas, las minas, los proyectiles de mortero y obuses estaban inertes al carecer de carga explosiva por estar destinados a su destrucción.
El fiscal considera que se trata de armas de guerra, cuya adquisición y tenencia está prohibida para particulares.
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