La directora de la empresa Sistemas de Protección y Formación comparece ante el juez por un presunto fraude en más de 370 expedientes desarrollados para la Fundación Tripartita.
La empresaria María Dolores O. M., directora de la academia de formación Sistemas de Protección y Formación SL, ha sido detenida por la Policía Nacional imputada por delitos de estafa y falsedad documental, en relación con un presunto fraude que afectaría a más de 370 expedientes de cursos de formación subvencionados por la Fundación Tripartita de Formación para el Empleo.
La empresaria fue puesta ayer a disposición del juzgado de Guardia de Sevilla, después de que la Policía haya agotado el plazo máximo de 72 horas, y quedó en libertad con cargos, aunque con la obligación de comparecer ante el juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades desde marzo de 2013, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales.
La estafa que se investiga podría ascender a no menos de 170.000 euros, aunque la cuantía exacta del fraude está siendo actualmente analizada por el instructor del caso.
En esta ocasión, las irregularidades no afectan a los cursos subvencionados por la Junta de Andalucía, sino a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, una entidad encargada de gestionar la formación para los trabajadores en activo y que depende del Estado, las centrales sindicales UGT y CCOO y las organizaciones de empresarios. Sólo en el año 2011, esta entidad heredera de la extinta Forcem (Fundación para la Formación Continua) gestionó unos fondos públicos de alrededor de 3.000 millones, gran parte de ellos procedentes del Fondo Social Europeo.
La empresa Sistemas de Protección y Formación se constituyó en 2010 y, según consta en el registro mercantil, se dedica a actividades formativas dirigidas a "inmigrantes, mujeres, jóvenes, trabajadores en activo ocupados y desempleados, que faciliten el aprendizaje a lo largo de la vida". Ese aprendizaje vital contemplaba, según la oferta formativa de esta academia, desde la gestión inmobiliaria, la secretaría de dirección, el fitness acuático y la hidrocinesia, pasando por la espeleología, la hípica, así como distintos cursos de restauración y cursos de idiomas enfocados al mundo de las finanzas. Todo este amplísimo abanico de cursos se gestionaba desde unas oficinas ubicadas en el edificio Toledo de la avenida de Hytasa. Ésta es la segunda sede de la compañía, tras haber pasado por un local de la calle Cristo de la Sed, en la zona de la Gran Plaza, que algunas fuentes apuntan que era un pequeño garaje.
La investigación arranca en el año 2013, cuando el grupo de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Nervión recibe una denuncia de una empresa que asegura haber sido estafada por esta academia. La Policía notifica a los responsables de la Fundación Tripartita esta denuncia y los inspectores de esta entidad visitan en la primavera del año pasado la sede de la empresa en Sevilla para conocer de primera mano la naturaleza de las irregularidades. Descubren entonces que la sociedad ha cambiado de domicilio, de Gran Plaza a la avenida de Hytasa, sin que este cambio haya sido notificado a los responsables de la concesión de las ayudas como estarían obligados.
La investigación se centraría en estos momentos, según fuentes del caso consultadas por este periódico, en si realmente estos cursos llegaron a impartirse, si los alumnos inscritos acudían a las sedes oficiales de estos cursos, o en cambio se utilizaban sus datos para inscribirlos en los cursos sin su conocimiento y consentimiento, lo que conllevaría la supuesta falsificación de sus firmas en los expedientes de los cursos recibidos.
También se investiga la plantilla de profesores que los daba, por si existieran irregularidades en las altas y bajas del profesorado o si el número de docentes era el apropiado o real a la demanda de alumnos.
Una tercera línea de investigación indaga la posible connivencia de los empresarios, responsables de los trabajadores convocados a estos cursos, y que también se beneficiarían con deducciones en materia de Seguridad Social.
La empresa Sistemas de Protección y Formación tenía la correspondiente homologación de la Junta de Andalucía para impartir un catálogo de hasta 38 cursos, pero los investigadores han constatado que en realidad ofrecía y gestionaba la realización únicamente de dos cursos, Organización y gestión de almacenes (o sea, mozo de almacén) y Actividades de Gestión Administrativa.
La Policía sólo está investigando, actualmente, los expedientes de ayudas concedidas para el año 2012 y que superarían los 370.
La investigación en torno a Sistemas de Protección y Formación que lleva a cabo el juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla supondría únicamente la punta de una compleja red de presuntas estafas vinculadas a las academias de formación, cuya financiación ha sido sufragada durante décadas por fondos europeos y que vendrían produciéndose en distintas provincias españolas.
La empresaria fue puesta ayer a disposición del juzgado de Guardia de Sevilla, después de que la Policía haya agotado el plazo máximo de 72 horas, y quedó en libertad con cargos, aunque con la obligación de comparecer ante el juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades desde marzo de 2013, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales.
La estafa que se investiga podría ascender a no menos de 170.000 euros, aunque la cuantía exacta del fraude está siendo actualmente analizada por el instructor del caso.
En esta ocasión, las irregularidades no afectan a los cursos subvencionados por la Junta de Andalucía, sino a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, una entidad encargada de gestionar la formación para los trabajadores en activo y que depende del Estado, las centrales sindicales UGT y CCOO y las organizaciones de empresarios. Sólo en el año 2011, esta entidad heredera de la extinta Forcem (Fundación para la Formación Continua) gestionó unos fondos públicos de alrededor de 3.000 millones, gran parte de ellos procedentes del Fondo Social Europeo.
La empresa Sistemas de Protección y Formación se constituyó en 2010 y, según consta en el registro mercantil, se dedica a actividades formativas dirigidas a "inmigrantes, mujeres, jóvenes, trabajadores en activo ocupados y desempleados, que faciliten el aprendizaje a lo largo de la vida". Ese aprendizaje vital contemplaba, según la oferta formativa de esta academia, desde la gestión inmobiliaria, la secretaría de dirección, el fitness acuático y la hidrocinesia, pasando por la espeleología, la hípica, así como distintos cursos de restauración y cursos de idiomas enfocados al mundo de las finanzas. Todo este amplísimo abanico de cursos se gestionaba desde unas oficinas ubicadas en el edificio Toledo de la avenida de Hytasa. Ésta es la segunda sede de la compañía, tras haber pasado por un local de la calle Cristo de la Sed, en la zona de la Gran Plaza, que algunas fuentes apuntan que era un pequeño garaje.
La investigación arranca en el año 2013, cuando el grupo de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Nervión recibe una denuncia de una empresa que asegura haber sido estafada por esta academia. La Policía notifica a los responsables de la Fundación Tripartita esta denuncia y los inspectores de esta entidad visitan en la primavera del año pasado la sede de la empresa en Sevilla para conocer de primera mano la naturaleza de las irregularidades. Descubren entonces que la sociedad ha cambiado de domicilio, de Gran Plaza a la avenida de Hytasa, sin que este cambio haya sido notificado a los responsables de la concesión de las ayudas como estarían obligados.
La investigación se centraría en estos momentos, según fuentes del caso consultadas por este periódico, en si realmente estos cursos llegaron a impartirse, si los alumnos inscritos acudían a las sedes oficiales de estos cursos, o en cambio se utilizaban sus datos para inscribirlos en los cursos sin su conocimiento y consentimiento, lo que conllevaría la supuesta falsificación de sus firmas en los expedientes de los cursos recibidos.
También se investiga la plantilla de profesores que los daba, por si existieran irregularidades en las altas y bajas del profesorado o si el número de docentes era el apropiado o real a la demanda de alumnos.
Una tercera línea de investigación indaga la posible connivencia de los empresarios, responsables de los trabajadores convocados a estos cursos, y que también se beneficiarían con deducciones en materia de Seguridad Social.
La empresa Sistemas de Protección y Formación tenía la correspondiente homologación de la Junta de Andalucía para impartir un catálogo de hasta 38 cursos, pero los investigadores han constatado que en realidad ofrecía y gestionaba la realización únicamente de dos cursos, Organización y gestión de almacenes (o sea, mozo de almacén) y Actividades de Gestión Administrativa.
La Policía sólo está investigando, actualmente, los expedientes de ayudas concedidas para el año 2012 y que superarían los 370.
La investigación en torno a Sistemas de Protección y Formación que lleva a cabo el juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla supondría únicamente la punta de una compleja red de presuntas estafas vinculadas a las academias de formación, cuya financiación ha sido sufragada durante décadas por fondos europeos y que vendrían produciéndose en distintas provincias españolas.
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Fuente: http://www.eldiadecordoba.es
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