La Subdelegación reúne en Cádiz a empresas y a las Fuerzas de Seguridad del Estado en una Comisión Mixta para mejorar la cooperación.
Si los efectivos de la seguridad privada trabajaran de una forma más coordinada con las Fuerzas de Seguridad del Estado se lograría una mayor efectividad en la provincia en la lucha contra la delincuencia y el fraude. Los cuerpos pueden ser complementarios. Esta es una de las conclusiones a las que se llegó ayer durante la reunión que mantuvo la Comisión Mixta de Seguridad en la sede de la Subdelegación de Gobierno de Cádiz. De lo que se trata es de ganar en efectividad y agilidad, sin embargo, es necesario para ello tomar antes una serie de medidas.
A la cita acudieron los responsables de empresas de seguridad privada en la provincia, así como integrantes de varios despachos de detectives privados. En la misma mesa estuvieron sentados los mandos de la Guardia Civil en la provincia y el comisario provincial de la Policía Nacional, Manuel Bouza. El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, se encargó de avanzar algunas de las novedades que recoge el anteproyecto de ley que aborda el Congreso de los Diputados sobre seguridad privada y presentó las líneas maestras del 'Plan Segupri', un ambicioso proyecto a escala nacional que recoge la colaboración de la seguridad privada con la Guardia Civil, la Policía Nacional y los organizaciones internacionales. De Torre destacó que esta implicación es clave para mejorar en la prestación de servicios. No obstante, y según recoge el documento, es vital acabar con el intrusismo laboral en esta profesión y definir las competencias, algo que ya se encargará de especificar la nueva normativa. La Comisión Mixta de Seguridad no se reunía desde 2006. Durante el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de que las empresas de seguridad privada implanten procesos telemáticos, es decir, inviertan en informática para mejorar la coordinación. Una estrecha colaboración entre los agentes de seguridad privada y los efectivos policiales redunda en una mejora de las actuaciones.
En la provincia hay 42 empresas de seguridad privada y 6.200 agentes, además de 19 despachos de detectives privados y 38 centros formativos para este tipo de profesión. El sector mueve en España 3.215 millones de euros al año y emplea a 85.000 personas. Son datos que dan idea de la magnitud del sector y de los beneficios que supondría en la lucha contra la delincuencia una plena coordinación con el resto de cuerpos.
El comisario provincial, Manuel Bouza, destacó al término de la reunión de las Comisión Mixta que existe una necesidad imperiosa de incrementar los niveles de seguridad ciudadana y una de las fórmulas pasa por coordinar y colaborar con la seguridad privada.
El Subdelegado del Gobierno destacó, por su parte, que el anteproyecto de ley viene a cubrir algunas lagunas en el sector, ya que su regulación data de 1992 y la situación ha cambiado en veinte años. De Torre explicó que el sector de la seguridad privada en la provincia ha recibido con agrado la reunión y las conclusiones de la Comisión. Se espera una nueva cita dentro de seis meses. Uno de los mayores ejemplos de colaboración son los agentes rurales y la Guardia Civil.
Fuente: http://www.lavozdigital.es
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