La operación policial en la que se registró la sede de Esabe ha permitido a la titular del juzgado número 37 de Plaza de Castilla en Madrid obtener gran cantidad de documentación sobre los trabajos de la mercantil. Entre esos papeles se encuentran todos los contratos de la sociedad de seguridad con la Generalitat valenciana y otras instituciones y su desarrollo, los cuales superaron los 71 millones de euros entre 2002 y 2012. Fuentes jurídicas explicaron que la juez y las acusaciones se centran en las adjudicaciones posteriores a 2007, ya que las posibles irregularidades en las anteriores habrían prescrito puesto que la denuncia es de 2012.
Así, según las mismas fuentes, la magistrada indaga en el contrato de limpieza que Esabe obtuvo para el hospital La Fe por 35 millones de euros en 2008 y otro de seguridad en varios departamentos sanitarios por 12 millones de euros. En 2011, la contratista repitió adjudicaciones y se quedó la vigilancia de departamentos como Elda, La Plana o Sant Vicent del Raspeig por otros 11 millones. La empresa del imputado y desaparecido Juan José Prados del Pino también trabajó en la Fórmula 1 y para el Ayuntamiento de Valencia. La investigación judicial, en la que ya obran informes policiales de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) y de la unidad de crimen organizado (Udyco), de la Unidad Central de Seguridad Privada, así como de los inspectores de Hacienda, se inició a petición de la fiscalía tras una denuncia de un trabajador. La acusación popular la ejerce el sindicato USO, que ha aportado abundante documentación.
La juez pretende saber el volumen de dinero desviado, se estiman 30 millones en toda España, gracias a las presuntas irregularidades cometidas en el pago de las horas extra de los trabajadores fuera de la nómina, lo que supone un doble fraude, a la Seguridad Social y en las retenciones del IRPF, según explicaron las mismas fuentes. Cabe recordar que un vigilante de seguridad puede ganar tanto en su recibo salarial como en las extra. Estas prácticas fueron denunciadas reiteradamente por el sindicato USO e, incluso, la Seguridad Social impuso una multa de 7,5 millones de euros a Esabe en 2008, lo que no impidió que la Conselleria de Sanidad continuará trabajando con la adjudicataria y le renovara los servicios en 2011.
Desde el departamento que dirige Manuel Llombart, que nunca ha dado ningún servicio a esta mercantil, aseguraron que la empresa «estaba al corriente de la Seguridad Social» de sus trabajadores cuando ganó los contratos y que lo justificó. La vinculación de la Conselleria de Sanidad con este caso nació tras la declaración de uno de los directivos cuando fue detenido por la policía. El arrestado aseguró que habría pagado sobornos a un cargo de Sanidad llamado «Eloy» para que le adjudicaran los contratos, más de un quincena y de muchos millones de euros. Desde Sanidad siempre han defendido que las adjudicaciones siempre han cumplido la ley.
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