 |
| Salvador Mera, secretario de UGT en Cádiz. |
Nueve detenidos y medio centenar de imputados en una nueva redada por los ERE.
La Guardia Civil ha confirmado el arresto de Enrique Rodríguez, director del área de Empleo e Innovación en la Diputación de Sevilla; el secretario provincial de UGT en Cádiz, Salvador Mera; y Roberto Carmona Soto, de CCOO.
La juez Mercedes Alaya ha montado este martes una nueva operación policial en la investigación de la causa de los ERE fraudulentos en la que se ha procedido a la detención de al menos nueve personas y se ha imputado a cerca de medio centenar, según ha informado la Guardia Civil. La Benemérita ha confirmado hasta ahora la identidad de sólo tres de ellas: Enrique Rodríguez, hasta ahora director del área de Empleo e Innovación de la Diputación Provincial de Sevilla -cargo del que ha sido destituido este mismo martes a raiz de su detención- y ex gerente provincial del IFA, la agencia pagadora de las ayudas vinculadas a los ERE; Salvador Mera, secretario provincial de UGT en Cádiz; y, Roberto Carmona Soto, ex secretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía.
La operación se desarrolla en ocho provincias españolas: Madrid, Segovia, Barcelona, Jaén, Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz, según ha confirmado la Guardia Civil en un comunicado, en el que señala que se ha procedido a practicar nuevas detenciones, imputaciones y registros, aunque no especifica el número. Se trata de una segunda fase de la operación Heracles que se realizó en marzo pasado. Estos nuevos actores se enmarcan en varios ámbitos, entre ellos, las irregularidades en la concesión de las ayudas a empresas por parte de la administración; miembros de sindicatos que habrían favorecido la tramitación y concesión de las subvenciones; y empresarios que habrían obtenido de forma irregular fondos públicos dedicados a las empresas. Igualmente se investiga la implicación de distintos profesionales de banca en presuntas actividades vinculadas al blanqueo de capitales, relacionadas con las referidas tramas. El dispositivo montado está relacionada tanto con la trama de las ayudas concedidas por la junta a empresas de la Sierra Norte, con las que estaría vinculado el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, como con las ayudas relacionadas con la Faja Pirítica de Huelva.
Según algunos testigos, Enrique Rodríguez ha sido detenido al salir de su casa a las 7:00, de donde habría salido esposado. Además, se están realizando registros en la Diputación sevillana, en sedes oficiales y viviendas particulares, entre ellas el domicilio del citado Enrique Rodríguez o el de Juan Antonio Florido, ex secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO en Andalucía, que ya fue imputado por la juez en la causa; el restaurante Río Grande de Sevilla capital -que presentó un ERE con intrusos en el año 2005 que está siendo investigado por Alaya-, y las viviendas de los empresarios que lograron ayudas millonarias en la Sierra Norte Enrique Rosendo y José María Sayago, este último copropietario de la empresa Matadero de la Sierra Morena en la Sierra Norte de Sevilla, que también se investiga en la causa.
Asimismo, en la localidad sevillana de Gines, la Guardia Civil está registrando el domicilio de Antonio Manuel Bustamante León, presidente del consejo de Administración de Surcolor, una empresa en la que Alaya está investigando las ayudas concedidas para un ERE. Bustamante ya está imputado en la causa de los ERE desde hace tiempo y, de hecho, Alaya le ha citado a declarar el próximo día 24, dentro del nuevo calendario de comparecencias fijadas por la juez. Los agentes de la Guardia Civil revisan la vivienda de Bustamante, acompañados por dos perros detectores de dinero, al igual que ocurrió en la primera fase de la operación Heracles, donde se intervino dinero en la casa del ex sindicalista de UGT y conseguidor Juan Lanzas.
La operación Heracles acabó en marzo con la detención de 22 personas y la práctica de al menos 13 registros domiciliarios. La instructora cifró en 7,6 millones las comisiones que habrían percibido los sindicatos UGT y CCOO, y en 51 millones las sobrecomisiones de las consultoras Vitalia y Uniter todas procedentes de esas pólizas financiadas con fondos públicos.
Según algunos testigos, Enrique Rodríguez ha sido detenido al salir de su casa a las 7:00, de donde habría salido esposado. Además, se están realizando registros en la Diputación sevillana, en sedes oficiales y viviendas particulares, entre ellas el domicilio del citado Enrique Rodríguez o el de Juan Antonio Florido, ex secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO en Andalucía, que ya fue imputado por la juez en la causa; el restaurante Río Grande de Sevilla capital -que presentó un ERE con intrusos en el año 2005 que está siendo investigado por Alaya-, y las viviendas de los empresarios que lograron ayudas millonarias en la Sierra Norte Enrique Rosendo y José María Sayago, este último copropietario de la empresa Matadero de la Sierra Morena en la Sierra Norte de Sevilla, que también se investiga en la causa.
Asimismo, en la localidad sevillana de Gines, la Guardia Civil está registrando el domicilio de Antonio Manuel Bustamante León, presidente del consejo de Administración de Surcolor, una empresa en la que Alaya está investigando las ayudas concedidas para un ERE. Bustamante ya está imputado en la causa de los ERE desde hace tiempo y, de hecho, Alaya le ha citado a declarar el próximo día 24, dentro del nuevo calendario de comparecencias fijadas por la juez. Los agentes de la Guardia Civil revisan la vivienda de Bustamante, acompañados por dos perros detectores de dinero, al igual que ocurrió en la primera fase de la operación Heracles, donde se intervino dinero en la casa del ex sindicalista de UGT y conseguidor Juan Lanzas.
La operación Heracles acabó en marzo con la detención de 22 personas y la práctica de al menos 13 registros domiciliarios. La instructora cifró en 7,6 millones las comisiones que habrían percibido los sindicatos UGT y CCOO, y en 51 millones las sobrecomisiones de las consultoras Vitalia y Uniter todas procedentes de esas pólizas financiadas con fondos públicos.
No hay comentarios :
Publicar un comentario