El colectivo advierte de que los más de 4.200 efectivos que hay en la comunidad son insuficientes y que se debería aumentar la plantilla para compensar los recortes de este servicio en los edificios públicos
Colaboración entre la seguridad privada y la pública. Esa es la principal demanda de las asociaciones gallegas de vigilantes de seguridad privada gallegos y que parece que el Gobierno central tendrá en cuenta en la ley que tiene pendiente de aprobar para regular el sector. Los profesionales reclaman que se les atribuyan más funciones para que puedan desempeñar su labor también en edificios públicos y de esta forma compensar los recortes y el déficit de personal de seguridad en este tipo de instalaciones. También solicitan que la nueva norma persiga los casos de intrusismo que -advierten- han repuntado un 30% desde hace cuatro años
El proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada en España ha abierto la puerta de la actividad del sector como complementaria de la seguridad pública. Galicia cuenta en la actualidad con 4.288 profesionales -un 7% más que desde el inicio de la crisis- que trabajan en 83 empresas. Para la Asociación de Empresas de Seguridad de Galicia (Aesga) la cifra es insuficiente y estima que son necesarios al menos lo un millar de profesionales más, sobre todo para compensar los recortes de personal de vigilancia en los edificios públicos.
Hasta ahora este tipo de empresas solo pueden prestar sus servicios en lugares privados como grandes superficies comerciales, urbanizaciones o polígonos. Y la petición de Aesga es que las funciones de los efectivos de seguridad se amplíen a áreas comerciales abiertas como zona Obelisco para hacer frente a los robos que cada vez con mayor frecuencia se producen en los comercios o a la protección de autobuses y otros medios de transporte que suelen ser otros de los blancos de ataques.
El presidente de Aesga, Roberto Lage, destaca que en los últimos años se ha disparado la demanda en materia de seguridad informática y transporte por carretera debido al repunte de incidencias en estos ámbitos. También subraya un aumento de peticiones para que estos profesionales controlen los centros comerciales sin uniforme y de esta forma detectar más casos de delincuencia. Pero para eso, señala, es necesario que los empleados estén "cubiertos legalmente" y que la nueva normativa contenga cambios respecto a la anterior de 1992 y permita "racionalizar los recursos públicos y privados" para crear "una seguridad única".
Lage insiste en que es hora de "tomar en serio" el tema porque "no se pueden perder oportunidades", por lo que espera que el anteproyecto de la Ley de Seguridad Privada que el pasado 14 de junio recibió el visto bueno del Consejo de Ministros y ya se ha enviado al Congreso recoja sus reclamaciones. Como ejemplo indica el avance que se ha producido en las cárceles gallegas donde gracias a la colaboración entre ambos cuerpos los vigilantes privados pueden dedicarse a las rondas de reconocimiento liberando a los funcionarios policiales de este tipo de tareas para que puedan dedicarse a los trabajos para las que solo ellos están capacitados.
A pesar del desarrollo que ha experimentado el sector en los últimos años, tampoco se salva de la crisis y en los últimos cinco años la facturación ha caído un 25% en la comunidad gallega. Con 145 millones de ingresos el año pasado, Galicia se coloca en sexta posición a nivel estatal, según el último informe de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Empresas de Seguridad (Aproser). Pese a que el número de empleados aumenta y se incorporan a las empresas que ya están constituidas, el número de compañías es menor que antes de la recesión. Las provincias de Lugo y Ourense al ser donde más impacta la crisis y las que cuentan con menos población, en opinión de Lage, sufren más el descenso de los beneficios. Para el responsable de Aesga a los ciudadanos les falta"tomar conciencia de que la seguridad es una ciencia preventiva". Aunque lamenta que en esta época de vacas flacas caracterizada por los recortes ni siquiera se toman las medidas necesarias a posteriori. No todo son críticas y por el contrario, destaca la buena preparación de los vigilantes y la estabilidad del sector en la comunidad que -asegura- ha permitido obtener una mayor profesionalización del sector respecto a otras comunidades que han tenido más altos y bajos en el número de efectivos. "Galicia cuenta con un sector profesional y maduro dispuesto a asumir nuevos retos", concluye Roberto Lage.
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