El diputado por Ceuta, Francisco Márquez, como ponente de la nueva ley de Seguridad Privada que quiere impulsar el Gobierno, se refirió ayer a esta norma como la forma de “impulsar” la creación de empleo en un sector que cuenta en España con más de 1.500 empresas y genera más de 90.000 puestos de trabajo. Desde los sindicatos han criticado que la normativa busca una “privatización del sistema penitenciario”, pero Márquez aclaró que sólo se incluye la posibilidad de que la vigilancia perimetral de las prisiones pase a empresas de seguridad privada. “Estas son críticas prematuras y mal informadas”, aseguró el diputado.
El popular afirmó que no se va a destruir empleo público y que tampoco “se va a dar un paso atrás en seguridad”. “Este es un sector importante en nuestro país y es necesario actualizar la ley que lo rige que data del año noventa para dinamizar esta actividad e incorporar nuevos nichos de empleo”, aclaró Márquez durante una rueda de prensa en la sede del PP.
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