DESCÁRGATE NUESTRA APLICACIÓN PARA MÓVILES ANDROID

lunes, 6 de enero de 2014

0

CC OO y UGT han perdido más de 50.000 afiliados en cinco años

Los dos grandes sindicatos de Cataluña, Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), han perdido 51.299 afiliados en los últimos cinco años, según cifras facilitadas por las organizaciones. CC OO ha pasado de 187.097 afiliados en 2009 a 156.355 a cierre del tercer trimestre de 2013 (un 16,5% menos). UGT, de 170.045 a 149.500 (un 12% menos). Los sindicatos atribuyen la caída a la situación de paro de muchos de sus afiliados, que en un primer momento pagan una cuota menor como desempleados, pero llega un momento en que no pueden permitirse ni este gasto. Ambas organizaciones sindicales han puesto en marcha una “cuota cero” para afiliados sin ingresos, que excluye los servicios jurídicos.
USOC, el tercer sindicato en Cataluña, no ha respondido a la petición de datos de este diario. CGT se mantiene en torno a los 15.000 afiliados tras perder apoyo en sectores como el metal, pero ganarlo en el de servicios (en empresas como la limpieza o la informática), explica un portavoz. Las nuevas incorporaciones son básicamente jóvenes, subraya; el sindicato no percibe un trasvase de afiliados llegados de los dos grandes.
Desde el Consejo de Trabajo Económico y Social (CTESC el organismo que reúne a los agentes sociales), su presidente, Josep Maria Rañé, subraya que si bien la cifra de 50.000 afiliados menos es significativa, el porcentaje está por debajo de la pérdida de población ocupada: desde 2009 ha caído un 19%, de 3,4 a 2,8 millones de personas. También la población activa ha descendido, aunque en menor número: de 3,8 a 6,8 millones de personas, un 4% menos. Rañé lo ve, pues, como “un ajuste al ciclo: hay menos ocupados y en peor situación, pero no hay una desafiliación masiva”.
La portavoz de CC OO, Dolors Llobet, argumenta que la afiliación “se comporta como la población asalariada”. En ese sindicato, sin embargo, desde 2009 la afiliación ha caído más (16,5%) que la población asalariada (un 10,9%). Llobet lo justifica por el desempleo que golpea a los trabajadores y asegura que en anteriores crisis la afiliación ha repuntado coincidiendo con la recuperación económica. Tanto en CC OO como en UGT la cuota habitual es de 11 euros y los parados pagan menos.
Desde UGT, su secretario de Organización, Jordi Camallonga, asegura que el sindicato pregunta a los afiliados por qué se dan de baja y que “la respuesta en un 90% de los casos es que se debe a un cambio o empeoramiento de la situación laboral y de los ingresos”. En esa organización, explica, se produjo en 2010 un repunte de la afiliación —“los trabajadores se pusieron a la defensiva”, dice—, y a partir de la segunda mitad de 2012 y sobre todo 2013 “se produjo la caída fuerte coincidiendo con la reforma laboral”. Camallonga admite que en el sindicato “hay preocupación”, y que la puesta en marcha de la “cuota cero” busca “que la gente no se desvincule, no pierda derechos y se sienta acompañada”.
El experto en movimientos sociales de la Universidad Pompeu Fabra, Jordi Mir, expone cómo “desde hace más de 10 años en el movimiento obrero han surgido posiciones críticas respecto a los dos grandes sindicatos, tanto de forma externa como interna, en este caso respecto a la proximidad con los Gobiernos”. Asegura que el debate sobre el papel de los sindicatos está más vivo que nunca, porque los recortes y la ofensiva legislativa presionan e irrumpen con fuerza los movimientos sociales, con episodios cúspide como el 15-M.
A juicio de Mir, una de las claves es “qué hay que hacer: si los sindicatos deben centrarse en la defensa de los trabajadores y sus afiliados o en lo que eran inicialmente, organizaciones sociales y políticas, algo más parecido a un movimiento”. El investigador recuerda cómo durante las movilizaciones del 15-M hubo marchas contra los sindicatos, que hay “posturas que piden ir más allá, en buena parte porque con el nuevo marco legal el pacto social donde los sindicatos son protagonistas ha desaparecido” y que en sectores como la Universidad han emergido con fuerza sindicatos pequeños. Mir cree que “el modelo económico imperante anima a una revisión”, pero que, en cualquier caso, “la necesidad de representación existe”.
Sobre la confianza en el modelo actual, el presidente del CTESC, que fue consejero de Trabajo con el tripartito, recuerda que tanto CC OO como UGT siguen teniendo en las elecciones sindicales “un nivel de apoyo muy fuerte en la elección de delegados. Si lo comparamos con la política, hay cambios de escenario, mientras que el peso de las dos centrales sindicales siguen ostentando el 80% de la representación”,
 
0

La cúpula de UGT-A se regaló 40 cámaras de vídeo para Reyes a cargo de la Junta

Cargaron parte del coste a un plan estrella para luchar contra el paro.
La crisis no menguó los regalos de Reyes de la UGT Andalucía. El sindicato compró en diciembre de 2010 40 videocámaras como detalle navideño para la cúpula de la organización y para los compromisos VIP. El encargo estaba presupuestado en 3.984,38 euros, más IVA, que la empresa Siosa detrajo de un bote acumulado con facturas irregulares provenientes de fondos de la Junta. UGT cargó al Gobierno andaluz hasta los 195,94 euros que costó la grabación a láser del logo sindical en los aparatos. Dio instrucciones precisas a Cuerda de Castro, uno de los proveedores habituales, para que facturara el importe a cuenta de la publicidad del plan de empleo Memta, uno de los programas estrella puestos en marcha por la Junta de Andalucía para combatir el paro. En diciembre de 2010 el desempleo estaba a punto de romper el temido techo de cristal del millón de parados, con 903.999 personas inscritas en las oficinas del INEM.
El desembolso y el engranaje presupuestario lo acredita una extensa documentación en poder de LA RAZÓN. El regalo en cuestión fue una videocámara digital Toshiba Camileo S20, LCD y pantalla táctil, que según un presupuesto de la empresa Siosa salía a razón de 114,67 por pieza, sumado el IVA. El máximo responsable de la organización en ese momento era Manuel Pastrana, que ha ejercido quince años de secretario general de UGT-A. Un intercambio de correos electrónicos entre el departamento de compras de UGT-A y los dos proveedores encargados de suministrar los aparatos y poner la grabación, ilustra perfectamente sabe cómo fue la operación.
El envío de las videocámaras se produce a principios de diciembre de 2010. El día 9, Siosa remite un correo al departamento de compras de la UGT-A: «Ya te hemos enviado las 40 videocámaras Camileo a tu atención, a calle Salado 10-12», la sede regional del sindicato, que fue registrada el 19 de diciembre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «Espero que pregunten por mí, porque yo estoy en el número 9», responde uno de los trabajadores.
Quedaba aún fijar en cada videocámara el logo de la UGT. El mismo día 9, a primera hora de la mañana, Cuerda de Castro informa de que ha optado por la inscripción a láser. «Lo mejor opción sería a láser y creo que el lugar sería en la parte negra debajo de Toshiba. El precio de grabación de las 40 unidades sería de 180 euros más IVA (menos el descuento del rápel), en el caso de que interese te recogería en el día de hoy una cámara para hacerte una prueba y si te gusta te las grabaría para el 15 de diciembre».
Efectivamente la grabación costó 184,50 euros más IVA (195,94 en total), pero no lo pagó el sindicato, sino la Junta de Andalucía. Este periódico ha consultado un correo electrónico enviado por UGT-A a Cuerda de Castro en vísperas navideñas, el 15 de diciembre, en el que el sindicato da órdenes de falsear la factura. «Hoy, junto con las cámaras me han dejado la factura Nº 750 de la grabación de las mismas; necesito que me cambies el concepto de la misma y que ponga lo mismo que en las facturas Nº 569 y 639».El proveedor acató la orden. En la factura 750, fechada el 14 de diciembre, el cargo está satisfecho con el concepto «publicidad» de un plan de «desarrollo de acción formativa de formación profesional
para el empleo», y de los programas Memta I y II.
El Memta ha sido uno de los programas de empleo estrella de la Junta. Se diseñó en 2008 y estuvo vigente hasta que se cortó sorpresivamente en octubre de 2011 porque la Junta se quedó sin fondos para seguir manteniéndolo. Contemplaba becas por asistir a cursos de formación y contratos por una duración indeterminada con entidades sin ánimo de lucro y administraciones. Un informe de la Cámara de Cuentas de fiscalización de los planes de empleabilidad de 2009 de la Junta ya recoge numerosas irregularidades en el plan Memta.
El proveedor Cuerda de Castro colaboró con regalos. El 7 de diciembre, antes del envío de las videocámaras, UGT responde vía e-mail al proveedor Cuerda de Castro: «Hemos recibido cuatro cajas de vuestra parte para el departamento de compras y para Federico y quiero agradecerte sinceramente el detalle, aunque no tendríais que haberos molestado».
«Federico» es Federico Fresneda, el ex tesorero y ex vicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT Andalucía, mano izquierda o mano derecha, según se mire, de Manuel Pastrana, junto a Fernández Sevilla, y una de las personas en el ojo del huracán por toda la información que está apareciendo sobre la contabilidad de UGT Andalucía.
El caso de las facturas de UGT lo instruye el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, del que es titular Mercedes Alaya.
 
0

MELILLA: Serramar aún debe unos 2.300 euros a cada vigilante del CETI


Los representantes sindicales de los empleados se reúnen la próxima semana con la Inspección.

La situación de los trabajadores de vigilancia del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) continúa sin solucionarse. La empresa adjudicataria del servicio, Serramar, adeuda una media de más de 2.300 euros a cada empleado, según explicó ayer en declaraciones a El Faro, el representante sindical de los vigilantes, Dámaso García. Según precisó García, la empresa aún no ha abonado la paga extra de Navidad (unos 1.000 euros por empleado) ni la nómina de diciembre (unos 1.300 euros). Asimismo, señaló que a algunos de los trabajadores se les debe parte del sueldo de noviembre. El representante sindical señaló que las cantidades varían en función de la categoría de cada empleado, pero recalcó que lo realmente preocupante es que la situación continúa siendo la misma que hace unos meses.
 
Asimismo, aseguró que por el momento no han tenido ninguna información nueva por parte de la empresa, más allá de lo que les dice el trabajador que sirve de enlace entre la plantilla y la central. “Él está intentando hacer lo que puede, pero tampoco puede darnos más información de la que le facilitan”, señaló. Ante los nuevos impagos, García apuntó que la intención, a priori, es volver a concentrarse en señal de protesta. No obstante, apuntó que aún no hay fechas definidas, porque están a la espera de reunirse con la Inspección de Trabajo. El representante de los empleados dijo que el encuentro se celebrará, casi con total seguridad, la próxima semana y apuntó que en función de las conclusiones de esa reunión decidirán si vuelven a concentrarse, aunque insistió en que todo apunta a que volverá a haber protestas.
 
Hay que recordar que la Inspección de Trabajo ya ha sancionado con una multa de 6.000 euros a la empresa Serramar por los retrasos en el pago a los trabajadores del servicio de vigilancia del CETI. Además, los trabajadores se concentraron por última vez a finales del mes pasado en la plaza del Sagrado Corazón para volver a protestar por la situación. Los impagos por parte de Serramar a los vigilantes lleva siendo una realidad desde hace más de dos años.
 

viernes, 3 de enero de 2014

0

El Fogasa ya no financia despidos en pymes y ahorrará 300 millones

Empresas de menos de 25 empleados pagarán la indemnización íntegra.
«Este Gobierno no va a favorecer con subvención pública el despido de las empresas solventes». Con este argumento justificaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la decisión del Gobierno de dejar de financiar desde ayer los despidos objetivos en las empresas de menos de 25 trabajadores, en las que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) asumía el pago directo de 8 de los 20 días de indemnización a los que tienen derecho los empleados indefinidos despedidos por causas justificadas.
La medida, aprobada a través de una enmienda del PP en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado para este año, permitirá ahorrar unos 300 millones cada año (el pago directo por este concepto fue de 314 millones en el 2012, según la memoria del Fogasa). De este importe, según los cálculos de los sindicatos, un 8,6 % del total será la cantidad que se deje de financiar en Galicia. Equivale a unos 27 millones anuales. Desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Luís Novoa, presidente de la patronal pontevedresa, advierte al Gobierno del «error» de eliminar una ayuda que, argumenta, solo servía para ayudar a las empresas de menos tamaño a ajustar sus plantillas a una demanda menor y «que no desaparezcan por el pago de indemnizaciones». En ese sentido, recuerda que las pymes sostienen el 99 % del empleo en Galicia y que es vital ayudar a mantenerlas en activo, por lo que insta al Ejecutivo a «gestionar mejor, no recortar a machetazos».
Pero la del Fogasa no es la única reforma en materia laboral que acaba de entrar en vigor. Aquí va un resumen de los cambios recientes de mayor calado.
Empleo a tiempo parcial
Aumentos de jornada de hasta el 90 %. En vísperas de Navidad, el Gobierno aprobó un decreto ley de medidas para favorecer la contratación, un texto en el que los sindicatos ven la vuelta de tuerca anunciada a la reforma laboral pero que desde Empleo califican como meros «ajustes». Tras un intenso debates sobre el modelo de los minijobs alemanes, el Ejecutivo aprueba una nueva regulación para fomentar el trabajo a tiempo parcial, para lo cual flexibiliza las jornadas. Así, se aprueba un nuevo régimen de horas complementarias que permite aumentar entre un 45 y un 90 % las jornadas de los trabajadores indefinidos con contratos de más de diez horas a la semana. En ese cómputo se incluyen las horas pactadas (aquellas que el trabajador está obligado a hacer tras haber firmado el acuerdo o porque figuran en convenio), que pueden elevar hasta un 60 % la jornada base, y las voluntarias (de libre aceptación), que incrementarían como máximo otro 30 %.
No es el único cambio en el empleo a tiempo parcial. El Ejecutivo extiende el contrato de apoyo a emprendedores (que incluye distintos incentivos fiscales y un período de prueba de un año en el que se puede despedir al trabajador sin indemnización) a esta modalidad de jornada, siempre y cuando el contrato sea indefinido. Para los de duración determinada se aprueban nuevos períodos de prueba, de un máximo de seis meses para técnicos titulados.
Además, se reduce en un punto el tipo de cotización en los contratos a tiempo parcial de duración determinada.
Incapacidad temporal
Subsidios suspendidos por no acudir a las revisiones. En materia de incapacidad temporal, los cambios también son de calado. En primer lugar, porque las mutuas podrán realizar el seguimiento de las bajas desde el primer día (hasta ahora el control empezaba a partir del decimosexto día, cuando se hacían cargo del pago de la prestación). Además, podrán dar de oficio el alta a un empleado si el médico de cabecera no responde a su solicitud motivada en un plazo de cinco días.
Con los cambios introducidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2014, los trabajadores de baja también verán suspendido de forma cautelar su subsidio si no comparecen a las convocatorias realizadas bien por los médicos de la Seguridad Social o de la mutua para su reconocimiento, incluso antes de que se determine si la ausencia fue justificada o no. Hasta ahora, solo se extinguía el cobro de la prestación si se probaba una ausencia injustificada.
Además, para bajas de larga duración, se computarán las recaídas (nuevas bajas por la misma patología dentro de los seis meses posteriores al alta) dentro del límite de 545 días en los que se puede cobrar el subsidio.
eTT
Podrán ceder trabajadores con contratos en prácticas. Los cambios legales aprobados por el Ministerio de Empleo abren la mano con las empresas de trabajo temporal (ETT), a las que se permitirá que cedan a sus clientes trabajadores con contratos en prácticas.

Conciliación
La reducción de jornada por hijos se amplía hasta los 12 años. El supuesto de reducción de jornada y salario por cuidado de menores, que permite a los trabajadores ajustar entre una octava parte y la mitad de su jornada laboral a cambio de una reducción proporcional del sueldo, se amplía hasta los doce años de edad del menor a cargo, frente al límite actual, fijado en los ocho años.