Verano complicado para Ombuds, la tercera empresa de seguridad de España tras Securitas y Prosegur, para la familia Cortina y, sobre todo, para los 7.500 empleados de la compañía. Las cuentas no acaban de cuadrar desde que, en 2015, la empresa compró Casesa (Castellana de Seguridad), por unos 30 millones de euros, lo que le convirtió en el segundo operador del sector, solo por detrás de Securitas.
Las cuentas, sin embargo, no terminaron de cuadrar a pesar de los 70 millones de euros que han aportado los accionistas (Cortina y el fondo JZI) en los últimos años. Un Ebitda raquítico y la necesidad de aportar otros 40 millones por parte de los accionistas en 2018, han acabado con la paciencia de la banca acreedora, que ha cortado el crédito factoring que sustenta el circulante para pagar las nóminas.
No solo eso, Santander, Bankia y Caixabank han exigido la salida del consejero delegado, Rodrigo Cortina López. ¿Recuerdan? Es hijo de Antonio Cortina Prieto, estrecho colaborador de Manuel Fraga cuando crearon Alianza Popular, y sobrino de José Luis Cortina, comandante del Cesid que fue encarcelado por el golpe de Estado del 23-F, aunque fue absuelto posteriormente.
Lo dicho: no son días fáciles para Ombuds y sus 7.500 empleados. Y tampoco para Rodrigo Cortina.