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sábado, 9 de noviembre de 2013

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La Juez Mercedes Alaya, investigará "Delphi"

El PP denuncia que la Junta concedió dos ayudas de 126 millones a extrabajadores de Delphi sin aval de Intervención.
La popular Alicia Martínez considera que los acuerdos de julio y diciembre de 2011 remitidos a la juez Alaya demuestran que el Gobierno andaluz utilizaba el dinero de los ERE "para comprar la paz social"
El Partido Popular ha pedido a la juez que instruye el caso de los los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, que requiera a la Junta de Andalucía que le remita "de manera inmediata" dos acuerdos de Consejo de Gobierno adoptados en julio y diciembre de 2011 sin informes favorables de la Intervención General por los que aprobaban fondos por valor cercano a los 126 millones de euros para refinanciar las pólizas de seguro a favor de los trabajadores de la factoría de Delphi en Puerto Real.

Así lo ha anunciado este jueves en Motril (Granada) la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez, quien ha precisado que en el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado lunes se denuncian estos dos acuerdos que otorgaron, en el citado año, sendas ayudas de 65 millones y 61 millones de euros a los trabajadores de Delphi, "a pesar de que en un caso no había informe de fiscalización de la Intervención General de la Junta y en el otro el informe de la Intervención era contrario a la tramitación del ERE de Delphi".

Martínez ha explicado "que ambos acuerdos, fechados el 12 de julio de 2011, y el 7 de diciembre de 2011, están firmados por el presidente de la Junta, José Antonio Griñan, y el consejero de Empleo, Manuel Recio, pero no se publicaron el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) a pesar de su cuantía".

Según ha detallado, "el acuerdo de 7 de diciembre de 2011 autoriza la refinanciación de la póliza de seguros a favor de los trabajadores de Delphi por importe de 60.949.612 euros y encomienda su gestión a la Agencia IDEA a pesar de la existencia de un informe de la Intervención contrario a la tramitación del ERE de de Delphi, puesto de manifiesto en informe de fiscalización de disconformidad firmado el 15 de noviembre de 2011 por la interventora general de la Junta de Andalucía Rocío Marcos Ortiz".

Alicia Martínez afirma que la interventora "firmó un informe advirtiendo de graves irregularidades en un ERE de 61 millones de euros, el cual trasladó por los cauces reglamentarios al viceconsejero de Empleo, y éste a su vez a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y ésta al Consejo de Gobierno, que conoció tales ilegalidades". "A pesar de ello el Gobierno andaluz acordó tramitar la póliza con el informe de intervención en contra", ha criticado.

Según ha agregado, en dicho informe se somete a fiscalización la propuesta de resolución de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, por la que se autoriza la refinanciación de la póliza de seguros suscrita en mayo de 2010 con Generali España a favor de los extrabajadores de Delphi y se encomienda a IDEA la tramitación.

La dirigente popular señala que este informe de disconformidad subraya que tiene efectos suspensivos por las deficiencias que expone y pone de manifiesto "el cúmulo de irregularidades, la falta de expedientes de cada trabajador, y la inclusión de siete personas que no deberían figurar en la lista de prejubilados, dos porque estaban en otras empresas y otras cinco personas que se consideran intrusos en los listados".

OTRO ACUERDO SIN INFORME

El otro acuerdo de Consejo de Gobierno autoriza a la Consejería de Empleo la refinanciación de la póliza de seguros a favor de los extrabajadores de Delphi por importe de 64.800.981 euros "sin que conste el correspondiente informe de fiscalización de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Asimismo, autoriza a la Agencia IDEA la tramitación de su pago y seguimiento con plazo hasta el 21 de marzo de 2022".

Alicia Martínez afirma que estos acuerdos demuestran que "el dinero de los ERE, en este caso el de Delphi, se utilizaban por el Gobierno andaluz para comprar la paz social, sin procedimiento, saltándose los controles de intervención, a pesar de que señalaban la presencia de intrusos y advertían de la falta de justificación".

Ha destacado, además, que los acuerdos son de finales de 2011 "cuando ya había estallado el caso de los ERE y el mayor conflicto laboral de Andalucía amenazaba con estallar justo antes de la última elecciones autonómicas, que ganó el PP y en las que el PSOE tuvo un castigo importante".

En el este escrito remitido al Juzgado, el PP solicita que se requiera al Consejo de Gobierno que remita de manera inmediata los expedientes completos, indexados, que se tramitaron para adoptar los dos acuerdos del Consejo de Gobierno de 12 julio 2011 y 7 diciembre de 2011.
 
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Un 'gorrilla' trata de apuñalar a dos vigilantes en el Hospital de Valme

La Policía Local detuvo al indigente, que llevaba un cuchillo jamonero y otras dos armas blancas.
Un indigente trató ayer de apuñalar a dos vigilantes de seguridad del Hospital de Valme, a los que atacó con un cuchillo jamonero de 25 centímetros de hoja. Los vigilantes retuvieron al agresor hasta la llegada de la Policía Local, que lo detuvo y le intervino el cuchillo y otras dos armas blancas que portaba. Además, fue arrestado un segundo indigente que no participó en los hechos, pero sobre el que pesaba una reclamación judicial en vigor.

Los hechos ocurrieron sobre las tres y media de la tarde, cuando un vigilante desalojó al indigente, que se gana la vida como gorrilla, cuando rebuscaba en un contenedor de basura situado junto a la puerta principal del hospital. Pocos instantes después, los vigilantes recibieron el aviso de una persona que alertaba de que el mendigo había sacado un cuchillo.

Dos empleados de seguridad fueron hasta la rotonda de entrada, donde el sospechoso esgrimía el arma blanca y llegó a lanzarle una cuchillada al cuello de uno de los vigilantes. Éste logró esquivarlo dando un paso atrás y llegó incluso a caerse. Su compañero consiguió retener al gorrilla hasta que llegó una patrulla de la Policía Local, que lo detuvo por la agresión. Los vigilantes lograron también mantener la seguridad de una zona en la que había trasiego de personas que llegaban al hospital tras dejar sus coches en el aparcamiento cercano. Además del cuchillo, la Policía Local le intervino un punzón de unos 8 milímetros y otra pequeña navaja. El segundo detenido presenció los hechos y fue arrestado por la requisitoria judicial.
 

viernes, 8 de noviembre de 2013

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Los March salen de Prosegur

Adiós a una participación histórica.
 

07/11/2013 (17:56)
Corporación Financiera Alba ha dado a Findentiis el mandato para colocar un 2,99% del capital de Prosegur, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al cierre de mercado. Con esta operación, que se ha cerrado esta misma tarde, el brazo inversor de la familia March da por concluida una aventura que se remonta más de una década, al año 2002, cuando adquirió un primer 5% del grupo de seguridad, que llegó a engordar por encima del 10%.
Sin embargo, durante 2013, Alba ha ido reduciendo paulatinamente su presentacia -primero bajó al 8,7% y posteriormente al 4,7%-, hasta llegar a esta última operación, que supone que Alba "no mantiene acción alguna del capital de Prosegur", según acaba de confesar a la CNMV. Esto significa que desde el pasado mes de julio, los March han vendido un 1,8% de Prosegur sin comunicárselo al mercado.
Y es que, desde que tomó la decisión de abandonar el valor, la familia mallorquina ha ido dando pasos poco a poco, para hacer el menor daño posible al valor, ya que su capital flotante apenas representa un tercio de las acciones. De hecho, en lo que llevamos de año, los títulos de Prosegur son de los pocos que cotizan en negativo, ya que se dejan un 0,67%, al haber pasado de los 4,44 euros en que cerró 2012, a los 4,47 euros actuales.
Tomando como referencia este importe, la operación cerrada hoy por Fidentiis debería haber supuesto para la familia March unos ingresos de 83 millones de euros. Sin embargo, la colocación acelerada se ha cerrado a un precio de 4,35 euros, lo que supone un descuento del 3,12% respecto al actual precio de cotización, y reduce a 80,5 millones el importe total de la venta, lo que no evita que Corporación Financiera Alba logra una plusvalía de 26,8 millones.
En total, con todas las ventas que han realizado hasta deshacerse por completo de su 10,01%, los March han logrado un ingreso de 269,1 millones, con una plusvalía bruta de consolidada total de 89,3 millones de euros y una TIR -rentabilidad- del 11,3 % anual durante un periodo de inversión de 12 años.

Fuente:  http://www.elconfidencial.com

martes, 5 de noviembre de 2013

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Dimiten en pocas horas Salvador Mera y el resto de la ejecutiva de UGT-Cádiz

El hasta ahora secretario general presentó un escrito a las 09:00 horas ante la dirección del sindicato en Sevilla Los seis miembros de la ejecutiva gaditana lo hicieron poco después.
 
Nuevo día de caos en UGT-Cádiz. A las 09:00 horas de la mañana de ayer, el hasta ahora secretario general del sindicato, Salvador Mera, firmaba su renuncia en las oficinas de la dirección de la organización en Sevilla. Poco después, lo hacían en Cádiz los seis miembros de la ejecutiva provincial gaditana en pleno, que comunicaban a UGT Andalucía su renuncia.
Salvador Mera explicó a última hora de la tarde de ayer que no sabía de la intención de sus, hasta ayer, compañeros de ejecutiva y que su decisión le había pillado por sorpresa. "No me esperaba este paso", admitió. Mera afirmó que "respeto todas las decisiones de mis compañeros, tanto individuales como colectivas; han decidido dar ese paso y ellos sabrán por qué lo han hecho".
Para el que ha sido máximo responsable del sindicato en Cádiz, su intención era "buscar el máximo consenso tras todo lo sucedido -en alusión a su implicación en el caso de los ERE y posterior detención- y en eso sigo, porque no quería dar el paso de dimitir antes de tiempo, pero todo se ha precipitado", reconoció en declaraciones a este periódico.
Lo llamativo de la jornada de ayer es que los seis miembros que formaban, junto a Salvador Mera, la ejecutiva gaditana del sindicato, comunicaban también su dimisión a la dirección de UGT-Andalucía. En un escrito contundente presentado por la tarde, y del que han trascendido pocos detalles, los seis miembros dimisionarios vienen a exponer que el motivo de su marcha es la no conveniencia de que el todavía secretario general ugetista, Salvador Mera, continuara en su cargo tras su detención por parte de la Guardia Civil relacionado con el caso de los ERE fraudulentos, que dirige la juez Mercedes Alaya en Sevilla.
Este periódico pudo saber ayer que el malestar entre los seis de los siete miembros de la ejecutiva (el séptimo es el propio Mera) hizo que se adoptara esta importante decisión. Así, todos creen de forma unánime que el responsable del sindicato en Cádiz debería haber dado el paso de marcharse después de que hubieran transcurrido varios días desde que puso su cargo a disposición de la dirección regional. Sin embargo, días atrás, el máximo responsable andaluz de UGT, Francisco Fernández, no sólo no aceptó la dimisión de Mera sino que se encargó de dejar claro que tal dimisión no se había producido y que quería "una transición tranquila". Lo curioso del caso es que nadie entre los seis miembros de la ejecutiva conocía a última hora de la tarde de ayer que Mera había dimitido por la mañana, como él mismo reconoció a este periódico.
Los estatutos del sindicato marcan que hay que constituir una gestora que dirija el destino de esta formación en la provincia en dos supuestos: bien porque se marche el secretario general o bien porque lo haga la mitad de los miembros de la ejecutiva. En este caso se dan las dos circunstancias.
Será por tanto, una vez más, Francisco Fernández el que tenga que tomar las riendas (él mismo, como ocurriera en la etapa anterior al propio Salvador Mera, o la persona en quien delegue) de UGT en Cádiz hasta que se convoque un congreso extraordinario para elegir al nuevo secretario general ugetista en la provincia.
Hoy mismo, los miembros de la ejecutiva que ayer anunciaron a Sevilla su marcha, se encargarán de dar las pertinentes explicaciones a las distintas federaciones que componen la organización, además de a los trabajadores del propio sindicato.
Hay que recordar que Salvador Mera fue detenido el pasado 8 de octubre, mientras desayunaba en la cafetería del edificio de los sindicatos en la capital gaditana. Dos días después, prestó declaración en Sevilla ante la magistrada Alaya, quien le comunicó que estaba imputado por delitos de tráfico de influencias, falsedad y contra la Hacienda Pública. Aunque quedó en libertad con cargos, se le impuso una fianza civil de unos 240.000 euros.
A partir de ahora, la gestora que dirija el sindicato en Cádiz tendrá que convocar en los plazos establecidos un próximo congreso del que saldrá el nuevo responsable. Así, quien se enfrentara a Salvador Mera en las últimas elecciones sindicales, el exDelphi Antonio Montoro, ya ha reiterado que no entra en sus planes ser secretario general en la provincia, más aún tras su designación como miembro de la ejecutiva regional de MCA-UGT.
 

lunes, 4 de noviembre de 2013

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CCOO desvió dinero de las subvenciones para pagar sus gastos

El sindicato CCOO usó dinero correspondiente a la formación de los parados para pagar las nominas de altos cargos sindicales.
Cuando menos parte de las ayudas y subvenciones de la Junta que deberían haber sido destinadas a la formación de parados y autónomos fueron utilizadas por CCOO de Andalucía para pagar sueldos de sindicalistas. Con ello, se muestra que el execrable comportamiento de UGT-A denunciado en reiteradas ocasiones por Libertad Digital y otros medios no es único y que ambas organizaciones financiaban los gastos de su estructura con el dinero que desviaban de los fondos de formación.
El Mundo cuenta este lunes que se puede detallar cómo CCOO planificaba la imputación de determinados salarios a programas concretos subvencionados a la Fundación para la Formación y el Empleo de Andalucía (Forem-A), la entidad filial de Forem Nacional, a través de la que el sindicato realiza todos sus cursos desde 1993.

Contrataciones con un coste de 62.218,80 euros

Pero al menos en uno de estos cursos, correspondiente a diciembre de 2010, se incluyeron las contrataciones de 25 personas a través de Forem-A que supusieron un coste de 62.218,80 euros, pero se trataba en realidad de altos cargos sindicales y personal laboral que trabajan permanentemente para CCOO-A, no para la fundación dedicada a la formación, hecho que ya ha sido reconocido por la organización si bien atribuyéndolo a comportamientos ocasionales.
Llamativo es el caso de Rosa Berges Acedo, Secretaría de Política Social en la ejecutiva regional que lidera Francisco Carbonero. El Mundo afirma que en los documentos de planificación de gastos de personal para el ejercicio 2011 se precisa que recibía ingresos de CC.OO Andalucía, pero asimismo, y curiosamente, la mayor parte, de Forem, 9.942 y 34.164 euros respectivamente con un total de más de 44.000 euros.

Uso fraudulento de las subvenciones

Pero no es el único caso. Entre los cargos sindicales que en algún momento han cobrado su sueldo a través de las subvenciones concedidas por la Junta para formar a desempleados y autónomos también se encuentra Dolores Rodríguez Valadés, que en diciembre de 2010 era la secretaria de Organización de CCOO-Cádiz y desde noviembre de 2012 es la máxima responsable del sindicato en esta provincia tras relevar a Manuel Ruiz Benítez.
Dos de los miembros de la ejecutiva que lidera la pacense Rodríguez Valadés –concretamente Manuel José Campoy Sánchez y José Manuel Trillo Marín– también han percibido su sueldo alguna vez a través de Forem-Andalucía.
Juana Mancilla Caro, desde hace años al frente de la secretaría general de la Federación de Actividades Diversas de CCOO Andalucía (hoy Servicios Privados). también aparece entre quienes cobraron alguna vez de Forem. También ha cobrado su sueldo a través de Forem-A en algún momento siendo la secretaria general de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos (Comfia) en Cádiz Begoña López Pérez.
Los sueldos de Cándido Jiménez Sánchez y José Antonio Rosal Salamanca, procedentes de la federación de Construcción en Córdoba como el secretario general Francisco Carbonero y desde hace más de tres años adjuntos a la secretaría de Organización de CCOO-A y dedicados a las elecciones sindicales, fueron imputados al programa Preferentemente Desempleados en diciembre de 2010.
Igualmente, tres empleados adscritos al centro contable figuraban en la previsión presupuestaria de personal para 2011 a sueldo de Forem con una retribución bruta anual de 31.885,59 euros (más otra partida que aportaba el sindicato y que oscila entre 15.373,87 y 6.270,83 euros). Se trata del máximo responsable, Manuel Borrego Díaz, y sus subordinadas Esperanza Galán Tello y Rosa María Muñoz Calero.