¿Hacia la privatización de la seguridad en los pueblos?

Madrid, 6 dic (EFE).- ¿Camina la seguridad de los pueblos hacia la privatización? Hay agentes locales que así lo creen y avisan de que se están dando pasos para ello, como los recortes e, incluso, la eliminación total de las plantilla o la incorporación de interinos en algunos cuerpos.

Estas medidas incrementarían la inseguridad ciudadana en los municipios, donde se ofrecería una seguridad "de risa".

Así lo aseguran tres mandos de policías locales en las comunidades de Madrid, Castilla y León y Valenciana integrados en la Asociación Nacional de Jefes, Mandos y Directivos de Policía Local (Anjepol), que temen que algunas administraciones "están pensando en privatizar la seguridad pública" y en "abrir una nueva vía de negocio para los amiguetes".

Sus sospechas se basan en "movimientos" como la futura Ley de Seguridad Privada, que pretende dar competencias en seguridad pública a vigilantes privados; o en el borrador de Ley de Coordinación de Policía Local de Castilla y León, que fija unos mínimos para que un municipio disponga de ese Cuerpo y la extinción de los actuales si las plantillas no llegan a ese mínimo.

Pero también en la actitud del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, que cerró la Academia de Policía Local y que, como ha recordado Anjepol, ha recortado las subvenciones a las denominadas Brigadas de Seguridad Ciudadana o BESCAM.

El jefe de Policía Local de la localidad madrileña de Torres de la Alameda y presidente de Anjepol, José García Archidona, esgrime estos ejemplos y advierte de que "hay una consecuencia clara y nítida en todos estos movimientos que se están produciendo: el grave deterioro que va a sufrir tanto la seguridad pública como el servicio que se presta al ciudadano", que podría ser "de risa".

Recuerda que las policías locales suponen casi una tercera parte del total de policías públicos y una futura privatización afectaría sobre todo a los pequeños municipios, "donde la Guardia Civil tiene cuarteles pequeños que han de cubrir varios términos municipales, por lo que el trabajo preventivo lo hace, sobre todo, la Policía Local".

García Archidona cree que puede hacerse realidad la frase que dijo en su día el exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid Francisco Javier Ansuátegui: "El que quiera seguridad que se la pague".

En su opinión, "algunos están pensando en privatizar la seguridad pública, en abrir una nueva vía de negocio para los amiguetes". Y advierte que "lo privado no necesariamente tiene que salir más barato porque las empresas no son ONG", como se ha visto recientemente con el conflicto de la limpieza viaria en Madrid.

Jose Antonio Soriano, inspector de Peñíscola (Castellón), es policía local desde hace 27 años y mando desde hace 16 y cree que se constata "un deterioro de la seguridad pública, que es el paso previo para justificar que el sector privado funciona mejor", con la contratación de un 80 por ciento de los mandos "a dedo, para colocar al amiguete de turno".

Explica que la Ley de Coordinación de Policía Local de la Comunidad Valenciana incluye la figura del agente interino, que se creó para reforzar puntualmente la seguridad en verano, pero se ha generalizado.

Lo que ha conllevado "una precarización en el empleo, con menos salarios, horarios disparatados y poca profesionalidad", enfatiza.

Subraya que los interinos, que no llevan armas, deberían realizar solo tarea administrativas o de control de tráfico, pero según Soriano, "patrullan a diario con estos agentes y hacen de todo" cuando "no tienen la misma formación" que los policías locales.

Heliodoro Prieto, también inspector, alerta de que el borrador de la Ley de Coordinación de Policía Local de Castilla y León que prepara el Gobierno autonómico incluye por primera vez la figura del interino, lo que en su opinión es "una chapuza" porque supone tener "una policía no profesionalizada".

Otro punto que incluye el borrador es que las policías locales tengan un mínimo de siete miembros y, si no llegan a esa cifra, "serán una figura a extinguir", algo que, a su juicio, "irá en un grave perjuicio de la seguridad" que dan los agentes más próximos a los ciudadanos.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/politica/20131206/54395239951/hacia-la-privatizacion-de-la-seguridad-en-los-pueblos.html

Reunión de la Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad Privada

Esta mañana 2 de diciembre, ha tenido lugar en Madrid una reunión de la Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad Privada, para tratar la planificación de actividades de la Fundación Tripartita. Los principales temas tratados han sido la valoración de la demanda de formación y la valoración de la oferta de formación. Además, ha tenido lugar el cambio de Presidente de esta Comisión Paritaria,que durante este año será José Centeno, de UGT. El Secretario continuará siendo Isaac Martínez, de Securitas, por la parte de la patronal.

Por otro lado, las asociaciones ACAES y AES se han unido en UAS, una asociación de nueva creación. A partir de ahora, será la que aparezca como firmante en las reuniones de la Paritaria, agrupando la representatividad de las dos asociaciones que la forman, aunque las dos asociaciones seguirán trabajando de manera independiente. También se han unido AESPRI y FES, que seguirán siendo independientes, pero en las reuniones de negociación del Convenio y de la Fundación Tripartita se presentarán como una sola, a la que se denominará FES Posteriormente, se ha mantenido una reunión de mediación referente a la formación en la empresa Castellana de Seguridad, S. A. (Casesa). El motivo ha sido las discrepancias entre la representación legal de los trabajadores del Comité de Granada y la dirección de la empresa Casesa. Estas discrepancias son, entre otras: Falta de comunicación de las acciones formativas a la RLT, no dar la formación a todos los trabajadores, e impartir las 20 horas de formación a distancia.

En septiembre tuvo lugar una primera reunión, que hubo que aplazar al no presentarse la parte social. En esta reunión, la empresa se comprometió verbalmente a asumir los costes de transporte de la representación legal de los trabajadores. A la reunión que ha tenido lugar hoy no se han presentado ni los representantes de la empresa, alegando por carta a la Fundación Tripartita que ellos han hecho todo de manera correcta, ni la representación legal de los trabajadores al no abonárseles los gastos de desplazamiento. Al no presentarse ninguna de las partes, la reunión se da por cerrada. Lo único que puede hacer ahora el comité de empresa es presentar una denuncia en el Ministerio de Empleo y en Seguridad Privada.

 

FUENTE: ftspuso.es AQUÍ

SEVILLA: Nuevas agresiones al personal sanitario en un centro de urgencias, esta vez en El Greco

Un paciente arremete también contra el mobiliario y los trabajadores se tienen que refugiar en una sala

Trabajadores del centro de salud de El Greco han sido objeto de amenzas y de una situación terrorífica que les obligó a refugiarse en una de las habitaciones del inmueble mientras prestaba servicio en las horas de urgencias. Un paciente arremetió contra el mobiliario y amenazó al personal sanitario mientras los demás usuarios que esperaban en las urgencias abandonaban las instalaciones persos del pánico.

 

Según ha denunciado Alejandro González Alonso, delegado de Csi-f Sanidad en Sevilla los hechos tuvieron lugar el pasado sábado día 30 a las nueve de la noche en las urgencias del centro de salud de El Greco. A esa hora llegó un usuario «bastante nervioso» y tras ser atendido por el médico, este facultativo decidió solicitar una ambulancia para trasladarlo a Psiquiatría del Hospital Virgen Macarena. Mientras llegaba la ambulancia, el paciente comenzó a destrozar mobiliario del centro de salud, a la vez que gritaba y amenazaba a los integrantes del dispositivo: el médico, el enfermero y el celador conductor. Cuando éste intentó llamar a la Policía, el usuario fue a descolgar un extintor de la pared para lanzárselo de modo que ante el peligro evidente los trabajadores tuvieron que refugiarse en una habitación mientras los efectivos policiales llegaban y la ambulancia brillaba por su ausencia.

 

Este sindicato, «después de muchas reclamaciones a la dirección del Distrito Sevilla», no sólo exige vigilante de seguridad en un solo centro,si no en todos los conflictivos y también una coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para que haya una respuesta inmediata cuando se origine una situación de peligro. Csi-f Sanidad Sevilla tiene preparado un proyecto de respuesta de coordinación entre el SAS y la Policía «por si Administración no sabe cómo resolver el problema, aunque siempre le hemos ofrecido nuestras propuestas». Añade González Alonso que «se ha ha pasado de las agresiones verbales a la violencia física y todo ello se debe a la falta de seguridad por los recortes sanitarios». El sindicato ha organizado una concentración de protesta el próximo jueves día 5 a las doce del mediodía en la puerta del centro de salud de El Greco en la que reclamarán vigilancia y seguridad en el puesto de trabajo.

 

FUENTE: abcdesevilla.es AQUÍ

UGT: corrupción de la A a la Z

Indicios de desvío de fondos, uso de ayudas públicas para actividades propias de la organización, pagos en negro y facturas infladas de comidas, asistencias a manifestaciones y material de oficina...y un largo etcétera. Que UGT está contra las cuerdas es evidente. No es sólo Andalucía. También se han detectado irregularidades en Cataluña y Madrid. De momento, sólo una dimisión, la de Francisco Fernández, como cortafuegos de una oleada de informaciones que tumbarían a cualquiera. Éste es el resumen de los últimos escándalos:

Audiencia Nacional. La supuesta financiación irregular del sindicato a través de los cursos de formación se investiga en la Audiencia Nacional a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Se acusa a la central de presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y delito contra la Hacienda Pública por manipular los concursos «para quedarse con las ayudas» y de servirse de «empresas amigas» para que presentasen ofertas más altas para beneficiar al Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES).

B Pagos en «B». Un ex alto cargo de UGT en Cataluña ha denunciado que los dirigentes de la Federación de Servicios de UGT en la comunidad autónoma le ofrecieron en 2012 pagarle en dinero negro por cada delegado sindical que consiguiera para UGT en empresas donde no hubiera representación sindical o su sindicato no estuviera representado. «Los pagos en dinero negro eran vox populi en UGT», afirma este ex dirigente.

Cándido Méndez. Afiliado a UGT y al PSOE desde los 18 años. Es secretario general del sindicato desde hace 19 años, pero vive sus peores momentos al frente del sindicato. «Claro que esta situación me afecta como máximo responsable de UGT», dijo esta semana. ¿Hasta el punto de dimitir?

Dimisión. Es la palabra de moda en los pasillos de las federaciones ugetistas. Se ha hablado de la de Cándido Méndez, pero de momento la única materializada es la de Francisco Fernández, secretario general de UGT-A, apenas siete meses después de llegar al cargo y tras haber intentado minimizar el escándalo desde el principio. Dijo marcharse «orgulloso» por el trabajo realizado y negando que le hayan «animado» a dejar su puesto.

ERE. La jueza Mercedes Alaya fue la primera en investigar la actuación de los sindicatos en el «caso de los ERE». Y acabó por demostrar que los sindicatos UGT y CC OO elegían a las mediadoras y fijaban los porcentajes con la Administración. La jueza les acusa de financiarse irregularmente durante una década.

Facturas falsas. Es el escándalo más sonado, al margen de posible financiación irregular o desvío de fondos de subvenciones. Existen Facturas infladas de UGT-A para 700 maletas falsas o para 1.000 bolígrafos de Francis Montesinos. Y no sólo en Andalucía. Al Ayuntamiento de Alcorcón también se cargaron cartuchos de tinta y diverso material de oficina.

Gestión. El sistema utilizado durante décadas para financiarse está en entredicho. Se han destapado facturas falsas, sobrecomisiones y hasta pagos en negro que demuestran lo irregular del método empleado.

Huelga general. Los preparativos de la jornada de paro del 29 de septiembre de 2010 corrieron a cargo de la Junta. Y es que la Consejería de Empleo acabó pagando 3.000 euros para una reunión informativa previa a la huelga general contra José Luis Rodríguez Zapatero.

Irregularidades. Las detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo en los ERE primero, y en la financiación del sindicato después. Por este motivo está contra las cuerdas y siendo investigado en sede judicial.

Junta. Ha pasado de ser la posible cooperadora en los ERE, a reclamar al sindicato 1,8 millones de euros por el presunto desvío de 17 subvenciones concedidas en 2009 en las que ha hallado indicios de irregularidad.

K «Kilos» de euros, los que gestionan los sindicatos sin que tengan que rendir cuentas por ello. Y lo que es peor, la lluvia de millones que llegaron a obtener de las mediadoras. Según ha cifrado la jueza Alaya consiguieron 7,6 millones en sobrecomisiones.

Lanzas, Juan. El «conseguidor» de los ERE es la viva imagen de la corrupción del sindicato. Ex secretario de Organización de UGT en Andalucía, llegó a amasar 13 millones y 16 inmuebles. Alaya le imputa la creación de un auténtico entramado de sociedades pantalla y una red de testaferros.

Mariscos. UGT-A tuvo que devolver los 12.000 euros que facturó a la Junta en la Feria de Sevilla. Y es que no fueron pocas las ocasiones en que las reuniones de órganos directivos acababan en restaurantes de lujo. Se cargaron dietas, comidas, «jamón de bodega», entre otras cosas, a los Presupuestos de la Junta.

Nóminas. Hasta ahora el dinero no parecía un problema. Pero han sido saltar a la luz varios escándalos y acumularse los problemas. UGT-A tendrá que debatir nuevas medidas de ajuste porque no tiene liquidez para «hacer frente a los sueldos de 2014» tras la anulación del ERTE por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Opacidad. La central sindical de Méndez está instalada en la opacidad. No publica los sueldos de sus dirigentes y ni siquiera sus cuentas. Las últimas disponibles son de 2004. Pero, además, se desconoce dónde van a parar las numerosas subvenciones que reciben del Gobierno y las comunidades autónomas.

Pedraz, Santiago. El magistrado de la Audiencia Nacional ha ordenado la apertura de diligencias previas para investigar la presunta financiación irregular de UGT. El juez sostiene que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

Quiebra. La situación financiera actual del sindicato es mala. A nivel regional, Andalucía tiene problemas para pagar sueldos. Pero no mucho mejor están el resto de federaciones después del recorte de subvenciones por parte del Gobierno.

Reptiles, Fondo de. El canciller Otto von Bismarck invertía dinero incautado en propaganda para acallar a los «reptiles» que difundían críticas contra él. Según Francisco Javier Guerrero, la Junta gestionaba los ERE como «un fondo de reptiles para crisis».

Subvenciones. Uno de los pilares fundamentales de la financiación del sindicato son las subvenciones. Pese al recorte del Gobierno, UGT sigue contando con las comunidades autónomas para que le den las famosas ayudas a la formación, ahora también bajo sospecha.

Tesorero. Antonio Retamino, tesorero de UGT, también ha sido denunciado por el sindicato Manos Limpias. Se acusa al sindicato de «inflar facturas fraudulentamente con el material didáctico para cursos hasta en un 333%».

UGT. El sindicato que dirige Cándido Méndez nunca se ha visto en una parecida. Su labor como representante de los trabajadores hace tiempo que ha pasado a un segundo plano tras los escándalos de corrupción que salpican a la central sindical.

Zulo. La Guardia Civil rastreó con georradar una finca de Juan Lanzas, en busca de un agujero en el que podría haber 2,7 millones de euros. En su casa ya encontraron 82.000 euros.

 

Fuente:  http://www.larazon.es

Serramar acaba el año como lo inició, con retraso en el pago de las nóminas

La mayoría de la plantilla aún no ha cobrado octubre. La empresa lo achaca a deudas del Imserso.
Los trabajadores de Serramar van camino de cerrar 2013 de la misma manera que lo empezaron, con retrasos en el pago de las nóminas. La mayoría de la plantilla de 60 trabajadores que la empresa de vigilancia tiene en Melilla aún no ha cobrado la nómina de octubre, incluso hay empleados a los que se les adeuda parte de la paga de septiembre, según informaron ayer a El Faro fuentes sindicales.
Hay que recordar que los atrasos en el abono de los sueldos a los trabajadores de Serramar comenzaron con la paga extra de las Navidades de 2012, que no se ingresó a los trabajadores hasta primeros de enero de este año.
En aquel momento desde la empresa explicaron a los vigilantes de la ciudad que se trataba de una demora puntual, pero en primavera fue a peor. Por esa fecha, los empleados acumularon retrasos de hasta dos nóminas. Fue entonces cuando Serramar prometió que a más tardar en julio normalizaría los pagos.
Eso tampoco ocurrió. En septiembre se inició el camino de la normalización de los cobros, después de que los trabajadores de la ciudad organizaran protestas frente a la Delegación del Gobierno. Además la Dirección del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, donde trabaja más de la mitad de la plantilla (32 vigilantes), reclamó a Serramar los pagos puntuales ya que el CETI estaba abonando sus facturas con puntualidad.
En la normalización de los pagos también influyeron las denuncias que los trabajadores de Melilla pusieron a la empresa ante la Inspección de Trabajo. De hecho Serramar tuvo que rendir cuentas ante el mismo órgano en Madrid.

Retrasos del CETI
En esta ocasión Serramar ha trasladado a sus trabajadores, a través de un encargado de la empresa en la ciudad, que el retraso en el pago de los sueldos de octubre (y puede que noviembre) se debe a que el CETI aún no ha ingresado una factura que la compañía espera cobrar antes del próximo martes.
Serramar apunta además que está a la espera de que el Imserso les abone una deuda de 100.000 euros y aclara que lo correcto es pagar a todos los trabajadores de la compañía desde la caja central, independientemente de que los clientes de Melilla paguen sus facturas y que los de la península no.
“Ahora mismo estamos regular. Tenemos otra vez atrasos. Hay gente que lleva dos meses y hasta dos meses y medio sin cobrar. No nos han dado ninguna explicación directa”, señalan fuentes sindicales.
Diciembre de 2012
Serramar retrasa a enero el abono de la paga extra
Los trabajadores de Serramar recuerdan que en diciembre pasado registraron el primero de los retrasos en el pago de las nóminas que han sufrido durante todo el año. La empresa no les ingresó la paga extra de Navidad hasta el 5 de enero de este año.
Marzo de 2013
La paga de beneficios, con 22 días de retraso
Los trabajadores de Serramar debieron cobrar la paga de beneficios anuales el 15 de marzo y la empresa se las ingresó con 22 días de retraso.
Abril de 2013
Atrasos de 20 días en el pago de las nóminas
Los vigilantes del CETI fueron los primeros en denunciar que estaban cobrando las nóminas con 20 días de retraso, pese a que la empresa acababa de renovar el contrato del CETI. Serramar, por su parte, les dio como argumento una deuda de 400.000 euros que mantenía la Administración central con la compañía.
mayo de 2013
Serramar se compromete a pagar antes del día 15
La empresa se compromete con los trabajadores a ponerse al día con todos los pagos antes del 15 de mayo y les explica que priorizará el pago de las cuotas de la Seguridad Social para poder seguir optando a contratos públicos.
septiembre de 2013
Cita con Inspección de Trabajo en Melilla
Serramar debía a los vigilantes de Melilla a finales de septiembre parte de la nómina de julio y todo el sueldo de agosto. A primeros de octubre, la compañía tuvo una cita con la Inspección de Trabajo y se puso al día con los pagos. Ahora les debe octubre y noviembre.
Fuente:  http://www.elfarodigital.es

El coste anual del servicio de vigilancia prestado por la Guardia Civil en los juzgados asciende a 1,2 millones

Esta tarea es realizada por 119 agentes en toda la provincia, aparte de 38 trabajadores de empresas de seguridad privada

 

El coste anual del servicio de vigilancia prestado por la Guardia Civil en los edificios judiciales de la provincia de Málaga asciende a 1.244.500 euros. Una tarea que realizan un total de 119 efectivos del instituto armado, aparte de 38 trabajadores pertenecientes a empresas de seguridad privada. Ampliar foto Así se desprende de una respuesta de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía a la parlamentaria autonómica de IU Dolores Quintana, a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que se especifica también que, para el ejercicio 2014, el departamento dirigido por Emilio de Llera tiene previsto continuar prestando los servicios de vigilancia de las sedes judiciales de la provincia de Málaga a través de agentes de la Guardia Civil —mediante la correspondiente adenda al convenio del año 2010— y del contrato de seguridad privada.

En la respuesta parlamentaria se recuerda que en 2001 se firmó el primer convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la entonces Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en materia de protección y seguridad de los edificios judiciales de la Comunidad Autónoma. Desde entonces, la vigilancia y seguridad de las sedes judiciales de Málaga, al igual que en el resto de Andalucía, ha venido realizándose por guardias civiles en situación de reserva, y, en aquellas poblaciones en las que no existían efectivos suficientes, mediante contratos de seguridad privada.

Este convenio fue objeto de sucesivas prórrogas mediante adendas anuales hasta el año 2010, en el que, con fecha 1 de diciembre, se firmó un nuevo acuerdo que se mantiene en la actualidad, según la respuesta del consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. En el convenio de 2001 se preveía para la vigilancia de las sedes judiciales de la provincia de Málaga un número máximo de 132 efectivos de la Guardia Civil y en el de 2010 la cifra se redujo a 127. No obstante, el total de agentes se ajusta anualmente mediante la correspondiente adenda.

FUENTE: 20minutos.es AQUÍ